Los líderes de la Unión Europea (UE) alcanzaron este jueves un acuerdo crucial para proporcionar 90.000 millones de euros en ayuda financiera a Ucrania durante 2026 y 2027, con el objetivo de sostener tanto las necesidades militares como presupuestarias del país frente a la invasión rusa. Esta cifra, equivalente a unos 105.000 millones de dólares, se enmarca dentro de un esfuerzo concertado de la UE para garantizar que Ucrania no se quede sin recursos antes de mediados de 2026, cuando se calcula que su financiación estatal y militar puede colapsar sin apoyo externo.
Este paquete de ayuda se aprobó después de intensos debates internos entre los Estados miembros sobre cómo financiarlo, en particular sobre si usar activos rusos congelados o recurrir a préstamos garantizados por el presupuesto europeo.
El dilema de los activos rusos congelados
Desde hace años, la UE mantiene 210.000 millones de euros en activos del Banco Central de Rusia congelados en suelo europeo, principalmente en Bélgica. La Comisión Europea y varios líderes clave propusieron utilizar esos activos para respaldar directamente préstamos a Ucrania o incluso proporcionar financiamiento mediante ingresos derivados de ellos. Esto habría supuesto, según defensores de la medida, trasladar el coste de la guerra al propio agresor.
Sin embargo, esta idea encontró resistencia significativa en Bélgica, que se opuso, citando riesgos legales y financieros y la posibilidad de litigios que le obligasen a responder con su propio patrimonio. Otros Estados miembros se mostraron cautos ante la posibilidad de que Moscú emprenda acciones legales o incluso medidas de represalia.
Al final, la UE decidió no emplear estos activos directamente para financiar el préstamo ahora, optando por emitir deuda conjunta en los mercados de capitales respaldada por el presupuesto de la UE. Esto permite avanzar con la ayuda urgente sin desatar un enfrentamiento jurídico que podría debilitar la cohesión europea.
La lógica estratégica de Bruselas
Para los dirigentes europeos, sostener la financiación de Ucrania no es solo una cuestión humanitaria o de solidaridad, sino una decisión estratégica de seguridad: la continuación del conflicto sin apoyo financiero podría permitir a Rusia consolidar posiciones o presionar a Kiev en negociaciones futuras. La UE ha defendido que esta ayuda es un mensaje claro para Moscú de que su esfuerzo bélico no debilitará la resistencia ucraniana ni la unidad occidental.
Además, la UE ha adoptado una postura más coercitiva hacia Rusia más allá de la financiación, extendiendo sanciones económicas sin precedentes, endureciendo medidas restrictivas y utilizando instrumentos excepcionales para congelar activos rusos indefinidamente.
La reacción de Vladimir Putin y Moscú
Desde Moscú, la respuesta a la decisión europea ha sido intensa y multifacética. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha tratado de desacreditar la iniciativa europea en varias líneas de argumentación. En primer lugar, denuncia de “robo” de activos rusos, como lo llama. Moscú calificó la propuesta de usar activos congelados como un acto de “robo” y una violación del derecho internacional. El Banco Central ruso presentó demandas legales contra Euroclear, la entidad que custodia los activos congelados, alegando daños por la congelación y el intento de utilizarlos para financiar la guerra.
Putin y otros portavoces autorizados del Kremlin han buscado presentar a la UE como beligerante, acusándola de avivar el conflicto y de socavar la estabilidad económica en Europa. En eventos públicos, el presidente ruso ha repetido tesis que minimizan la posición de Ucrania y acusan a Occidente de provocar tensiones.
Más allá de las acciones legales, Rusia ha advertido que tomará medidas enérgicas contra países europeos implicados en el uso de activos congelados. Dicha amenaza persigue crear divisiones internas en la UE y disuadir futuros esfuerzos coordinados.
La decisión europea y la respuesta de Putin reflejan un momento de alta tensión geopolítica. Por un lado, la UE demuestra una voluntad de consolidar su papel como un actor global capaz de sostener una guerra prolongada en su frontera oriental, incluso ante la disminución del apoyo estadounidense en algunos sectores políticos.
Por otro lado, la oposición interna dentro del propio bloque —como la de Bélgica, Hungría o la República Checa— pone de manifiesto las dificultades políticas para articular políticas externas unificadas cuando se trata de cuestiones de soberanía financiera o de riesgos jurídicos.
Para Moscú, la actual respuesta no solo busca debilitar la voluntad europea, sino posicionar a Rusia como una potencia capaz de desafiar las sanciones occidentales y de buscar aliados donde pueda. La combinación de acciones legales, lenguaje político agresivo y esfuerzos diplomáticos para fracturar el frente occidental es parte de una estrategia de resistencia a largo plazo.
