Orden, ley y autoridad: La batalla que El Salvador decidió ganar y que debemos aprender

El Salvador: cuando el Estado perdió el control

Para comprender la magnitud del cambio vivido por El Salvador en materia de seguridad, es imprescindible partir de la situación previa. Durante décadas, el país fue el ejemplo más extremo de cómo un Estado puede ceder soberanía territorial y social frente al crimen organizado. Las pandillas no eran un fenómeno marginal: eran estructuras con control efectivo sobre barrios enteros, rutas de transporte, economías locales y, lo peor de todo, sobre la vida y la muerte de los ciudadanos.

Las maras funcionaban como poderes paralelos. Decidían quién podía abrir un negocio, quién podía circular por determinadas zonas, quién debía pagar extorsión, quién podía estudiar, trabajar o simplemente vivir. La extorsión sistemática a comerciantes, transportistas y familias no solo generaba miedo: destruía cualquier posibilidad de desarrollo económico formal. Miles de pequeños negocios cerraron; otros sobrevivían pagando una “renta” que convertía al crimen en el verdadero recaudador de impuestos del país.

El problema no era únicamente la violencia visible —los homicidios— sino la normalización del terror. La población se acostumbró a vivir bajo reglas no escritas impuestas por delincuentes armados. La Policía y el sistema judicial, debilitados por años de corrupción, falta de recursos y decisiones políticas erráticas, eran percibidos como incapaces o directamente ausentes. En muchas zonas, denunciar era más peligroso que callar.

Los gobiernos anteriores al vigente ensayaron políticas de “mano dura” y “súper mano dura”, pero estas carecieron de coherencia estratégica. Fueron respuestas reactivas, mal coordinadas y, en ocasiones, contradictorias, incluyendo treguas opacas con pandillas que fortalecieron a las estructuras criminales en lugar de debilitarlas. El mensaje implícito era devastador: el Estado negociaba porque no podía imponer la ley.

Este contexto explica por qué, cuando Nayib Bukele llega al poder en 2019, la sociedad salvadoreña estaba dispuesta a aceptar un cambio radical, incluso uno que implicara medidas extraordinarias. No se trataba de un simple problema de delincuencia: era una crisis de soberanía, de autoridad estatal y de supervivencia colectiva.

El giro de 180 grados: control territorial, fuerza y decisión política

El punto de inflexión no fue únicamente una nueva estrategia de seguridad, sino una decisión política clara y sostenida: recuperar el control total del territorio, cueste lo que cueste, y sin ambigüedades. Aquí radica una de las claves fundamentales del caso salvadoreño: la ruptura con la lógica defensiva y fragmentada del pasado.

El Plan Control Territorial no nació como una operación policial aislada, sino como una doctrina de Estado. Su premisa básica fue simple pero contundente: donde manda una pandilla, el Estado no existe; por tanto, la prioridad absoluta debía ser desalojar al crimen de cada espacio físico y simbólico.

A diferencia de las políticas anteriores, este plan combinó varios elementos decisivos:

• Primero, presencia permanente y masiva de fuerzas de seguridad. No patrullajes esporádicos, sino ocupación sostenida y asentamiento en las zonas históricamente dominadas por pandillas. El mensaje fue inequívoco: el territorio ya no era negociable. Esto rompió la lógica de “entrar y salir” que permitía a las maras reagruparse una vez se retiraban las fuerzas del orden.
• Segundo, coordinación real entre Policía y Fuerzas Armadas. El uso del ejército en tareas de seguridad interna, aunque polémico, permitió una capacidad de despliegue y control que la policía por sí sola no tenía. Esta coordinación fue jerárquica, centralizada y con objetivos claros, evitando la dispersión operativa que había caracterizado etapas anteriores.
• Tercero, inteligencia criminal y golpe a las estructuras, no solo a los ejecutores de bajo nivel. La estrategia se enfocó en identificar liderazgos, redes logísticas, comunicaciones y financiamiento. El objetivo no era simplemente detener, sino desarticular.

El punto decisivo llegó en 2022 con la instauración del régimen de excepción, tras un repunte violento que el gobierno interpretó como una declaración de guerra abierta contra el Estado por parte de las pandillas. Esta medida marcó un antes y un después. Al suspender garantías como la exigencia de órdenes judiciales inmediatas y ampliar los plazos de detención, el Estado eliminó los márgenes legales que las estructuras criminales habían aprendido a explotar durante años.

