El asesinato de una educadora en un piso destinado a menores con medidas judiciales en régimen semiabierto por la Junta de Extremadura, en Badajoz, pone en evidencia, a juicio de CCOO, las “graves deficiencias” del sistema de protección juvenil y las políticas de licitación que “priorizan el ahorro económico sobre la seguridad de las personas trabajadoras y los menores”.
La trabajadora falleció tras sufrir una agresión violenta por parte de tres menores tutelados con medidas judiciales, ya detenidos, mientras se encontraba sola y sin apoyo en su turno de noche.
El suceso, para el sindicato, revela un “patrón de desatención sistemática”. Por ello, denuncia que, debido a las exigencias de las licitaciones públicas “a la baja”, impulsadas por la Administración, los centros operan con “plantillas mínimas, recursos insuficientes y protocolos de seguridad obsoletos”.
La trabajadora estaba sola porque, lamenta el sindicato, “no se presupuesta lo suficiente para contratar a más personal, contraviniendo las recomendaciones que desde CCOO venimos realizando desde hace años, e incumpliendo claramente lo regulado en la Ley de responsabilidad jurídica del menor y en la Ley de Protección jurídica del menor, así como la Ley de prevención de riesgos laborales”.
Agrega que los recortes en este sector son la “tónica habitual” y es en situaciones como esta cuando se manifiesta la “fragilidad del sistema”, dejando en evidencia que la Administración “prioriza el lucro económico sobre la seguridad de las personas trabajadoras”.
El sindicato sentencia que esta tragedia “no es un accidente”, es el resultado de años de externalizar servicios sociales a empresas que ganan concursos “prometiendo gastar menos, aunque eso signifique recortar en seguridad, formación y personal”. Los datos, asegura, “respaldan esta afirmación, ya que en los últimos cinco años una parte muy importante de las licitaciones que se acaban adjudicando no permiten cumplir con lo dispuesto en el Convenio Colectivo del sector ni en la normativa de prevención y protección de las personas trabajadoras, adjudicándose a empresas que presentan ofertas económicas temerarias. Estas condiciones derivan, por ejemplo, en ratios persona trabajadora/menores que impiden manejar situaciones de alta complejidad”.
El sindicato exige que se investiguen no solo las circunstancias de la agresión mortal, sino también las “posibles irregularidades” en la adjudicación del servicio y la supervisión del centro.
En este contexto, CCOO reclama “auditorías inmediatas” en todos los centros de menores del Estado para verificar el cumplimiento de ratios de seguridad y cumplimiento de la normativa vigente, la reversión de las externalizaciones de los servicios sociales, suspensión de las licitaciones a la baja y revisión de los pliegos para garantizar condiciones laborales dignas, y protocolos específicos de actuación ante situaciones de denuncias previas, así como un análisis exhaustivo y riguroso del perfil de los menores que son asignados en régimen semiabierto.
Durante esta semana el sindicato convocará concentraciones por todo el Estado en solidaridad con la familia de la víctima y personas allegadas, y en repulsa por la agresión mortal.
