‘Sucesor designado‘ es el título de una reciente serie de televisión, protagonizada por Kiefer Sutherland, quien accidentalmente asciende a la presidencia de los Estados Unidos desde su modesta posición como miembro del Gobierno, tras sufrir un atentado el grueso del equipo presidencial. Se trata de una figura formal que permite dar continuidad al gobierno en un caso como el descrito. Y algo parecido ocurrió en España hace 45 años, con motivo del Golpe de Estado del 23-F.
Francisco Laína García protagonizó uno de los episodios más singulares y decisivos de la historia reciente de España al asumir, durante unas horas críticas, la jefatura provisional del Gobierno en la noche del 23 de febrero de 1981. Su nombre quedó asociado para siempre a la defensa institucional frente al intento de golpe de Estado que sacudió la joven democracia española.
Aunque no fue un político de primera línea ni ocupó formalmente la Presidencia del Ejecutivo, su actuación al frente de la Comisión de Subsecretarios le situó en el centro de la respuesta del Estado al asalto al Congreso.
Nacido en 1930, Laína era un alto funcionario del Estado con una larga trayectoria en la administración pública. Jurista de formación, desarrolló buena parte de su carrera en el ámbito de la seguridad y la gestión territorial. En 1981 ocupaba el cargo de director de la Seguridad del Estado dentro del Ministerio del Interior, lo que le situaba en una posición clave en materia de orden público y coordinación policial. Su perfil técnico y discreto contrastaba con el protagonismo inesperado que asumiría durante el intento de golpe liderado por el teniente coronel Antonio Tejero.
La tarde del 23 de febrero, mientras se celebraba en el Congreso de los Diputados la votación de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo, el asalto de los guardias civiles encabezados por Tejero dejó descabezada temporalmente la dirección política del país. El presidente del Gobierno en funciones, Adolfo Suárez, junto a la mayor parte del Ejecutivo y de la cúpula parlamentaria, quedó retenido en el hemiciclo. Ante esa situación excepcional, el Estado necesitaba activar un mando alternativo que garantizara la continuidad institucional.
Fue entonces cuando entró en juego la Comisión de Subsecretarios, órgano administrativo previsto para asegurar el funcionamiento del Gobierno en ausencia de los ministros. Francisco Laína, por su posición jerárquica, asumió la coordinación de este órgano desde el Ministerio del Interior. Durante esas horas de máxima incertidumbre, se convirtió de facto en la autoridad civil que articuló la respuesta del Ejecutivo frente a la intentona golpista.
Desde el llamado “Gobierno provisional” instalado en el Ministerio del Interior, Laína coordinó a los altos cargos que no estaban retenidos y mantuvo la cadena de mando de la Administración. Su principal objetivo fue impedir el colapso institucional y garantizar que las órdenes del poder legítimo siguieran fluyendo hacia las fuerzas de seguridad y las delegaciones del Gobierno. Aquella estructura improvisada resultó clave para transmitir una imagen de continuidad del Estado frente a los golpistas.
La actuación de Laína se desarrolló en estrecha sintonía con la posición de la Casa de Su Majestad el Rey y con el papel decisivo del rey Juan Carlos I, cuyo mensaje televisado de madrugada desautorizando el golpe resultó determinante para su fracaso. Mientras la Jefatura del Estado aseguraba el mando sobre las Fuerzas Armadas, Laína garantizaba la operatividad civil del Gobierno.
Diversos testimonios históricos han subrayado que la prioridad de Laína fue mantener la normalidad administrativa y evitar decisiones precipitadas que pudieran agravar la crisis. Bajo su coordinación, la Comisión de Subsecretarios emitió instrucciones a los gobernadores civiles y mantuvo el contacto con las direcciones generales de Policía y Guardia Civil, reforzando la cadena de legalidad democrática.
Su papel, sin embargo, fue durante años relativamente poco conocido por la opinión pública. La narrativa del 23-F se centró principalmente en la figura del rey Juan Carlos I, en la actuación de los militares y en los líderes políticos retenidos en el Congreso. No obstante, con el paso del tiempo, historiadores y cronistas de la Transición han reivindicado la importancia de aquel “Gobierno de los subsecretarios” como pieza clave para que el aparato del Estado no quedara paralizado.
Tras el fracaso del golpe, Francisco Laína continuó su carrera en la Administración. En 1982 fue nombrado delegado del Gobierno en el País Vasco, uno de los destinos más complejos de la época por la actividad de la banda terrorista ETA. Posteriormente ocupó otros cargos de responsabilidad hasta su jubilación, siempre manteniendo un perfil institucional discreto.
La valoración histórica de Laína ha ido ganando peso con los años. Muchos analistas coinciden en que su serenidad y apego a los procedimientos administrativos contribuyeron a que la respuesta del Estado fuera ordenada y eficaz. En un momento en que la cúpula política estaba retenida y la incertidumbre dominaba el país, su actuación simbolizó la capacidad de resistencia de las estructuras democráticas.
El episodio del 23-F demostró que la defensa de la democracia no dependió únicamente de grandes discursos o gestos visibles, sino también del funcionamiento silencioso de la Administración. En ese engranaje, Francisco Laína desempeñó un papel crucial. Su breve pero decisiva jefatura provisional del Ejecutivo permanece como uno de los ejemplos más singulares de continuidad institucional en la historia democrática española.
