El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, afirmó este lunes que no parece que se haya leído con exactitud el texto del acuerdo entre el PSOE y Junts sobre el traspaso de competencias en materia de inmigración, pues, recordó en un contacto con periodistas, que en el mismo se establece claramente que el control de las fronteras estará en manos sola y exclusivamente de los policías nacionales y de los guardias civiles.
En un ‘canutazo’, aseguró el ministro que el acuerdo no implica ceder el control de fronteras ni de los flujos migratorios irregulares. Según Marlaska, la Policía Nacional y la Guardia Civil continuarán desempeñando sus funciones actuales en materia de inmigración en Cataluña.
El ministro ha subrayado que la Policía Nacional seguirá siendo la autoridad que decida quién entra y sale del territorio nacional, ejemplificando que «será quien ponga el sello en los pasaportes«. Por su parte, aclaró, los Mossos d’Esquadra asumirán funciones complementarias en el ámbito de sus competencias específicas.
En cuanto a las devoluciones, Marlaska ha precisado que las expulsiones de personas en situación irregular seguirán siendo competencia de la Administración General del Estado, mientras que los Mossos podrán ejecutar devoluciones inmediatas de personas con prohibición expresa de entrada en España.
Estas declaraciones se producen en medio de críticas y preocupaciones por parte de sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil, que han manifestado su rechazo al acuerdo, argumentando posibles conflictos funcionales y descoordinación en la gestión de la inmigración en Cataluña.
El acuerdo entre el PSOE y Junts aún debe ser tramitado y debatido en el Congreso de los Diputados. La Mesa del Congreso, dominada por el PSOE y Sumar, planea admitir la propuesta para su debate, basándose en la posibilidad constitucional de transferir o delegar competencias a las comunidades autónomas.
Los sindicatos de la Policía Nacional y las asociaciones de la Guardia Civil han expresado un rechazo contundente al acuerdo entre el PSOE y Junts para delegar competencias de inmigración a Cataluña. Consideran que esta medida podría desmantelar la presencia de estos cuerpos en la región, afectando a unos 6.000 agentes.
Además, cuestionan la legalidad del acuerdo y lo califican como perjudicial y resultado de un intercambio político. Tanto el Sindicato Unificado de Policía (SUP) como Justicia Policial (JUPOL) han anunciado su intención de llevar el asunto a los tribunales, argumentando que la seguridad del Estado no debe formar parte de acuerdos políticos.
Este acuerdo había generado también preocupación entre los mandos de los Mossos d’Esquadra debido a la falta de efectivos para asumir las nuevas competencias de inmigración. Actualmente, la plantilla cuenta con 19.000 agentes y se necesitaría un aumento significativo para 2032, lo que exige grandes convocatorias anuales.
Además, el pacto enfrenta críticas desde otras formaciones políticas. Un diputado de Compromís ha anunciado su voto en contra, argumentando que desplazaría la agenda política hacia «marcos racistas». Sumar, Más Madrid y la Chunta también han mostrado reticencias al acuerdo, mientras que los Comunes lo apoyan por simplificar trámites y fomentar la cooperación policial, sugiriendo posibles modificaciones durante el proceso parlamentario.
