La guerra iniciada por Rusia contra Ucrania ha tensado y redefinido el mapa político europeo y, dentro de España, ha puesto bajo lupa a los diferentes espacios de la izquierda. En términos generales se pueden trazar tres grandes líneas: el apoyo oficial del Gobierno español y de la socialdemocracia a la defensa de la integridad territorial ucraniana, sanciones contra Moscú y ayudas a Kiev; la crítica de amplios sectores de la izquierda anticapitalista y pacifista a la militarización de la respuesta occidental, con demandas de negociación, embargo de armas y freno al rearme; y posturas intermedias —incluyendo a formaciones emergentes— que combinan condena a la invasión y ayuda a Ucrania con reticencias a una carrera armamentística o a la subordinación absoluta a la OTAN.
Estas tres líneas conviven y a veces se solapan en el espacio político de la izquierda española, provocando tensiones internas, acuerdos tácticos y debates públicos intensos. (Contexto general: posicionamiento europeo y gubernamental).
Pedro Sánchez y el PSOE han situado a España en la órbita clara del apoyo a Ucrania: condena a la invasión, respaldo a los paquetes de sanciones europeos y participación en iniciativas de ayuda y seguridad. La Moncloa ha repetido que la prioridad es terminar la guerra garantizando una paz “justa y duradera” para Ucrania, y el Gobierno ha defendido medidas de presión sobre Rusia y envíos de equipamiento dentro de las decisiones multilaterales europeas y de la OTAN.
Ese posicionamiento del PSOE responde tanto a la alineación con las políticas de la UE como a la lógica de la gobernanza internacional: mantener cohesión con aliados occidentales, sostener sanciones económicas y respaldar la asistencia —política, económica y militar— que el Gobierno considera necesaria para que Ucrania negocie desde una posición fuerte. Este papel institucional del PSOE ha sido la referencia que marca el margen de maniobra del resto del Ejecutivo y condiciona el debate público entre las fuerzas de la izquierda.
En el bloque de la izquierda transformadora, representado por Unidas Podemos (Podemos, sus confluencias) e Izquierda Unida (IU), aparece con fuerza una crítica sostenida a lo que denominan “régimen de rearme” y a la escalada militarización de Europa.
Desde el inicio del conflicto hubo una división notoria: algunas voces del espacio mostraron desde 2022 reticencia hacia el envío indiscriminado de armas e insistieron en priorizar la vía diplomática y humanitaria; otras figuras, más pragmáticas, defendieron el derecho de Ucrania a defenderse y aceptaron apoyos que tensionaron el discurso tradicional del pacifismo.
En los últimos años Podemos ha articulado un discurso que combina condena a la agresión rusa con advertencias sobre los riesgos de una carrera armamentística y apelaciones a negociar y priorizar vías diplomáticas y humanitarias. Esa ambivalencia, apoyar a Ucrania en términos humanitarios y políticos, pero oponerse al aumento exponencial del gasto militar, ha generado choques puntuales con el PSOE dentro de la coalición.
Izquierda Unida ha sido más explícita en su rechazo al rearme y en la convocatoria de iniciativas por la paz: su discurso público se ha centrado en pedir el cese de la escalada militar, limita la aceptación de envíos de armas y exige a la UE medidas que eviten una mayor militarización del continente. IU ha organizado y respaldado foros y conferencias “por la paz y contra el rearme”, posicionándose en la veta pacifista que exige priorizar la diplomacia y las sanciones económicas selectivas frente a la lógica de aumentar recursos militares. Este eje ha servido, además, para presionar al Gobierno cuando se han planteado aumentos de gasto en defensa.
El espacio político de Sumar y la figura de Yolanda Díaz ocupan una posición intermedia y algo ambivalente: por un lado Sumar y Díaz han declarado en múltiples ocasiones su “apoyo completo” a Ucrania y han respaldado la condena a la invasión; por el otro, han mostrado reticencias ante una lógica de rearme incondicional y han reclamado una postura estratégica europea “autónoma” en defensa, no subordinada a decisiones exteriores, así como transparencia sobre el tipo de apoyo militar que se envía.
Esa ambigüedad se traduce en mensajes que intentan conjugar solidaridad —humanitaria y diplomática— con prudencia frente a medidas de militarización que, según estas voces, pueden alimentar tensiones geopolíticas y recortes sociales si se priorizan sobre otras políticas públicas. En la práctica, Sumar ha pedido detalles y condiciones antes de valorar algunos paquetes de apoyo militar anunciados por el Gobierno.
