Delcy Eloína Rodríguez Gómez, figura clave del chavismo venezolano y una de las principales representantes del régimen de Nicolás Maduro, ha sido protagonista no solo en la política interna venezolana, sino también en el escenario internacional. Su relación con España ha estado marcada por episodios diplomáticos tensos, controversias políticas, sanciones europeas y encuentros de alto impacto que han generado debates tanto en Caracas como en Madrid.
Desde que desempeñó diversos cargos en el Gobierno venezolano, incluyendo ministra de Comunicación, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente y posteriormente vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez ha simbolizado la resistencia del chavismo frente a las presiones internacionales y las críticas occidentales. Su papel se ha visto reflejado en la política exterior venezolana hacia Europa, y muy especialmente hacia España, por razones históricas, económicas y migratorias.
Sanciones europeas y la prohibición de entrada a territorio comunitario
Una de las aristas más relevantes en la relación entre Delcy Rodríguez y España proviene de las sanciones impuestas por la Unión Europea. En 2018, el Consejo de la UE incluyó a Rodríguez en una lista de sancionados, que implicaba la congelación de activos y la prohibición de entrada al espacio Schengen, debido a su papel en la supuesta erosión de la democracia en Venezuela y la violación de derechos fundamentales, particularmente por su liderazgo en la Asamblea Constituyente calificada como ilegítima por numerosos países europeos.
España, como Estado miembro de la UE, respaldó formalmente esas medidas, aunque la aplicación de las mismas no estuvo exenta de controversias y tensiones internas en Madrid. En este marco, el incidente más emblemático de la relación fue el llamado “Delcygate”, ocurrido a principios de 2020. Delcy Rodríguez entró en España pese a la prohibición europea, y mantuvo contacto con el entonces ministro de Transportes español, José Luis Ábalos, en el aeropuerto de Madrid-Barajas.
Este encuentro, que el Gobierno español calificó de “parada técnica” mientras Rodríguez esperó un enlace, desencadenó una enorme polémica política nacional. La oposición en España acusó al ejecutivo de Pedro Sánchez de violar las sanciones europeas, de haber ocultado la visita y de que la reunión tenía fines ocultos más allá de lo declarado públicamente.
El caso llegó a instituciones europeas y generó preguntas en el Parlamento Europeo sobre el cumplimiento de las sanciones por parte de los Estados miembros. Aunque el Gobierno español defendió que no se produjo una negociación política de alto nivel, el debate dejó al descubierto diferencias sobre cómo gestionar las relaciones internacionales con un régimen sancionado.
A pesar de estas tensiones políticas, la relación económica entre Venezuela y España ha tenido momentos de cooperación, particularmente en torno a la energía. Empresas como la petrolera española Repsol han mantenido operaciones y discusiones con representantes del Gobierno venezolano. Rodríguez, en su rol como ministra de Petróleo, ha defendido la cooperación energética con firmas españolas y ha destacado la importancia de mantener alianzas que apoyen los intereses venezolanos, incluso en medio de tensiones diplomáticas.
Estos contactos con empresas españolas y otros inversores internacionales se enmarcan en la estrategia de Venezuela de contrarrestar el impacto de sanciones, atraer inversión extranjera y sostener una economía que ha sido golpeada por la caída de la producción petrolera y las restricciones financieras internacionales.
Diplomacia, migración y comunidad venezolana en España
La relación bilateral también ha estado marcada por factores sociales y humanos. España alberga una de las mayores diásporas venezolanas en Europa, con cientos de miles de ciudadanos venezolanos que emigraron en la última década debido a la crisis económica y política en su país.
Esta comunidad ha influido en la agenda bilateral: desde demandas de protección de derechos humanos hasta llamados a una transición democrática en Venezuela. La posición de Rodríguez y del régimen chavista frente a estas demandas ha sido, en muchas ocasiones, de confrontación, rechazando críticas externas y calificándolas como injerencias en asuntos internos, una línea retórica que ha mantenido históricamente frente a países occidentales, incluida España.
Más recientemente, la figura de Delcy Rodríguez ha irrumpido de nuevo en la agenda internacional en enero de 2026. Ante la detención del presidente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, la Corte Suprema de Venezuela ordenó que Rodríguez asuma como presidenta interina para garantizar la continuidad administrativa, un movimiento que ha sido observado con atención desde Madrid y otras capitales europeas. España ha dejado claro que, aunque no reconoce la legitimidad del régimen de Maduro, tampoco apoyaría una intervención militar extranjera que viole el derecho internacional.
Este nuevo contexto pone de relieve cómo la relación entre Delcy Rodríguez y España no es un asunto aislado, sino un reflejo de tensiones más amplias: entre soberanía y derechos humanos, entre sanciones y diálogo, entre intereses económicos y pruritos diplomáticos.
