Durante la asediada Sarajevo (1992–1996) hubo una campaña sostenida de disparos de francotiradores y bombardeos que convirtió calles, parques y plazas en lugares de riesgo letal para la población civil. Investigaciones de organizaciones internacionales y juzgados de posguerra documentaron que el uso deliberado de fuego contra civiles fue una práctica empleada por las fuerzas sitiadoras y que formó parte de una estrategia que perseguía aterrorizar a la población urbana. Esa constatación es una de las bases de sentencias y procesos del Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia (ICTY) y de informes de organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional.
El asunto ha vuelto a la actualidad del modo más tenebroso, no por no sabido, que se supo entonces. Lo que está siendo investigado ahora son acusaciones concretas y sensacionales: varios medios y fiscales italianos informan que existen indicios de que, durante los años de la guerra, grupos de extranjeros, principalmente procedentes de Italia según lo trascendido, podrían haber pagado a combatientes o a redes locales para participar en lo que algunos describen como “safaris humanos” o “sniper tourism”, es decir, viajes organizados en los que los participantes habrían tenido la posibilidad de disparar a civiles en Sarajevo a cambio de dinero.
Estas noticias relanzaron documentales y testimonios que ya habían sugerido la presencia de voluntarios extranjeros que operaron junto a unidades serbobosnias, y ahora la Fiscalía de Milán habría abierto investigaciones para determinar si hubo pagos concretos y cuál fue su naturaleza. Hasta ahora estas son acusaciones en curso de investigación, con artículos recientes que las recogen, pero sin sentencias penales públicamente concluyentes que hayan probado los pagos como una práctica sistemática.
En esta cuestión, es importante separar dos cosas: la realidad probada de que francotiradores ubicados en posiciones serbias dispararon contra civiles en Sarajevo, dato firme, investigado y juzgado, y la afirmación específica de que hubo turistas extranjeros que pagaron sumas elevadas para disparar a civiles por diversión o como “trofeo”. Esto último es, por ahora, una combinación de denuncias, reportajes periodísticos y documentales que han motivado investigaciones judiciales recientes. La primera parte está documentada en juicios del ICTY y en reportes de ONG; la segunda necesita pruebas judiciales que aún no se han hecho públicas en forma de sentencias firmes.
¿Qué tipo de pruebas y fuentes están sobre la mesa?
Los expedientes abiertos y las pesquisas periodísticas combinan: testimonios de supervivientes, declaraciones de excombatientes, material de archivo (imágenes y videos de la época), reportajes documentales que recogen confesiones o declaraciones, y rastros administrativos o financieros que pudieran demostrar pagos.
Los procesos judiciales que condenaron a mandos por campanas de tiro y terror urbano, por ejemplo en la causa contra Stanislav Galić, se centraron en la planificación y ejecución del ataque a la población civil, más que en probar la existencia de clientes extranjeros que pagaran por cada “fin de semana” de francotiraje; ahora se intenta rastrear esa dimensión mercantil y transnacional.
¿Fue algo aislado o habitual en Sarajevo? Durante la guerra hubo múltiples fenómenos relacionados: voluntarios extranjeros que se integraban en unidades locales, mercenarios y combatientes que cruzaron fronteras por motivos ideológicos o económicos, y una logística informal que facilitó la llegada de armas y personas. El documento histórico y las sentencias del ICTY muestran que el uso de francotiradores contra civiles fue sistemático en ciertos periodos y sectores de la ciudad.
Sin embargo, la idea de “turismo” organizado y pagado específicamente para que ricos extranjeros vinieran a abatir civiles como entretenimiento es, hasta la fecha de los informes recientes, una afirmación extraordinaria que necesita pruebas también extraordinarias: recibos, testimonios corroborados, seguimientos financieros o detenciones con cargos claros. En otras palabras, el fenómeno del disparo sistemático a civiles está probado; la existencia generalizada de “sniper tourism” pagado sigue siendo una acusación en investigación.