Más País y otras fuerzas verdes/progresistas han tendido a un discurso que combina condena a la invasión y respaldo a sanciones con llamadas a intensificar la ayuda humanitaria y a procurar canales diplomáticos. Estas formaciones suelen enfatizar que la ayuda a Ucrania debe entenderse en términos de defensa de derechos y del derecho internacional, pero al mismo tiempo reclaman evitar lógicas de rearme que desvíen recursos públicos de políticas sociales o climáticas. Esa posición pragmática-moderada busca distanciarse tanto del pacifismo absoluto (rechazo total al envío de material) como del belicismo sin matices.
Los partidos nacionalistas de izquierdas en las comunidades históricas, ppor su parte, presentan matices propios: EH Bildu ha condenado la invasión pero, salvo en contadas ocasiones, ha reiterado su rechazo a la militarización y a la subordinación a la OTAN, haciendo un llamamiento por la diplomacia y criticando la que consideran “lógica militarista” de algunas políticas europeas.
EH Bildu combina, por tanto, la condena de la ofensiva rusa con una retórica anti-OTAN y anti-rearme que conecta con su base social y su tradición pacifista. ERC y otras fuerzas independentistas catalanas han mostrado una mezcla que suele apoyar sanciones y la ayuda a Ucrania desde la perspectiva de defensa del derecho internacional, pero también presionan por soluciones diplomáticas y por priorizar la protección de civiles; la intensidad y el foco varían según el partido y el peso institucional en cada momento. En conjunto, los nacionalismos de izquierdas equilibran condena y pacifismo, con énfasis territorial y social en sus discursos.
En lo institucional la convivencia en el Gobierno ha sido una de las preguntas centrales del último ciclo político: el PSOE, ya comprometido con las iniciativas europeas, ha impulsado paquetes de apoyo y respaldado sanciones; sus socios de izquierda han ejercido de freno crítico, exigiendo condiciones, control parlamentario y debates públicos.
Ese tira y afloja se ha traducido en episodios muy visibles, desde amenazas verbales de ruptura hasta acuerdos de mínimos, que exhiben la dificultad de conciliar un Gobierno de coalición en tiempos de guerra: los socios de la izquierda más crítica han utilizado su capacidad de presión para limitar subidas de gasto militar sin debate, y el PSOE ha defendido la necesidad de mantener la cohesión con aliados y el respaldo a Ucrania como pieza central de la política exterior española. El resultado es una coalición donde convergen elementos de respaldo a Ucrania y simultáneamente reclamos por desmilitarizar la respuesta a medio plazo.
En el ámbito ciudadano y sindical la izquierda crítica ha alimentado movilizaciones y campañas contra el “rearme” y por la apertura de canales de negociación. Estas protestas han servido para mantener vivo el debate público y para recordar que, en sectores importantes de la izquierda, la prioridad es proteger a la población civil, impulsar corredores humanitarios y evitar que la guerra legitime incrementos de gasto militar sin control social. Adicionalmente, el debate sobre sanciones económicas y sus efectos colaterales (energía, inflación) ha alimentado discrepancias entre pragmáticos y maximalistas dentro de la izquierda.
En resumen: la “izquierda” en España no es un bloque monolítico respecto a Rusia y la guerra en Ucrania. Hay un núcleo compartido —condena a la agresión, apoyo político y humanitario a Ucrania— pero distintas prioridades: el PSOE subraya sanciones, apoyo multilateral y medidas de presión; Unidas Podemos e IU ponen el acento en la paz, el desarme y el riesgo de una espiral militar; Sumar y algunos partidos verdes intentan articular una vía intermedia de apoyo condicionado y prioridad humanitaria; y los partidos nacionalistas de izquierda insisten en un discurso anti-OTAN y anti-rearme aunque condenen la invasión. Esa diversidad explica por qué el conflicto no solo es un asunto exterior sino que atraviesa el debate territorial, social y económico del país.
En cualquier caso, es importante subrayar dos ideas: las posiciones de los partidos varían con el tiempo y ante iniciativas concretas (paquetes de armas, subida del gasto en defensa, propuestas europeas de seguridad), por lo que los matices son frecuentes y a menudo pragmáticos. Como también el que la tensión entre apoyar a Ucrania y evitar la militarización es una conversación que atraviesa no solo a la izquierda española sino a la izquierda europea; en España esa tensión se hace visible por la propia estructura de coaliciones y por la relevancia social de movimientos pacifistas.
¿Nadie apoya a Rusia en España?
La afirmación más importante para empezar a responder esta pregunta es que ningún partido mayoritario en España ha declarado públicamente un “apoyo oficial” a la invasión rusa de Ucrania como tal; sí existen matices, voces críticas con las sanciones y la militarización occidental, y también hay grupos políticos marginales y colectivos ultras o comunistas que han asumido discursos o narrativas cercanas a la de Moscú.
