El magistrado Fernando de la Fuente ha defendido con firmeza la consolidación y el reconocimiento institucional de la criminología en el sistema penal español, subrayando que la profesión ha experimentado en la última década una evolución “evidente” tanto en conocimiento como en visibilidad social.
Durante su intervención ante representantes del colectivo profesional, en el marco de la I Jornada ‘Política criminológica y Estado de Derecho en la era de la IA’, que acogió esta semana el Congreso de los Diputados, organizada por los colegios de criminólogos de España, el juez destacó que hace apenas unos años la figura del criminólogo era prácticamente desconocida fuera de los círculos especializados, mientras que hoy “ya preguntas y empieza a conocerse por muchas personas”, lo que, a su juicio, constituye “un síntoma de que la profesión está evolucionando”.
El magistrado puso en valor la importancia de “exteriorizar la existencia del colectivo y cuál puede ser su virtualidad práctica”, insistiendo en que cualquier profesión del ámbito jurídico debe ser capaz de explicar con claridad su operatividad y su vínculo con el servicio público. “Un colectivo en el ámbito jurídico tiene que trasladar cuál es su operatividad, para qué sirve, cuál es su enlace con el servicio público”, afirmó, añadiendo que si una profesión demuestra que es útil y que “puede dar lugar a solucionar muchos problemas en el ámbito del día a día de la justicia, lógicamente atrae a muchas personas y a muchos intereses”.
Desde su experiencia como magistrado con casi 17 años de trayectoria, De la Fuente defendió que la visión criminológica puede marcar “una diferencia fundamental” en determinados procedimientos penales. “En el ámbito de la justicia penal, cada caso es único y a la vez complejo”, explicó, y por ello la criminología aporta análisis específicos sobre el comportamiento delictivo que permiten comprender no solo el hecho en sí, sino también “los factores sociales, psicológicos y ambientales que lo rodean”. En este sentido, subrayó que la intervención de un criminólogo profesional puede proporcionar “una perspectiva completa y objetiva”, clave tanto para estrategias de defensa como de acusación y prevención.
El magistrado detalló algunas de las funciones concretas que puede desempeñar un criminólogo en el proceso penal, como el análisis del contexto delictivo, la elaboración de perfiles criminológicos de víctima e infractor o la redacción de informes periciales de carácter técnico y científico. Estos informes, señaló, “pueden ser presentados en los juicios, proporcionando un respaldo objetivo a las estrategias de defensa o acusación”. A su juicio, esta pericial científica constituye una de las grandes novedades del nuevo modelo procesal que plantea el proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal.
Especial relevancia otorgó al papel del criminólogo en la fase de ejecución de la pena y en la prevención de la reincidencia. “En el ámbito de la ejecución penal es especialmente útil”, sostuvo, ya que puede colaborar en el diseño de estrategias de reinserción y en la valoración de medidas alternativas. Puso como ejemplo los delitos contra la seguridad vial, donde los jueces deben optar entre multa, prisión o trabajos en beneficio de la comunidad. “Muchas veces se decide por pura conveniencia”, reconoció, cuando lo ideal sería contar con “un estudio serio y riguroso” que permitiera prever qué respuesta penal favorecería mejor la reinserción y reduciría el riesgo de reincidencia.
De la Fuente también puso el foco en la importancia de la perspectiva de la víctima, un aspecto que consideró “igual de importante” que el análisis del acusado. En casos de violencia de género, amenazas o acoso, explicó, el criminólogo puede evaluar el riesgo de reincidencia del agresor y asesorar sobre las medidas de protección más adecuadas. Recordó su experiencia como juez de violencia sobre la mujer y advirtió sobre la posible sobredimensión de algunas valoraciones policiales de riesgo.
“Un juez que recibe un informe con ‘riesgo extremo’ se plantea seriamente si tiene que acordar prisión preventiva o una pulsera telemática”, explicó, alertando de que en ocasiones esas calificaciones responden a ítems estandarizados que no siempre reflejan la complejidad real del caso.
En este contexto, defendió la incorporación de criminólogos en equipos multidisciplinares, incluso en servicios de guardia, para ofrecer una valoración más completa y fundamentada. “El criminólogo está capacitado para hacer una primera aproximación en casos de urgencia”, aseguró, proporcionando un “feedback suficientemente potente” que permita al juez adoptar decisiones proporcionadas y ajustadas al riesgo real.
Novedades
El magistrado enmarcó estas reflexiones en el contexto del proyecto de nueva Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, cuya dirección ha asumido junto a un equipo de cerca de 30 profesionales. Calificó el texto como “un estupendo proyecto muy técnico”, sin “ningún tipo de matiz o cariz político”, fruto del trabajo acumulado durante años por distintos gobiernos. Recordó que se trata del primer proyecto de ley que llega a las Cortes para sustituir una norma con 140 años de antigüedad y que consta de 1.043 artículos.
Entre las principales novedades destacó el cambio de modelo en la fase de instrucción, que pasará a estar dirigida por el Ministerio Fiscal bajo el control de un juez de garantías. En ese nuevo escenario, apuntó, el criminólogo dejará de colaborar principalmente con el juez instructor para hacerlo con el fiscal investigador. “El juez de garantías nunca va a acudir al criminólogo; va a acudir siempre al fiscal en la fase de investigación”, explicó, anticipando una transformación en las dinámicas de colaboración profesional.
Asimismo, subrayó que el proyecto incorpora reformas para reforzar la autonomía del Ministerio Fiscal, incluyendo la desvinculación del mandato del Fiscal General del Estado respecto al del Gobierno, como medida para fortalecer la percepción de independencia institucional.
En el tramo final de su intervención, De la Fuente animó al colectivo de criminólogos a perseverar en la regulación de su estatuto profesional, reconociendo que “uno no puede tener una profesión que es virtualmente necesaria y en albis permanentemente”. Aunque admitió que el contexto político no garantiza la aprobación inmediata de la nueva ley procesal, defendió una visión constructiva: “Todo lo que se avance nunca es terreno perdido. Siempre es terreno avanzado y ganado”.
Con un tono técnico pero comprometido, el magistrado concluyó reivindicando la criminología como herramienta esencial para una justicia más integral y humanizada. “Permite adoptar una perspectiva integral y valorar tanto los derechos del acusado como la protección de la víctima”, afirmó, contribuyendo, según sus palabras, a “una justicia más justa y objetiva”, capaz no solo de sancionar, sino también de prevenir y rehabilitar.
