Nota del Editor:
El estudio de Francisco Franco Bahamonde, jefe del Estado español entre 1939 y 1975, continúa siendo uno de los terrenos más complejos y debatidos de la historiografía contemporánea. Su figura se sitúa en el cruce de la historia militar, política y social del siglo XX español, marcada por la Guerra Civil, la dictadura posterior y el proceso de transición democrática que siguió a su muerte. En este sentido, cualquier análisis que aspire al rigor debe partir de la constatación de que Franco fue simultáneamente producto y protagonista de una época convulsa, en la que confluyeron los restos de un siglo XIX inacabado, las tensiones ideológicas de entreguerras y las transformaciones internacionales derivadas de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría.
A lo largo de casi cuatro décadas de gobierno autoritario, Franco consolidó un régimen personalista que combinó elementos de militarismo, nacionalcatolicismo y corporativismo, y que se adaptó a las circunstancias internacionales para garantizar su supervivencia. Bajo su mando, España vivió una severa represión política e ideológica tras la guerra, una política económica autárquica durante los años cuarenta, y una apertura limitada a partir de los cincuenta, cuando el régimen buscó reconocimiento exterior en el contexto del anticomunismo global. No obstante, reducir su figura a un mero ejercicio de poder autoritario sería insuficiente: Franco también encarnó una cosmovisión y un proyecto de Estado que se mantuvo —con matices— en las estructuras políticas y sociales incluso después de su muerte.
Analizar a Franco exige, por tanto, un enfoque que combine la crítica documental con la distancia valorativa, sin caer ni en la hagiografía ni en la condena simplista. El objetivo de esta serie de análisis que firma Antonio Miguel Sánchez es ofrecer una visión multifacética de su trayectoria: su formación militar, su papel en la Guerra Civil, la arquitectura institucional del franquismo, su política exterior y económica, su relación con la Iglesia y, finalmente, el legado que dejó en la cultura política española. Se trata de situar a Franco en su contexto histórico, entendiendo las condiciones que hicieron posible su ascenso y la perdurabilidad de su régimen, para contribuir a un debate histórico que aún hoy forma parte del tejido moral y político de la sociedad española.
Franco durante la II República
La llegada de la Segunda República, el 14 de abril de 1931, se produjo con todos los pronunciamientos favorables. Aunque su legalidad era discutible, su legitimidad parecía indiscutible: los adversarios monárquicos abandonaron el campo sin resistencia. La proclamación tuvo lugar en la Puerta del Sol, desde el antiguo edificio de Correos —hoy sede del reloj que marca las campanadas de fin de año para toda España y sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid—. El gobierno provisional, que hasta entonces había estado encarcelado, salió para ocupar su puesto como dirigente de la Nación. Los representantes del Pacto de San Sebastián de 17 de Agosto de 1930, encarcelados a raíz de la intentona golpista de Diciembre, encabezada por los capitanes Galán y Hernández, salieron de las mazmorras a raíz de las elecciones municipales del 12 de Abril.
Ese mismo día, el Conde de Romanones y otros representantes monárquicos dialogaron con los líderes republicanos, y por la tarde, Alfonso XIII suspendió sus prerrogativas como rey. Salió en coche hacia Cartagena, donde embarcó en el Príncipe Alfonso, botado en 1928, con destino a Marsella. Al día siguiente, la reina Victoria Eugenia de Battenberg —Ena— abandonó España por tren desde El Escorial, acompañada de todos sus hijos. La monarquía se retiraba sin estruendo, dejando paso a una nueva etapa cargada de promesas… y de incertidumbre.
La Segunda República fue, en su origen, una esperanza para la revitalización y modernización de España. Pero también traía consigo el germen de su propia autodestrucción. El Pacto de San Sebastián, firmado en agosto de 1930, había sido incapaz de delinear un proyecto claro de país. Su única conclusión firme era derrocar la monarquía por cualquier medio. El resto —como diríamos hoy— “ya se vería”. Y así fue. Lo que emergió fue un mosaico de personalidades, partidos, ideologías y propósitos tan heterogéneos como incompatibles.