Desde un punto de vista estrictamente operativo, el régimen de excepción permitió detenciones masivas y rápidas, colapsando la capacidad de reacción de las pandillas. Miles de miembros, colaboradores y enlaces fueron encarcelados en un corto periodo de tiempo, rompiendo cadenas de mando y comunicación. Las cárceles dejaron de ser centros de operación criminal para convertirse en espacios de aislamiento real, algo que no había ocurrido históricamente.

El impacto fue inmediato y profundo. Al desaparecer el control territorial de las maras, la violencia cayó en picado. Pero más importante aún: la vida cotidiana comenzó a transformarse. Barrios antes vedados se abrieron. Comercios reanudaron actividades. El transporte público dejó de pagar extorsiones de forma sistemática. Por primera vez en décadas, amplios sectores de la población experimentaron la presencia efectiva del Estado.

Este giro no fue únicamente técnico, sino psicológico y simbólico. El mensaje fue claro tanto para ciudadanos como para criminales: el Estado había decidido volver a mandar. Esa percepción, en contextos de violencia estructural, es tan importante como las cifras. Sin embargo, este cambio también se sustentó en una concentración extrema de poder, en una narrativa de legitimación basada en resultados inmediatos y en una aceptación social del sacrificio de garantías a cambio de seguridad. Aquí reside la tensión central del modelo salvadoreño: su enorme eficacia a corto plazo frente a los riesgos que plantea para el equilibrio institucional y el estado de derecho.

Resultados, controversia y una premisa incómoda: cuando los derechos humanos ya habían sido abolidos por el crimen

El debate en torno al modelo salvadoreño suele centrarse, casi de forma automática, en una pregunta recurrente: ¿se han vulnerado derechos humanos? Sin embargo, esta pregunta parte de una premisa incompleta —cuando no directamente cínica y errónea de muchos Organismos e Instituciones Internacionales— porque ignora el contexto real previo. En El Salvador, durante años, los derechos humanos de la ciudadanía ya habían sido abolidos de facto, no por el Estado, sino por las maras.

Antes del giro de seguridad, no existía derecho a la vida, a la libre circulación, al trabajo, a la educación ni a la propiedad en amplias zonas del país. Esos derechos habían sido secuestrados por estructuras criminales que imponían su ley mediante el terror. El comerciante extorsionado, el joven reclutado a la fuerza, la familia desplazada internamente, el transportista asesinado por no pagar renta: todos ellos eran víctimas de una violación sistemática, cotidiana y masiva de derechos humanos, ante la inacción o impotencia del Estado.

Desde esta perspectiva, el modelo salvadoreño introduce una regla del juego incómoda para el discurso internacional tradicional y equivocadamente garantista, pero absolutamente central para entender su legitimidad social; quien niega los derechos humanos de los demás de forma estructural y organizada no puede reclamar la plena protección de los mismos mientras continúa representando una amenaza activa para la sociedad.

Esto no es una negación abstracta de los derechos humanos; es una jerarquización de derechos en un contexto de emergencia nacional.

• Seguridad como derecho humano primario

El primer resultado tangible del nuevo modelo fue la recuperación de un derecho básico que había desaparecido: el derecho a vivir sin miedo. La caída abrupta de los homicidios no es solo una estadística; es la restitución del derecho fundamental a la vida para miles de personas que antes vivían bajo amenaza constante.

Aquí es donde el enfoque salvadoreño rompe con una visión idealizada y, en muchos casos, desconectada de la realidad latinoamericana; sin seguridad no existen derechos humanos reales, solo declaraciones formales.

La libertad de circulación, de asociación o de expresión no significa nada cuando una pandilla decide quién puede cruzar una calle o subir a un autobús. El Estado salvadoreño, al imponer el control territorial, no creó un nuevo orden autoritario, sino que desplazó a uno criminal que ya existía.

• El régimen de excepción: suspensión de garantías, no de la prioridad ciudadana

El régimen de excepción ha sido el punto más criticado del proceso. Y, sin embargo, es también el más revelador. No se trató de una herramienta diseñada para castigar indiscriminadamente, sino de un instrumento de guerra jurídica contra estructuras que habían aprendido a usar el propio sistema legal como escudo.

