La Comisión Europea ha publicado estos días su previsto Informe sobre el Estado de Derecho 2025, centrando uno de sus capítulos en la situación del Estado de derecho en el país. El documento, elaborado por el personal de la Comisión y presentado en Estrasburgo, repasa los avances y desafíos recientes en la justicia, lucha contra la corrupción, pluralidad de medios y garantías institucionales del país, ofreciendo una radiografía exhaustiva sobre la salud democrática y la calidad institucional española en un momento de intensos debates políticos y legislativos.
Uno de los aspectos más señalados, al tiempo que esperados, tiene que ver con la lucha contra la corrupción. A pesar de algunas mejoras normativas y el refuerzo de recursos en la investigación de casos de corrupción de alto nivel, el informe advierte que “el trabajo pendiente es considerable”.
El Gobierno está obligado, por ley y por compromisos con la UE, recuerda el informe, a adoptar una estrategia integral contra la corrupción, cuya elaboración aún no ha comenzado. Prosiguen las reformas en el Código Procesal Penal para acortar la duración de los procedimientos y se detectan mejoras en la eficiencia de la Fiscalía Anticorrupción, pero advierte que la aplicación de sanciones por soborno extranjero sigue siendo baja.
Aunque se reconoce una buena cooperación entre las administraciones en la lucha anticorrupción y el papel creciente del Consejo de Transparencia, este último, apunta, sigue “muy limitado” por los recursos disponibles.
En cuanto a los conflictos de intereses, el informe admite que ha habido algunos avances normativos, destacando el envío al Parlamento de un proyecto para regular el lobby y reforzar la independencia y potestad sancionadora de la Oficina de Conflictos de Intereses. No obstante, la Comisión lamenta la falta de progreso en cuanto a la actualización del régimen aplicable a empleados públicos y reclama que se aceleren las reformas previstas.
Reforma del Poder Judicial
Uno de los ejes del informe es la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano clave en la arquitectura institucional española. Tras un estancamiento de varios años, en 2024 se reanudó el diálogo con la Comisión Europea y, como resultado, el 25 de junio de ese año se alcanzó un acuerdo para renovar el CGPJ.
Los nuevos miembros tomaron posesión en julio y, en septiembre, España nombró por primera vez a una mujer como presidenta tanto del Consejo como del Tribunal Supremo. Este paso fue valorado positivamente en Bruselas, pero la Comisión señala que queda pendiente adaptar el procedimiento de elección de los vocales de origen judicial a estándares europeos de independencia, asunto sobre el que urge avanzar para disipar dudas sobre la politización de los nombramientos judiciales.
A pesar de los avances en la renovación del CGPJ y la reactivación de 120 nombramientos en altas magistraturas, que estuvieron paralizados, persisten críticas y protestas por parte de jueces y fiscales ante algunas reformas. El informe detecta que la percepción de la independencia judicial sigue siendo baja entre la ciudadanía española (39%) y solo alcanza un nivel medio entre las empresas (40%), aunque se observan leves mejoras respecto a años anteriores.
El informe destaca también los pasos dados para reforzar la independencia de la Fiscalía General del Estado. En 2024, una reforma legal introdujo limitaciones para que excargos públicos pudieran ser nombrados fiscales generales y prohibió su intervención en casos que les afectaran personalmente. En mayo de 2025, se presentó un anteproyecto para desvincular definitivamente el mandato del Fiscal General del ciclo político, que pasaría a ser de cinco años no renovables y no simultáneo al del Gobierno, buscando ajustarse a estándares europeos.
Además, el anteproyecto prevé que las comunicaciones entre el Gobierno y la Fiscalía sean públicas y por escrito, y endurece las condiciones de cese y las causas de recusación. La iniciativa ha levantado debates entre sectores judiciales, pero representa, según la Comisión, un avance hacia la autonomía funcional del Ministerio Público.
Digitalización de la justicia y acceso a la información: ventanas a mejorar
España ha avanzado en la digitalización de la Justicia, aunque se sigue señalando la lentitud de los procedimientos judiciales, especialmente en el Tribunal Supremo. En materia de acceso a la información pública, el informe critica la falta de avances reales, especialmente en la revisión de la Ley de Secretos Oficiales, y recuerda que la transparencia y el libre acceso a los documentos oficiales son pilares insustituibles del Estado de derecho. El organismo europeo solicita a España que remate las reformas pendientes en este ámbito y que refuerce las garantías de acceso, elemento esencial para la rendición de cuentas institucional.
Por otra parte, el capítulo español detecta avances y retos en pluralidad y control de los medios de comunicación, señalando que el regulador audiovisual está preparándose para nuevas competencias supervisoras y que se ha reformado la ley de radiotelevisión pública para reforzar el rol de la presidencia en el consejo de administración.
Sin embargo, persisten preocupaciones sobre la transparencia en la propiedad de los medios y la necesidad de contar con un registro público fiable y actualizado de empresas y profesionales del sector, algo que depende de la aprobación de la futura Ley de Servicios y Medios Digitales. Al mismo tiempo, el marco legal para la publicidad institucional permanece inalterado, a pesar del notable aumento de campañas públicas en el último año.