La fragilidad del nuevo régimen se hizo evidente muy pronto. El 10 y 11 de mayo de 1931 ardieron cerca de 200 edificios religiosos en toda España —iglesias, conventos y dependencias— sin que el gobierno interviniera. Con pérdida de patrimonio arquitectónico, histórico, cuadros, bibliotecas enteras con miles de libros valiosísimos, accesorios religiosos, imágenes, joyas, cálices… Un desastre de proporciones sin precedentes, más propio de la invasión napoleónica de 1808. Las potencias extranjeras, especialmente el Reino Unido, tomaron nota con inquietud, preocupadas por el avance del comunismo y de las izquierdas en Europa. La reacción del Ministro de Guerra del Gobierno Provisional, Manuel Azaña, fue tan célebre como polémica: “Todos los conventos de Madrid no valen la vida de un republicano”. Una frase que, para muchos, simbolizó la desconexión entre el ideal republicano y la realidad de un país profundamente dividido.
Reforma del Ejército, cierre de la Academia de Zaragoza y expectativa de destino
En el nuevo escenario republicano, Francisco Franco se encontró con una situación que, aunque le era ajena en espíritu, acató con la disciplina que siempre lo caracterizó. La llegada de la Segunda República trajo consigo una profunda reforma del Ejército, impulsada por Manuel Azaña, Ministro de Guerra y presidente del Consejo de Ministros. Entre abril y septiembre de 1931, Azaña promulgó una serie de decretos que luego se refundieron en la conocida Ley Azaña, cuyo objetivo era modernizar y reducir el aparato militar heredado de la monarquía.
Una de las medidas más simbólicas fue el cierre de la Academia Militar de Zaragoza, que Franco dirigía desde 1928. No solo se clausuró el centro, sino que se impidió la convocatoria de nuevos alumnos para el curso siguiente. La reforma ofrecía la retirada voluntaria con paga vitalicia a oficiales, jefes y generales, y cerca de 9.000 militares —incluidos 84 generales— se acogieron a ella. Fue una purga sin precedentes: casi el 40 % de la plantilla del Ejército desapareció de un plumazo.
Franco, sin embargo, decidió permanecer en activo. El 14 de junio de 1931 pronunció un discurso de despedida ante los alumnos y el personal docente de la Academia, en el que reiteró el valor de la disciplina “aunque no nos gusten las órdenes recibidas”. La alocución, sobria pero firme, sentó mal entre los dirigentes republicanos. El cierre fue efectivo el 1 de julio, y Franco quedó en situación de reserva, en expectativa de destino, durante ocho largos meses.
No fue hasta el 5 de febrero de 1932 que el Consejo de Ministros, presidido por Azaña, lo nombró General Jefe de la 15ª Brigada de Infantería y Gobernador Militar de La Coruña. El nombramiento llegó justo a tiempo: un nuevo decreto, previsto para marzo, condenaba a la reserva definitiva a aquellos mandos que llevasen más de seis meses sin destino. Aun así, Franco fue relegado al último puesto del escalafón y recibió una nota desfavorable en su expediente —una mancha grave para cualquier militar profesional—, motivada por su discurso en Zaragoza. Azaña, en su diario, anotó con inquietud: “Podría tener consecuencias”. Y vaya si las tuvo, andando el tiempo.
Franco tampoco lo olvidó. De todos los generales en activo entre 1931 y 1936, él fue el único que permaneció en la mente de Azaña como una constante. Gregorio Marañón, uno de los padres intelectuales de la República, escribió en sus memorias que la Academia se cerró porque Azaña no soportaba la popularidad de Franco, a quien consideraba una sombra incómoda.
En su nuevo destino, Franco disfrutó de una vida familiar más estable y se dedicó a la lectura con avidez. Estudió a Marx, Hegel, el comunismo y la URSS, y se sumergió en La decadencia de Occidente (1917) de Oswald Spengler, obra que influiría en su visión del mundo y del papel de España en la historia.
Durante este período tuvo lugar la Sanjurjada, el fallido golpe de Estado del 10 de agosto de 1932, liderado por el general Sanjurjo. El pronunciamiento fracasó estrepitosamente: Sanjurjo fue detenido, condenado a muerte, conmutado por cadena perpetua y finalmente exiliado en Portugal. En medio del caos, la única preocupación de Azaña fue: “¿Dónde está Franco?”. Millán-Astray, su antiguo compañero en la Legión, lo resumió con claridad: “Franco no quiere intervenir en política nacional ni ha pensado nunca en sublevarse el 10 de agosto, pero yo sé que lo haría si viese que el Gobierno de la República disuelve la Guardia Civil o que llega la hora del comunismo. Ese día, solo, o con muchos o con pocos, se echará al campo”.
