Desde los documentos del 23-F en España hasta los archivos sobre el asesinato de JFK en Estados Unidos, los gobiernos democráticos navegan entre la necesidad de transparencia y el uso discrecional del secreto de Estado. Una investigación de la Universidad de Granada analiza cómo la gestión del pasado condiciona la salud democrática del presente.
La transparencia es el oxígeno de cualquier democracia, pero incluso en los sistemas más abiertos existen «zonas de sombra» donde la información queda fuera del alcance de la ciudadanía por motivos de seguridad nacional. Sin embargo, cuando esa información pertenece al pasado —décadas atrás—, el secreto deja de ser una medida de protección para convertirse en un obstáculo para la memoria colectiva.
El reciente anuncio del Gobierno de España sobre la desclasificación de documentos relativos al intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 ha reabierto un debate global: ¿quién decide qué debe saberse y cuándo?
El doctor Juan Francisco Sánchez Barrilao, experto en Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, advierte que el acto de «liberar» documentos suele estar marcado por una profunda discrecionalidad política. El caso español es paradigmático: la actual Ley de Secretos Oficiales data de 1968, en plena dictadura franquista.
A pesar de las reformas parciales, España carece de un sistema de plazos automáticos que obligue a la desclasificación transcurrido un tiempo determinado, lo que deja en manos del Consejo de Ministros la decisión de qué carpetas abrir, a menudo coincidiendo con aniversarios simbólicos o necesidades de agenda política.
El espejo internacional: de Kennedy a la Guerra de Argelia
España no está sola en este laberinto. La investigación señala que otras potencias occidentales también muestran resistencias a la hora de despojarse de sus secretos más traumáticos. En marzo de 2025, Estados Unidos protagonizó una desclasificación masiva —aunque no total— de más de 80.000 páginas relacionadas con el asesinato de John F. Kennedy en 1963.
A pesar del tiempo transcurrido, sectores de la inteligencia estadounidense siguen bloqueando fragmentos específicos alegando que su publicación podría comprometer métodos de seguridad actuales, una justificación que los historiadores cuestionan con frecuencia.
Francia ofrece otro ejemplo de esta tensión. En 2021, el Gobierno francés decretó la desclasificación parcial de archivos sobre la Guerra de Argelia, un conflicto que sigue generando profundas heridas en la sociedad gala. Al igual que en Italia con los atentados terroristas de los «años de plomo» o en Grecia con el golpe de Estado en Chipre, estas desclasificaciones suelen presentarse como actos de «reparación histórica».
No obstante, Sánchez Barrilao subraya que, mientras no exista un marco normativo que automatice estos procesos, la verdad seguirá siendo un «concesión» del poder ejecutivo en lugar de un derecho ciudadano.
El papel crucial de periodistas e historiadores
La discrecionalidad no solo afecta al «cuándo», sino también al «qué». Con frecuencia, las desclasificaciones son selectivas, eliminando nombres o párrafos enteros (los famosos tachones negros), lo que impide una reconstrucción fiel de los hechos.
Esto supone una barrera crítica para periodistas e historiadores, quienes actúan como intermediarios entre los archivos y la opinión pública. Sin acceso a la fuente primaria íntegra, la interpretación de la historia colectiva queda sesgada, limitando la capacidad de la sociedad para aprender de sus propios errores y crisis.
El estudio de la Universidad de Granada destaca casos curiosos de desclasificación cruzada, donde un país revela los secretos de otro. Fue el caso de Alemania en 2012, al publicar transcripciones diplomáticas sobre el papel de la monarquía española tras el 23-F, o de Estados Unidos al liberar archivos sobre la dictadura argentina. Estos episodios demuestran que, en un mundo interconectado, el secreto nacional es cada vez más difícil de mantener si otros estados deciden apostar por la transparencia.
Hacia una «desclasificación automática»
La conclusión de los expertos es clara: la salud de una democracia se mide por su valentía para enfrentarse al pasado. La propuesta que emana de este análisis académico es la sustitución del modelo discrecional por un sistema de plazos automático y temporal. Solo una ley que establezca que, por ejemplo, tras 25 o 50 años toda información debe ser pública sin excepción, garantizaría un control social efectivo sobre el poder.