A su vez, la Comisión alerta sobre el deterioro de las condiciones laborales y de seguridad de los periodistas y sobre la ausencia de avances contundentes en acceso a la información y protección de fuentes.
El impacto de la Ley de Amnistía y nuevas garantías constitucionales
El informe relata que la reciente Ley de Amnistía superó el escrutinio del Tribunal Constitucional español, declarando su compatibilidad con la Carta Magna. No obstante, varias cuestiones prejudiciales han llegado ya al Tribunal de Justicia de la UE, evidencia del calado y la trascendencia europea de esta medida excepcional.
Además, se ha creado un nuevo organismo de igualdad y se han realizado varios nombramientos en órganos independientes, mientras prosigue la tramitación para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, cuyo contenido sigue bajo revisión tras recibir críticas de la sociedad civil y la propia Comisión.
Recomendaciones de Bruselas y la hoja de ruta para España
- El informe de la Comisión concluye con una batería de recomendaciones precisas:
- Consolidar la autonomía y el sistema de nombramiento independientes tanto del CGPJ como de la Fiscalía, conforme a los estándares europeos.
- Aprobar la ley sobre el lobby y fortalecer el control de conflictos de interés.
- Culminar la reforma del proceso penal para agilizar investigaciones y enjuiciamientos de corrupción.
- Mejorar el acceso a la información, con una revisión de la Ley de Secretos Oficiales.
- Avanzar en transparencia en la propiedad de medios y en una ley de servicios digitales.
En suma, aunque España ha avanzado desde el último informe, las instituciones europeas insisten en que los desafíos sobre la independencia judicial, la lucha contra la corrupción y la transparencia pública exigen nuevas reformas urgentes, pilotadas desde una mayor cultura de legalidad y participación democrática.
El informe señala mejorías notables en algunos campos, pero lanza la advertencia de no caer en la autocomplacencia: el Estado de derecho es un proceso, no una meta, y España debe mantener el ritmo de reformas para consolidar su democracia en la compleja agenda europea de este tiempo.
Razones de las tensiones y protestas de jueces y fiscales ante las reformas judiciales
En este marco, la reforma judicial sigue generando un clima de tensión entre el poder judicial y el Gobierno en España. Aunque se han producido avances notables en cuestiones como la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la propuesta de mayor autonomía para la Fiscalía General, subsisten motivos de fricción que desembocan en protestas y manifestaciones recurrentes de jueces y fiscales.
Las razones principales son la percepción de politización en el nombramiento de altos cargos. Uno de los principales focos de malestar es el procedimiento de elección de los vocales de origen judicial para el CGPJ. Aunque ha habido avances y renovaciones, gran parte de la judicatura considera que el sistema sigue permitiendo injerencias políticas, al no garantizar plenamente la independencia judicial en la elección de estos miembros.
La Comisión Europea ha señalado la necesidad urgente de adaptar el sistema español a los estándares europeos en materia de independencia, algo que aún no se ha logrado plenamente. Este estancamiento alimenta la sensación de que las reformas sólo avanzan cuando hay presión externa o acuerdo político puntual, no por convencimiento institucional.
Luego está la falta de confianza en la independencia efectiva. Las encuestas muestran que solo el 39% de la ciudadanía y el 40% de las empresas perciben independencia en la justicia española, cifras bajas para los estándares europeos. Los jueces y fiscales temen que los cambios legislativos no respondan a una voluntad real de blindar la independencia, sino a coyunturas políticas.
Y a pesar de las propuestas para desvincular el mandato del Fiscal General del ciclo político, muchos jueces y fiscales dudan de la efectividad real de estos cambios. La reforma avanza, pero persisten dudas sobre la independencia y funciones prácticas de la Fiscalía, y sobre la transparencia en la comunicación con el Gobierno.
Así mismo, se denuncia desde la judicatura que las reformas se están haciendo sin suficiente consulta o consenso con los principales afectados. La falta de participación efectiva de jueces y asociaciones judiciales en la redacción o negociación alimenta el descontento y las protestas. Algunas reformas afectan también a cuestiones de carrera profesional, retribuciones, condiciones de trabajo y carga de trabajo, creando una motivación adicional para la protesta.
El enfrentamiento político sostenido sobre el control y reformas del poder judicial se percibe como una amenaza simbólica y práctica a la separación de poderes, principio fundamental del Estado de derecho. El clima social y político, tal y como recoge la Comisión Europea, es de protesta continuada por parte del sector judicial, que reclama “reformas estructurales, duraderas y pactadas” que eviten la repetición de crisis institucionales y garantice la independencia para futuras generaciones.
En definitiva, las tensiones persisten porque buena parte del poder judicial y fiscal considera insuficientes o insuficientemente garantistas las reformas planteadas, las desarrolla un Ejecutivo de corte mayoritario sin diálogo consensuado y, sobre todo, por el temor a que la politización y la presión coyuntural sigan influyendo sobre la estructura y funcionamiento de la justicia española.