A nivel europeo, en cambio, hay un conjunto claro, principalmente en la extrema derecha y en ciertos gobiernos liberal/conservadores, que ha mostrado posturas mucho más comprensivas, críticas con las sanciones o directamente alineadas con la narrativa rusa.
Como ya se ha apuntado, en España la mayoría de los grandes partidos (PSOE, PP, Unidas Podemos y Sumar) han condenado la invasión y han apoyado, con diferencias tácticas, sanciones y ayuda a Ucrania; por tanto, el apoyo explícito a Rusia, entendido como avalar la guerra o equipararlo a una política útil, es prácticamente inexistente entre los partidos con representación amplia.
Lo que sí se registra son firmantes en 2022 de manifiestos pidiendo diálogo con Rusia y rechazando intervenciones directas o envío de tropas; organizaciones y grupos marginales (pequeños partidos comunistas, formaciones ultra o agrupaciones identitarias) que han difundido narrativas que minimizan la responsabilidad rusa o culpan a la OTAN/Occidente; y algunos líderes o activistas puntuales que han expresado simpatías por Putin en actos o redes.
Un ejemplo de partido con pronunciamientos complejos pero no de apoyo es Vox, que oficialmente suele condenar la agresión pero también criticar la gestión europea y pedir explicaciones, es decir, más crítica hacia Bruselas que respaldo a Moscú; por tanto no puede categorizarse como “pro-ruso” en sentido estricto.
Dentro del espectro más marginal hay dos tipos de actores que conviene distinguir: grupos de extrema derecha/identitarios que han tenido contactos o simpatías por redes manejadas desde Rusia o por diplomacia cultural rusa, y sectores minoritarios del comunismo/movimiento ultraizquierdista que interpretan el conflicto como un choque entre bloques imperialistas y, por tanto, relativizan la agresión rusa.
Algunos informes han señalado vínculos puntuales entre la embajada rusa y colectivos ultras en España, así como la presencia de neonazis y identitarios que participan en redes europeas afines al Kremlin. En el ámbito comunista, algunas fracciones (muy minoritarias) han publicado comunicados que sostienen la tesis de la “provocación” o el papel de la OTAN en el estallido del conflicto, lo que les acerca discursivamente a Moscú aunque no suponga un “apoyo militar” activo. Ejemplos de comunicados y posicionamientos pueden verse en páginas de partidos comunistas marginales (PCPE, PCPE-variantes) y en análisis de prensa sobre contactos entre ultras y diplomacia rusa.
En Europa, la mayor concentración de simpatías pro-Kremlin está en la extrema derecha y en gobiernos con interés energético o euroescéptico. En Europa existe un grupo de partidos y formaciones políticas que, por distintos motivos (antiamericanismo, euroescepticismo, nostalgias autoritarias, intereses energéticos), han mostrado una actitud comprensiva con Rusia o han criticado las sanciones y los envíos de armas a Ucrania.
Entre los nombres más repetidos por analistas y medios están la Alternative für Deutschland (AfD) en Alemania (MEPs y dirigentes con simpatías hacia Putin), la Rassemblement National (RN) en Francia (vínculos históricos y retórica crítica con las sanciones), la Lega en Italia (sectores próximos a Moscú), y el bloque identitario/ultranacionalista que en el Parlamento Europeo ha dado lugar a grupos y coaliciones críticos con las medidas duras contra Rusia.
Además, partidos como el gobernante Fidesz en Hungría han adoptado una práctica de “bloqueo” o freno ante determinados paquetes de la UE (pedir exenciones energéticas, vetar iniciativas de apoyo), lo que les coloca de facto en una postura más cercana a los intereses rusos o, cuando menos, en una postura de oposición a la línea común europea. Estos patrones han sido documentados por medios y centros de análisis que rastrean votaciones y declaraciones en el Parlamento Europeo y en cumbres bilaterales.
Casos destacables y sus matices
Uno de los casos más relevantes es el de Hungría, donde el primer ministro Viktor Orbán y su partido Fidesz han mostrado una política de distanciamiento respecto a las sanciones más duras, han buscado acuerdos energéticos y han mantenido contactos con Moscú; Budapest ha llegado a bloquear decisiones europeas sobre paquetes de ayuda o fondos vinculados al apoyo a Ucrania, lo que ha generado fuertes tensiones dentro de la UE.
No siempre este comportamiento equivale a una adhesión ideológica a Moscú; muchas veces responde a intereses energéticos, a la política interna de Orbán y a su estilo de geopolitics realpolitik, pero el efecto práctico ha sido el de proporcionar margen de maniobra a Rusia frente a la presión europea.