Franco, Comandante General de Baleares
El 12 de febrero de 1933, Francisco Franco fue nombrado Jefe de la Comandancia General de Baleares, una plaza de superior categoría en un ejército que, por obra de la Ley Azaña, había suprimido las tradicionales Capitanías Generales y con ellas el empleo de teniente general. La reforma había congelado los ascensos por méritos de guerra, lo que relegó a Franco del primer puesto del escalafón de generales de brigada al último, ocupando funciones de general de división sin recibir el ascenso correspondiente.
El Gobierno de la República, consciente del prestigio y la influencia que Franco aún conservaba, lo consideraba el único capaz de plantear un desafío serio al régimen. La solución fue alejarlo de la Península, enviándolo a Baleares, lejos de Madrid y de las tentaciones conspiratorias. Azaña, según se cuenta, tomó la decisión “para quitarse un peso de encima”. Pero como la historia demostraría, ni la distancia ni el aislamiento sirvieron de contención: más tarde, desde la aún más remota Comandancia de Canarias, Franco se erigiría como figura central del alzamiento de julio de 1936.
En su nuevo destino, con base en Palma de Mallorca, Franco se dedicó con rigor a estudiar la defensa estratégica de las islas, consciente de que eran un bocado apetecido por el expansionismo fascista de Benito Mussolini, que por entonces avanzaba en África. Elaboró un proyecto integral de defensa, en el que colaboró el teniente de navío Luis Carrero Blanco, a quien Franco conocía desde el desembarco de Alhucemas en 1925. Recomendado por los coroneles Barroso y Ungría —agregados militares en la embajada de París—, Carrero trabajó junto a un oficial francés de su confianza en la redacción de un voluminoso plan que Franco valoró profundamente y nunca olvidó.
El 28 de febrero de 1934 falleció la madre de Franco, nacida en 1865. El golpe emocional fue profundo, y ensombreció el ascenso que recibiría semanas después. El general, lejos de celebrarlo, se limitó a enviar un telegrama protocolario. El 23 de marzo de 1934, a propuesta del ministro de la Guerra Diego Hidalgo Durán —impresionado por el estudio estratégico elaborado en Baleares—, el gobierno salido de las urnas de noviembre de 1933 ascendió a Franco al empleo de general de división. El gobierno había cambiado de signo y las penurias de Franco con el régimen terminaron de repente. Tenía 41 años y acumulaba ya ocho años en el generalato. Con este nombramiento, alcanzaba la cúspide de su carrera militar, en un ejército donde los rangos superiores habían sido abolidos.
En septiembre de ese mismo año, Hidalgo invitó a Franco como asesor personal a unas maniobras en los Montes de León. Era un gesto de confianza, pero también una señal de que, pese a las tensiones políticas, Franco seguía siendo una figura respetada, observada con atención… y temida por algunos.
La Revolución de Asturias, octubre de 1934
En octubre de 1934, la II República enfrentó su mayor desafío interno hasta entonces: una insurrección de carácter revolucionario que se extendió por varias regiones del país. El día 5 se declaró en Madrid una huelga general revolucionaria, impulsada por la UGT y el PSOE, que en la práctica funcionó como un golpe de Estado, organizado y en toda regla. Al día siguiente, Lluís Companys proclamó el Estat Català desde la Generalitat, desafiando abiertamente al gobierno central.
El general Domingo Batet, con temple y rapidez, sofocó la rebelión en Cataluña sin derramamiento de sangre excesivo. En Asturias, sin embargo, el conflicto adquirió una dimensión mucho más violenta. El gobierno republicano llamó a Francisco Franco para colaborar en la coordinación de la represión, aunque no dirigió directamente las operaciones sobre el terreno. Esa responsabilidad recayó en el general Eduardo López Ochoa.
Franco, desde su posición en la Comandancia de Baleares, organizó el envío de tropas de choque desde África: legionarios y regulares desembarcaron en Gijón el 12 de octubre. La ofensiva fue fulminante. Para el día 18, la insurrección estaba sofocada, pero el coste humano fue elevado: cerca de 1.200 muertos, la mayoría en Asturias, de los cuales 300 entre fuerzas de seguridad y ejército, unos 2.000 heridos, 34 religiosos asesinados y alrededor de 30.000 detenidos en toda España.
