La democracia continúa siendo la forma de gobierno preferida por una amplia mayoría de los españoles, aunque la percepción sobre su funcionamiento dista mucho de ser positiva. Así se desprende de la cuarta encuesta sobre la calidad de la democracia elaborada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), según la cual el 80,8% de la población considera que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, mientras que únicamente una minoría se inclina por opciones autoritarias o se muestra indiferente entre ambos sistemas.
El estudio confirma que el respaldo al sistema democrático permanece sólido pese al clima de polarización política y a la pérdida de confianza en algunas instituciones. En concreto, ocho de cada diez ciudadanos defienden la democracia como el mejor modelo de organización política, un porcentaje ligeramente superior al registrado en anteriores ediciones del mismo estudio. Además, el 72,7% considera que la forma en la que se llevó a cabo la Transición española constituye un motivo de orgullo colectivo, lo que refleja un amplio reconocimiento al proceso que permitió el paso de la dictadura a un sistema democrático.
Sin embargo, esa defensa de la democracia convive con una valoración muy crítica sobre su funcionamiento cotidiano. Solo el 20,5% de los encuestados afirma sentirse «muy» o «bastante» satisfecho con el funcionamiento de la democracia en España, mientras que el 56,9% asegura estar «poco» o «nada» satisfecho. La diferencia entre el apoyo al sistema democrático y la percepción de su desempeño revela que los ciudadanos distinguen entre la legitimidad del modelo y la gestión práctica de las instituciones.
La encuesta identifica además cuáles son las principales preocupaciones de los españoles para mejorar la calidad democrática. La lucha contra la corrupción aparece como la demanda más citada, seguida por la necesidad de reforzar la independencia de la Justicia y reducir la politización institucional. Los ciudadanos reclaman también una mayor transparencia en la gestión pública, una rendición de cuentas más efectiva y mecanismos que permitan fortalecer la confianza en las instituciones.
Precisamente la Administración de Justicia figura entre los ámbitos que suscitan mayor desconfianza. Tres de cada cuatro españoles consideran que la Justicia no actúa con plena imparcialidad y casi nueve de cada diez creen que políticos y ciudadanos no reciben el mismo trato ante los tribunales. Estas percepciones sitúan la independencia judicial entre los principales retos señalados por la ciudadanía para mejorar la calidad democrática del país.
El estudio también pone de manifiesto la escasa confianza que despiertan los partidos políticos. Aunque tres de cada cuatro ciudadanos reconocen que son imprescindibles para el funcionamiento de una democracia representativa, siguen siendo una de las instituciones peor valoradas. Esta aparente contradicción refleja el distanciamiento existente entre la población y las organizaciones políticas, consideradas necesarias para articular el pluralismo democrático, pero percibidas con frecuencia como alejadas de las preocupaciones sociales.
Otro de los apartados de la encuesta analiza la percepción sobre los medios de comunicación. Una amplia mayoría de los entrevistados considera que los medios difunden en ocasiones informaciones falsas o poco rigurosas y que favorecen determinadas posiciones políticas o intereses económicos. Estos datos evidencian el deterioro de la confianza pública en el ecosistema informativo en un contexto marcado por la proliferación de la desinformación y la creciente polarización del debate público.
El ejército, a salvo
En contraste con esa pérdida de confianza en distintas instituciones, las Fuerzas Armadas vuelven a situarse entre los organismos públicos mejor valorados por los ciudadanos, seguidas de otros servicios del Estado que mantienen una percepción más favorable que la obtenida por partidos políticos, Parlamento o sistema judicial.
La encuesta del CIS dibuja así una fotografía compleja de la opinión pública española. Por un lado, existe un consenso muy amplio en torno a la democracia como el mejor sistema de gobierno y al valor histórico de la Transición democrática. Por otro, ese respaldo convive con un elevado nivel de insatisfacción respecto al funcionamiento de las instituciones, una percepción crítica sobre la independencia de la Justicia, una escasa confianza en los partidos políticos y una creciente demanda de reformas destinadas a reforzar la transparencia, combatir la corrupción y mejorar la calidad democrática.