Para ponerlo en perspectiva internacional: ¿es habitual que se pague a francotiradores para asesinar civiles en otros conflictos? La respuesta, matizada, es: no es la norma corriente documentada como una industria turística, pero sí existen prácticas relacionadas que se repiten en varios conflictos recientes y que plantean problemas análogos.
Mercenarios y empresas militares privadas (PMCs)
En conflictos contemporáneos hay empresas o grupos de mercenarios que cobran por servicios de combate, escolta o incluso operaciones especiales; en algunos casos se les ha acusado de ejecuciones extrajudiciales y de violaciones de derechos humanos. El caso del Grupo Wagner (contratistas rusos) es un ejemplo moderno de cómo fuerzas pagadas por gobiernos o actores privados han sido implicadas en asesinatos selectivos y abusos en lugares como Ucrania, Siria, Libia y África subsahariana.
Eso demuestra que la externalización de la violencia por dinero existe y puede implicar tareas de precisión (incluidos francotiradores), aunque no siempre con el objetivo explícito de matar civiles por diversión.
Ejemplos históricos de francotiradores que atacaron a civiles: en muchas guerras urbanas del siglo XX y XXI los francotiradores han sido usados para aterrorizar poblaciones (Sarajevo es el caso paradigmático moderno), y también se han documentado disparos deliberados contra civiles en escenarios como Alepo o Grozny. En esos conflictos, las investigaciones de ONG y la ONU han documentado ejecuciones y disparos intencionados contra no combatientes, pero generalmente como parte de operaciones militares o represalias, no como “paquetes turísticos” pagados por particulares.
La historia de numerosas guerras muestra que extranjeros se incorporan como voluntarios (por convicción o por pago) y, en ocasiones, cometen crímenes. Hay documentadas redes de reclutamiento que ofrecían, y ofrecen, dinero a combatientes extranjeros; lo que difiere en el supuesto caso de “sniper tourism” es la naturaleza recreativa y lucrativa del acto de disparar a civiles como actividad remunerada para foráneos. Las acusaciones sobre Sarajevo, si se demuestran, serían un ejemplo particularmente grotesco y atípico de cómo ese reclutamiento y esa dinámica podrían mercantilizarse hasta el extremo.
Desde la óptica legal y moral, pagar para matar civiles es un crimen claro. La contratación de agentes para ejecutar civiles constituye una guerra de lesa humanidad y delitos graves bajo derecho internacional humanitario. Los tribunales internacionales y nacionales suelen perseguir tanto a quien ordena como a quien ejecuta. Por tanto, si se confirman pagos directos a cambio de matar civiles, los responsables, clientes, intermediarios y ejecutantes, podrían enfrentarse a cargos muy serios.
Lo que resulta curioso es que una película documental ya habían sugerido la práctica de “safaris humanos” en la Bosnia de los 90. En estos días, en distintos medios, expertos repiten la consabida expresión de ‘todo el mundo lo sabía’, lo que sorprende aún más a quienes ahora conocen los detalles horrorizados.
Habrá que ver si las pesquisas producen pruebas documentales (transferencias, contratos, comunicaciones), pruebas testificales robustas y, finalmente, imputaciones formales con consecuencias penales. Hasta ese momento, lo responsable es tratar las afirmaciones como serias y verosímiles para investigar, pero no como hechos jurídicamente probados.
¿Por qué estas noticias impactan tanto? Porque combinan varias sensibilidades: la comprobación histórica de que Sarajevo fue objeto de una campaña de hostigamiento letal contra su población, la posibilidad (si se demuestra) de una dimensión lucrativa y “recreativa” de la violencia, y la recuperación de relatos que reviven el dolor de supervivientes y familiares. Además, plantean preguntas urgentes sobre impunidad, memoria histórica y la responsabilidad de terceros, todos ellos más ‘animales’ que nunca.
Luis Miguel Belda es Periodista y Máster en Seguridad, Defensa y Geoestrategia