La Revolución de Octubre dejó una huella profunda en la memoria colectiva y en la trayectoria de Franco. Aunque su papel fue más técnico que operativo, su eficacia en la coordinación y su lealtad al orden establecido reforzaron su imagen como hombre de Estado, disciplinado y resolutivo. Para muchos, fue la confirmación de que, llegado el momento, Franco sabría actuar con firmeza.
Jefe del Ejército de África y Jefe del Estado Mayor Central
Tras su papel organizativo en la represión de la Revolución de Octubre de 1934, Francisco Franco permaneció en Madrid hasta febrero del año siguiente. El 14 de ese mes fue nombrado Jefe de las Fuerzas Militares en África, un reconocimiento a su eficacia y a su cercanía con los círculos militares conservadores. El nombramiento lo devolvía a su escenario natural: el Protectorado, donde había forjado su carrera y su red de lealtades.
En mayo de 1935, José María Gil Robles —líder de la CEDA— fue nombrado Ministro de la Guerra. Convocó a una reunión con los principales generales del Ejército: Franco, Goded, Gómez Morato, Riquelme, Núñez de Prado, Rodríguez del Barrio, Cabanellas, Villabrille, Peña, entre otros. La conclusión fue unánime y desoladora: el Ejército estaba deshecho.
El 17 de mayo, Gil Robles nombró a sus colaboradores: Franco como Jefe del Estado Mayor Central, el general Fanjul como subsecretario, y el general Goded al frente de Aeronáutica. Franco, desde su nuevo cargo, emprendió una ambiciosa reorganización militar. Restableció los tribunales de honor, apartó del mando a oficiales considerados poco fiables —Miaja, Mangada, Villalba, Sarabia, Camacho, Riquelme, Hidalgo de Cisneros— y rehabilitó figuras clave como el coronel Monasterio y el general Mola, quien fue nombrado jefe del Ejército de Marruecos.
Se abordaron reformas estructurales: normalización de sueldos, creación de cooperativas militares, organización de un servicio de información reservado. Se proyectó la adquisición de patentes para aviones de caza y bombardeo, la fabricación de cien cañones, el reajuste de piezas antiaéreas y la provisión de cascos de acero para los soldados. La producción de cartuchos se incrementó con vistas a alcanzar los 800.000 diarios, y se estudió incluso la posibilidad de fabricar gases para la guerra química. Las guarniciones de Cartagena y Baleares fueron reforzadas.
Todo este esfuerzo se concentró en apenas seis meses, durante los cuales se redactó un ambicioso plan de rearme a tres años y un proyecto completo de defensa nacional, bajo la dirección del Estado Mayor Central presidido por Franco. La cifra destinada a esta empresa —1.100 millones de pesetas— era altísima para la época, y reflejaba la magnitud del intento.
Pero el 9 de diciembre de 1935, la crisis política se llevó por delante a Gil Robles, que abandonó el Ministerio. Con él se desvaneció el proyecto, que quedó reducido a simples ilusiones. El Ejército, como el país, seguía dividido, vulnerable y a la deriva. Franco, sin embargo, había dejado su sello: como en el Plan de Defensa de Baleares, dejó por escrito el plan que se necesitaba para la modernización de las Fuerzas Armadas.
Las elecciones de febrero de 1936 y la primavera trágica
Niceto Alcalá-Zamora (1877 – 1949), presidente de la República, nombró a Manuel Portela Valladares como presidente del Consejo de Ministros con la intención de convocar elecciones y reagrupar en torno a un partido de centro a las fuerzas que habían triunfado en los comicios de noviembre de 1933. Su rechazo a la CEDA, más por celos personales que por diferencias ideológicas, lo llevó a intentar construir una alternativa política fiel a su ideario. Pero el intento fracasó: el centro político se desvanecía mientras el país se polarizaba. Manuel Portela Valladares fue nombrado Presidente del Consejo de Ministros el 14 de diciembre de 1935. Su mandato se extendió hasta el 19 de febrero de 1936, justo después de las elecciones generales del día 16. Se produjo el nombramiento de Manuel Azaña como su sucesor.
Las elecciones fueron convocadas el 8 de enero para celebrarse en dos vueltas: el 16 de febrero y el 1 de marzo. La campaña fue violenta, con 249 actos criminales registrados en apenas dos semanas. La noche del 16, antes incluso de conocerse los resultados, las calles se llenaron de turbas y el terror se apoderó del gobierno. Portela Valladares, desbordado, declaró el estado de alarma y dimitió irrevocablemente el 19 de febrero.
