Recientemente, la Asamblea Nacional de la República Srpska (RS), una de las dos entidades autónomas de Bosnia y Herzegovina, ha adoptado medidas que afectan significativamente la estabilidad política del país y su proceso de adhesión a la Unión Europea (UE), lo que ha obligado a intervenir a la Alta Representante comunitaria.
El 25 de diciembre de 2024, el parlamento de la RS ordenó a los representantes serbios en las instituciones estatales bloquear decisiones y reformas legales necesarias para la integración de Bosnia en la UE. Esta acción fue una respuesta al juicio contra Milorad Dodik, presidente de la RS, acusado de desafiar al alto representante para la región, el alemán Christian Schmidt. Los legisladores serbios calificaron el juicio de Dodik como político e ilegal.
Estas decisiones fueron condenadas por la delegación de la UE y varias embajadas, considerándolas una amenaza seria al orden constitucional del país. El 2 de enero de 2025, Christian Schmidt declaró ilegales las órdenes del parlamento de la RS, subrayando que nadie está por encima de la ley y buscando proteger el progreso de Bosnia hacia la membresía en la UE.
Estas acciones de la RS han generado tensiones y podrían obstaculizar el proceso de adhesión de Bosnia y Herzegovina a la UE, al desafiar la integridad del estado y el cumplimiento de los acuerdos de paz de Dayton, fundamentales para la estabilidad y el camino europeo del país.
En un comunicado, la Alta Representante de la UE, Kaja Kallas, afirma que los actos jurídicos adoptados el 27 de febrero de 2025 por la Asamblea Nacional de la República Srpska y firmados por el Presidente de la República Srpska el 5 de marzo de 2025 “socavan el orden constitucional y jurídico de Bosnia y Herzegovina y el funcionamiento de las instituciones del país y amenazan las libertades fundamentales de sus ciudadanos”.
“Estas acciones”, advierte, “contradicen los compromisos que ha asumido Bosnia y Herzegovina en su camino hacia la UE.
Recuerda la máxima responsable de asuntos exteriores de la Unión Europea que la República Srpska, al igual que otras entidades, debe cumplir la Constitución de Bosnia y Herzegovina y las leyes del país, y respetar las competencias y decisiones de las instituciones del país, incluidos el Tribunal Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía, los tribunales, la Fiscalía y el Organismo Estatal de Investigación y Protección. Subraya, pues, que se deben utilizar todos los recursos jurídicos internos para defender el orden constitucional de Bosnia y Herzegovina.
En este sentido, la UE insta a los dirigentes políticos de la República Srpska a que “se abstengan de toda retórica y acción provocadoras y divisorias, incluidas las que cuestionan la soberanía, la unidad y la integridad territorial de Bosnia y Herzegovina”. Urge, así mismo, a que cese “la presión política sobre los funcionarios públicos para que abandonen las instituciones estatales”. La UE subraya que deben respetarse la soberanía, la integridad territorial y el orden constitucional de Bosnia y Herzegovina.
Tras la decisión del Consejo Europeo de marzo de 2024 de iniciar las negociaciones de adhesión a la UE con Bosnia y Herzegovina, la UE insta a todos los actores políticos a que renueven la atención del país en el avance por la senda de la UE, con “acciones decididas” para adoptar todas las medidas pertinentes, de modo que el Consejo de la UE pueda entonces adoptar el marco de negociación. “El avance por la senda de la UE es la mejor garantía de estabilidad y seguridad en Bosnia y Herzegovina y tiene múltiples beneficios para los ciudadanos del país”, concluye la declaración.
La suturas de un país diverso
Tras la guerra de Bosnia (1992-1995) y la firma del Acuerdo de Dayton en diciembre de 1995, Bosnia y Herzegovina quedó establecida como un Estado único, pero con una estructura política altamente descentralizada compuesta por dos entidades autónomas, la Federación de Bosnia y Herzegovina (FBiH), que ocupa aproximadamente el 51% del territorio y está habitada principalmente por bosníacos (musulmanes) y bosniocroatas (católicos) y la República Srpska (RS), que cubre el 49% del territorio y está habitada mayoritariamente por bosnios de origen serbio (ortodoxos).
Además, en 1999 se creó un pequeño distrito especial, el Distrito de Brčko, una zona neutral bajo administración conjunta de ambas entidades y supervisada por la comunidad internacional.
Bosnia y Herzegovina tiene un sistema de gobierno extremadamente complejo, con múltiples niveles de autoridad. Existe una presidencia tripartita formada por un presidente bosníaco, un serbio y un croata, que rotan cada 8 meses. El Gobierno central tiene competencias limitadas y depende del consenso entre las entidades. Luego están unas entidades con alto grado de autonomía, cada una de las cuales tiene su propio presidente, parlamento, gobierno y fuerzas policiales. El Alto Representante para Bosnia y Herzegovina, un cargo internacional, tiene poderes para intervenir en asuntos políticos y garantizar la implementación del Acuerdo de Dayton.
Consecuencias de esta estructura es la falta de unidad política. Las entidades funcionan casi como estados separados, dificultando reformas y decisiones nacionales. A eso se suman constantes obstáculos en la integración a la UE. En este marco, la división y el bloqueo político complican el cumplimiento de los criterios europeos. Persisten, además, tensiones étnicas, especialmente en la República Srpska, donde líderes políticos han amenazado con la secesión. Este sistema ayudó a detener la guerra, pero ha hecho que Bosnia sea uno de los países más complejos y disfuncionales de Europa en términos políticos.