Mientras tanto, actos como la reciente entrega de 153 documentos sobre el 23-F en España son vistos con escepticismo por algunos expertos, que los califican de movimientos tácticos que aportan poco contenido nuevo pero mucho ruido mediático. La verdadera desclasificación, concluye el informe de la UGR, no debería ser una noticia de portada impulsada por un aniversario, sino un proceso administrativo silencioso, constante y, sobre todo, inevitable.
El derecho a la información
La tensión entre los secretos de Estado y el derecho a la información de los ciudadanos es uno de los debates más complejos y persistentes en cualquier democracia moderna. Esta fricción no es meramente técnica o administrativa; afecta directamente a la calidad de la democracia y a la capacidad de la sociedad para ejercer un control efectivo sobre el poder.
En el marco jurídico (especialmente en el español, bajo los artículos 20.1.d y 105.b de la Constitución), el derecho a recibir información veraz es la norma general, mientras que el secreto de Estado debe ser la excepción estrictamente justificada. Sin embargo, cuando una información se clasifica como «secreta» o «reservada», se extrae automáticamente del circuito de escrutinio público. Esto genera una «zona ciega» donde el ciudadano no puede verificar si las decisiones tomadas por el Gobierno en su nombre son legales, éticas o eficaces. La falta de transparencia en temas de seguridad o defensa puede degenerar en una impunidad de facto, ya que lo que no se conoce no se puede denunciar ni corregir.
Uno de los impactos más graves ocurre en el ámbito de la justicia. Los secretos de Estado pueden bloquear investigaciones judiciales sobre delitos graves (como ocurrió en casos históricos de terrorismo de Estado o redes de espionaje).
Cuando el Gobierno invoca la Ley de Secretos Oficiales para no entregar documentos a un juez, el valor de la verdad jurídica se ve derrotado por el valor de la «seguridad nacional». Esto priva a las víctimas de su derecho a la reparación y a la sociedad de conocer los abusos cometidos por los aparatos del Estado, debilitando la confianza en las instituciones.
Para historiadores e investigadores, el secreto de Estado prolongado indefinidamente actúa como una forma de censura temporal. Al no existir plazos automáticos de desclasificación en leyes antiguas (como la española de 1968), el conocimiento de nuestra historia colectiva queda secuestrado por la voluntad política del momento. Esto impide que la sociedad procese traumas históricos o aprenda de crisis pasadas.
Como señala el análisis de la Universidad de Granada, sin una desclasificación automática, la memoria histórica se convierte en un «regalo» discrecional del Gobierno de turno, en lugar de ser un patrimonio accesible para todos los ciudadanos.
El derecho a la información de los ciudadanos se ejerce, en gran medida, a través de los medios de comunicación. Los secretos de Estado imponen una presión extraordinaria sobre los periodistas. La legislación actual puede prever sanciones astronómicas (en algunos borradores de ley se mencionan multas de hasta 2,5 millones de euros) por difundir información clasificada, incluso si esta ha sido obtenida de forma legítima y tiene un alto interés público. Este marco legal genera un «efecto disuasorio» que empuja a los medios a la autocensura, limitando la circulación de informaciones que podrían ser vitales para que el ciudadano se forme una opinión crítica sobre la gestión de su país.
Finalmente, la afectación más sutil pero profunda es la arbitrariedad. Si el Gobierno puede elegir cuándo desclasificar un documento basándose en la conveniencia política —como aniversarios redondos o momentos de baja popularidad—, el derecho a la información deja de ser un derecho y se convierte en una concesión política. Una democracia plena requiere que el acceso a la información pública sea predecible y regido por la ley, no por el cálculo estratégico de quienes ostentan el poder.
En conclusión, aunque la seguridad del Estado es un bien protegible, el uso excesivo o indefinido del secreto erosiona el derecho a la información, convirtiendo a los ciudadanos en sujetos pasivos que solo conocen la versión oficial de la realidad, privándoles de las herramientas necesarias para juzgar a sus gobernantes y comprender su propio pasado.