Presionado por el Frente Popular, Alcalá-Zamora nombró a Manuel Azaña como nuevo presidente del Consejo de Ministros para calmar a las masas. En sus memorias y en una entrevista al Journal de Genève en 1937, Alcalá-Zamora relató cómo el Frente Popular, pese a obtener poco más de 200 actas en un Parlamento de 473 diputados, logró hacerse con la mayoría absoluta mediante dos etapas de manipulación y violencia. Primero, desde la noche del 16, se desencadenó una ofensiva callejera que incluyó la toma de documentos electorales y la falsificación de resultados.
Segundo, una vez conquistada la mayoría, se reforzó mediante la Comisión de Validez de Actas, que anuló victorias de la derecha y proclamó diputados derrotados, consolidando una mayoría artificial y aplastante.
Azaña, ya en el poder, escribió a su cuñado Cipriano Rivas Cherif sobre la adjudicación sospechosa de unas 40 actas que cambiaron de manos “milagrosamente”, permitiendo al Frente Popular instaurar lo que llamaron una “República de nuevo cuño”. El pucherazo estaba servido.
En marzo comenzaron las reuniones conspirativas entre generales, encabezadas por Emilio Mola. Franco, aunque informado, solo asistió a la primera reunión el día 8. Mola, desde Pamplona, bajo la Comandancia de Burgos, elaboró un Plan Director que buscaba incorporar a Falange, y también a los monárquicos: alfonsinos y carlistas. Franco, desde Canarias —adonde había sido enviado por Azaña para mantenerlo alejado del epicentro político— se mostraba reticente. Su respuesta habitual a los emisarios era lacónica: “Geografía poco extensa”.
Mientras tanto, la situación en España se deterioraba. En primavera, todos los presos de la Revolución de Octubre de 1934 fueron liberados, y muchos patronos se vieron obligados a readmitir a quienes habían asesinado a sus familiares, padres, hijos, esposos… El 7 de abril, Alcalá-Zamora fue destituido en circunstancias sospechosas (nuevo golpe de estado), y el 10 de mayo Azaña asumió la presidencia de la República. Casares Quiroga tomó las riendas del Consejo de Ministros.
Franco, que todavía creía en la posibilidad de restaurar el orden por cauces institucionales, envió el 23 de junio una carta a Casares, alertando sobre el deterioro del orden público y ofreciéndose para intervenir. Pero el gobierno, lejos de actuar, parecía esperar el golpe para purgar definitivamente al Ejército.
El detonante llegó el 12 de julio, con el asesinato del teniente de asalto José del Castillo, próximo al PSOE, en represalia por la muerte del alférez de la Guardia Civil Anastasio de los Reyes el 16 de abril, a la que al parecer respondió la Falange el 8 de mayo con el asesinato de Carlos Faraudo, militar socialista. Castillo también estaba en la lista. En respuesta, militantes comunistas y socialistas, acompañados por guardias de asalto de la escolta de Indalecio Prieto y por el capitán de la Guardia Civil Fernando Condé —afecto al PSOE— secuestraron y asesinaron al líder de Renovación Española, José Calvo Sotelo, en la madrugada del 12 al 13. Su cadáver fue abandonado en los arcos del cementerio del Este. Luis Cuenca Esteva, miliciano socialista hábil con la pistola, perteneciente a la escolta de Indalecio Prieto, descargó dos disparos en la nuca del líder derechista.
El crimen sacudió al país. “Es la guerra”, dijo Prieto al conocer la noticia. Para Franco, fue el punto de no retorno.
Muy posiblemente ya había dado su consentimiento al Plan Director, pero ahora confirmó su participación sin reservas. Las diferencias entre Mola y los carlistas se resolvieron, y el golpe quedó programado para el 18 de julio.
Bibliografía de consulta:
- Mis conversaciones privadas con Franco, por Francisco Franco Salgado-Araújo. (1976)
- Mi vida junto a Franco, por Francisco Franco Salgado-Araújo. (1977)
- 1936, fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular, por Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García. (1978)
- El secreto de Franco, por Guillermo Gortázar. (1979)
- Franco, una biografía personal y política, por Stanley G. Payne y Jesús Palacios, 1ª edición 2015 o 2ª edición 2025. (1980)
- La guerra civil que vino de África, por Joaquín Rivera Chamorro. (1981)
Antonio Miguel Sánchez, psicólogo licenciado por la UNED, políglota y observador políticamente incorrecto durante los últimos 50 años