Durante años, las maras explotaron vacíos legales, garantismo selectivo, corrupción judicial y lentitud procesal para mantenerse operativas. En ese contexto, seguir aplicando las reglas normales era condenar al Estado a la derrota permanente.

La suspensión temporal de ciertos derechos —como la exigencia inmediata de orden judicial o la ampliación de plazos de detención— respondió a una lógica clara; neutralizar rápidamente a quienes representaban una amenaza directa y organizada contra la población.

Esto implica aceptar una verdad políticamente incómoda pero socialmente evidente; no todos los derechos pueden tener el mismo peso cuando uno de ellos —el derecho a la vida y a la seguridad del pueblo— está siendo anulado sistemáticamente.

• ¿Mano dura o restitución del orden?

Reducir el caso salvadoreño a “mano dura” es una simplificación interesada y claramente errónea de muchos Organismos, Estamentos y Países. La diferencia clave está en el resultado estructural: las maras no solo dejaron de matar; dejaron de mandar.

Los barrios recuperados no volvieron a caer en la violencia una vez asentadas las fuerzas de seguridad, porque el mensaje fue irreversible: el control criminal no volvería a ser tolerado. La población dejó de vivir entre dos leyes —la formal y la pandilleril— y volvió a reconocer una sola autoridad.

En este punto emerge una idea central del modelo; el Estado no puede ser neutral entre la ciudadanía y quienes la someten por la fuerza. La neutralidad, en contextos de violencia estructural, es complicidad pasiva.

• Críticas legítimas, pero jerarquía clara

Esto no significa negar abusos, errores o excesos. Todo ejercicio de poder concentrado conlleva riesgos. Pero el debate honesto exige reconocer que la alternativa no era un paraíso de derechos, sino la continuidad de un infierno cotidiano para millones de salvadoreños.

La pregunta clave no es si se limitaron derechos a delincuentes organizados, sino; ¿qué derechos tenía realmente y se inculcaron al ciudadano común antes de estas medidas?

La respuesta explica por qué el respaldo popular sigue siendo alto: porque por primera vez en décadas, el pueblo fue colocado por encima del criminal, no en igualdad moral con él.

• Siempre primero el pueblo

El principio que subyace a todo el modelo salvadoreño es tan simple como radical en el contexto latinoamericano; el Estado existe para proteger a la mayoría honesta, no para garantizar impunidad a minorías violentas organizadas.

Los derechos humanos no pueden convertirse en un escudo asimétrico que proteja solo al victimario, mientras la víctima queda abandonada. Cuando eso ocurre, el sistema deja de ser garantista y se convierte en injusto.

El Salvador decidió romper esa lógica. Decidió que dos derechos debían ser cercenados a quienes habían cercenado todos a los demás ciudadanos: el derecho a dominar por el terror y el derecho a operar con impunidad. Esa decisión explica, más que cualquier cifra, el éxito del modelo.

De la excepcionalidad a la institucionalización: cómo evitar el retroceso

El mayor desafío del modelo salvadoreño no es haber recuperado la seguridad, sino cómo convertir ese logro extraordinario en un orden permanente sin volver al pasado. La historia latinoamericana está llena de ejemplos donde el éxito inicial contra el crimen se diluyó por falta de institucionalización, por corrupción interna o por presiones políticas externas que forzaron retrocesos prematuros y de esto es buen conocedor el presidente Bukele.

Institucionalizar este enfoque implica pasar de la lógica de emergencia a una arquitectura de Estado sólida, sin renunciar al principio rector que lo hizo posible: la primacía de la ciudadanía honesta sobre el delincuente organizado.

Esto requiere varios pilares fundamentales:

• Primero, depuración y profesionalización permanente de las fuerzas de seguridad. El control territorial no puede depender indefinidamente del despliegue masivo, sino de cuerpos policiales y penitenciarios altamente profesionalizados, con inteligencia avanzada, carrera meritocrática y controles internos severos. La tolerancia cero debe aplicarse también dentro del Estado: un solo agente corrupto puede reabrir grietas por donde el crimen vuelve a infiltrarse.
• Segundo, un sistema judicial alineado con la realidad criminal. No se trata de debilitar la justicia, sino de fortalecerla frente a organizaciones que durante años la burlaron. Jueces, fiscales y defensores deben operar bajo reglas claras, con procesos ágiles y especializados en crimen organizado. El garantismo ingenuo, desconectado del contexto, es tan dañino como el abuso de poder.
• Tercero, régimen penitenciario irreversible. Las cárceles no pueden volver a ser centros de mando criminal. El aislamiento de líderes, el control absoluto de comunicaciones y la clasificación rigurosa de internos deben quedar institucionalizados. Ceder aquí sería regalarle al crimen su principal plataforma de reconstrucción.