Tras las elecciones europeas y la reconfiguración de grupos en la Eurocámara, han ganado visibilidad agrupaciones de extrema derecha y nuevos ejes que tienden a cuestionar la narrativa dominante sobre la guerra. Colectivos como los agrupados en la familia ID (Identity and Democracy) o en nuevas coaliciones escépticas han votado a menudo en contra de resoluciones de apoyo incondicional a Ucrania o han pedido «neutralidad» y fin de las sanciones.
Medios europeos y grupos de análisis señalaron en 2024–2025 la existencia de nuevos grupos parlamentarios con integrantes claramente críticos con las sanciones y con la OTAN, y que han promovido discursos que benefician a la narrativa rusa. Esto incluye a MEPs de AfD, RN y otras formaciones nacionalistas que cuestionan el envío de armas y denuncian lo que llaman “provocación occidental”.
Organizaciones civiles, ONG y think tanks: redes de influencia y propaganda
Más allá de partidos, existe una segunda vía de apoyo: organizaciones civiles, medios afines y think tanks que reproducen o amplifican la narrativa rusa (desinformación sobre crímenes, relativización del papel del Kremlin, énfasis en causas históricas) y grupos financiados o alineados con Moscú que actúan en diferentes Estados europeos. Rusia ha usado desde 2014 una mezcla de diplomacia pública, medios afines y nexos con actores radicales para proyectar influencia.
En España se han detectado episodios de acercamiento de la embajada rusa a colectivos de extrema derecha o identitarios, y la circulación de contenidos prorrusos en redes y ciertos medios periféricos ha sido objeto de seguimiento por plataformas de verificación. Estas redes no siempre equivalen a un “apoyo institucional” formal, pero sí a un caldo de cultivo informativo favorable al Kremlin.
Las razones por las que unas fuerzas políticas se muestran proclives a Moscú son variadas y combinables, empezando por intereses energéticos (países dependientes del gas o cuyo sector energético se vería afectado por sanciones); euroescepticismo y antiparabellum con EE.UU. (que genera alianzas tácticas con Moscú como alternativa al “atlanticismo”); antiglobalismo/nacionalismo (la extrema derecha encuentra en la retórica anti-liberal de Putin un aliado simbólico); corrientes radicales de izquierda que interpretan la guerra como un choque entre bloques imperialistas y asumen narrativas que relativizan la agresión; y sectores interesados en aprovechar redes de propaganda y desinformación para erosionar consensos democráticos. Todos estos factores han sido documentados por estudios sobre la emergencia de fuerzas “pro-Putin” o “Putin-friendly” en la política europea reciente.
Qué significa en la práctica esa “simpatía” y qué consecuencias tiene
La simpatía política hacia Rusia puede tomar formas distintas: desde el voto contrario en resoluciones europeas hasta la petición de neutralidad, la obstrucción de paquetes de ayuda, el bloqueo de fondos o la amplificación mediática de narrativas prorrusas. En términos concretos, cuando gobiernos o partidos influyentes (como en Hungría o con líderes como Robert Fico en Eslovaquia) ponen condiciones o se niegan a respaldar sanciones o transferencias, el efecto puede ser real: ralentizar paquetes europeos, poner en riesgo la entrega de fondos o dividir la respuesta occidental.
En otros casos, por ejemplo, partidos de extrema derecha que operan como oposición, la consecuencia principal es simbólica y comunicativa, pero todavía eficaz para debilitar consensos y normalizar discursos pro-Moscú.
A modo de conclusión, en España no hay una fuerza mayoritaria que respalde públicamente la invasión rusa; sí existe un sector marginal (ultras, algunos comunistas heterodoxos) que asume narrativas próximas a Moscú y algunos actores puntuales que piden neutralidad o critican la gestión europea. Es importante distinguir entre críticas legítimas a la política europea y el apoyo efectivo a la agresión rusa; la mayor parte de los partidos con peso público no han avalado la invasión.
En Europa sí hay formaciones y gobiernos que favorecen o simpatizan con Rusia (o, como mínimo, se resisten a las medidas duras contra Moscú): la extrema derecha paneuropea (AfD, RN, ciertos miembros de ID y otras nuevas coaliciones), gobiernos o partidos pragmáticos con intereses energéticos (Hungría/Fidesz, líderes como Fico en Eslovaquia), y algunos grupos populistas que utilizan la narrativa prorrusa para apuntalar su discurso euroescéptico. Estas fuerzas afectan la capacidad de la UE para mantener respuestas unidas y ponen en cuestión la eficacia y la duración del consenso contra la invasión.