Institucionalizar no significa suavizar: significa hacer permanente lo que funciona, con reglas claras, control estatal y límites definidos, pero sin nostalgia por un pasado fallido.

La batalla pendiente: corrupción, blanqueo y Estado capturado

Si la guerra contra las maras fue la recuperación del territorio físico, la guerra pendiente es la del territorio institucional. Ningún modelo de seguridad sobrevive si el dinero ilícito y la corrupción siguen fluyendo.

La corrupción es el verdadero aliado estratégico del crimen organizado. Sin policías comprados, jueces presionados, aduaneros sobornados o políticos cómplices, las estructuras criminales no prosperan. El Salvador ha avanzado en seguridad, pero debe profundizar sin concesiones en la limpieza interna del Estado.

Esto implica:

• Auditorías patrimoniales reales y públicas para funcionarios clave.
• Fiscalías anticorrupción con autonomía efectiva, no simbólica.
• Protección real a denunciantes, no solo legal sino operativa.

En materia de blanqueo de capitales, el desafío es igual de crítico. El crimen no desaparece: se transforma. Si no puede controlar barrios, buscará controlar contratos, licitaciones, comercio exterior y sistemas financieros.

Aquí, la gestión fiscal y aduanera es estratégica. Las aduanas son, históricamente, uno de los puntos más vulnerables del Estado latinoamericano. Digitalización total, trazabilidad de mercancías, rotación de personal, cooperación internacional y castigos ejemplares deben ser norma, no excepción.

No habrá tolerancia cero real mientras el dinero ilegal pueda convertirse en legal sin consecuencias.

Reflexión comparativa: una lección incómoda para la región y el mundo

El caso salvadoreño incomoda porque rompe una narrativa cómoda para ciertos sectores internacionales: la de condenar la firmeza estatal mientras se ignora la violencia cotidiana sufrida por millones de ciudadanos.

Durante años, América Latina ha sido y sigue siendo laboratorio de un cinismo perverso; se exigía al Estado respetar escrupulosamente los derechos humanos mientras el crimen los violaba todos, todos los días, sin consecuencias. Ese enfoque no es humanista; fue irresponsable.

El Salvador está demostrando algo que muchos gobiernos sabían pero no se atrevían a decir; no puede haber simetría moral entre el ciudadano y quien lo somete por el terror.

La región debe aprender que la seguridad no es autoritaria por definición; la ausencia de seguridad sí lo es, porque somete a la población al poder del más violento. Un Estado débil no es más humano: es más cruel.

Para el mundo, la lección es aún más amplia. Las democracias no se defienden solas. Si el Estado renuncia a ejercer autoridad legítima y es permisivo a las ilegalidades, otros ejercerán su poderío sin legitimidad alguna. Y entonces, hablar de derechos humanos se convierte en una abstracción vacía.

En definitiva, el verdadero debate no es seguridad versus derechos humanos. El verdadero debate es a quién se le reconocen primero esos derechos. El modelo salvadoreño eligió una respuesta clara: primero el pueblo, luego el resto. Eligió devolver a la mayoría lo que una minoría violenta le había arrebatado. Esa decisión explica su éxito, su apoyo social y su impacto regional.

Quienes solo ven derechos humanos en los delincuentes, pero no en la madre extorsionada, el joven reclutado, el comerciante asesinado o el barrio secuestrado, no defienden los derechos humanos: los vacían de contenido con su cínica complicidad y permisividad.

El Salvador no es un modelo perfecto. Ninguno lo es. Pero es un recordatorio brutal y necesario de que sin orden no hay justicia, y sin seguridad no hay libertad. Y esa es una lección que América Latina —y el mundo— ya no pueden seguir ignorando.

Vicente Reig Basset es Coronel de la Guardia Civil (Retirado), DSE. Fue Jefe de la Comandancias de Huesca y Las Palmas de Gran Canaria, Director de Seguridad de Mapfre en México, Jefe de los POMLT en Afganistán y Director Proyecto de la UE de Lucha al Narcotráfico en Bolivia.