El desplazamiento de la inestabilidad desde el Sahel hacia el norte de África, el aumento de la actividad de grupos yihadistas, la presión migratoria, el tráfico de drogas y armas, la competencia entre potencias y la creciente presencia rusa en distintos escenarios africanos han convertido el flanco sur de Europa en uno de los principales desafíos estratégicos para España y la OTAN. Para Madrid, la cuestión adquiere una dimensión añadida por su proximidad geográfica al Magreb, la existencia de Ceuta y Melilla, las rutas migratorias del Atlántico y el Mediterráneo y la importancia de las comunicaciones marítimas que conectan Europa con África y Oriente Próximo.
La seguridad europea ya no puede analizarse exclusivamente desde su frontera oriental. La guerra de Ucrania y la confrontación entre Rusia y Occidente han concentrado buena parte de la atención estratégica de la OTAN en el este, pero los acontecimientos registrados en el norte de África, el Sahel y el Mediterráneo occidental han obligado a recuperar una vieja cuestión: la estabilidad del sur también afecta directamente a la seguridad de Europa.
La propia OTAN reconoce que su vecindad meridional afronta una combinación de problemas políticos, económicos, demográficos y de seguridad. En su análisis estratégico, la Alianza identifica especialmente el Magreb, Oriente Próximo y el Sahel como espacios en los que confluyen terrorismo, conflictos, inestabilidad institucional, migraciones, inseguridad alimentaria y actividad de actores externos.
Para España, esa realidad tiene una importancia particular. Su posición geográfica la sitúa frente a Marruecos y Argelia, a escasa distancia del continente africano, y convierte al Mediterráneo occidental y al Atlántico nororiental en espacios directamente relacionados con la seguridad nacional.
El concepto de flanco sur, además, ha evolucionado. Ya no se limita a la defensa militar convencional de las fronteras. Incluye terrorismo yihadista, crimen organizado, tráfico de personas y estupefacientes, amenazas híbridas, ciberataques, desinformación, inseguridad energética y presión migratoria.
El Sahel representa uno de los principales focos de preocupación. La sucesión de golpes de Estado en Malí, Burkina Faso y Níger, el debilitamiento de la cooperación occidental y la retirada de determinadas misiones internacionales han modificado profundamente el equilibrio regional.
La salida o reducción de la presencia militar occidental ha dejado espacio para nuevos actores. Rusia ha aumentado su influencia en diferentes países africanos y mantiene una relación particularmente estrecha con algunos gobiernos militares del Sahel. La pérdida de influencia europea no significa necesariamente una desaparición de la competencia internacional, sino su sustitución por un escenario con más actores y menos mecanismos de cooperación.
El caso de Libia constituye uno de los antecedentes fundamentales. La caída del régimen de Muamar el Gadafi en 2011 desencadenó un prolongado proceso de fragmentación política y militar que tuvo efectos mucho más allá de las fronteras libias. Un análisis reciente del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) considera que la desestabilización de Libia contribuyó a generar una cadena de efectos que terminó afectando al Sahel y al Mediterráneo central.
La experiencia libia muestra cómo un conflicto aparentemente localizado puede transformarse en un problema regional. Armas, combatientes, redes criminales y flujos migratorios pueden atravesar fronteras que, sobre el terreno, resultan difíciles de controlar.
El fenómeno yihadista constituye otra de las grandes preocupaciones. La actividad de organizaciones vinculadas a Al Qaeda y el Estado Islámico se ha extendido por diferentes áreas del Sahel y ha demostrado capacidad para aprovechar la debilidad institucional, los conflictos locales y la ausencia de servicios públicos.
La inseguridad alimentaria, el desempleo juvenil, el crecimiento demográfico y los efectos del cambio climático contribuyen a crear condiciones de vulnerabilidad. Esto no significa que exista una relación automática entre pobreza y terrorismo, pero sí que la fragilidad institucional facilita la expansión de actores armados y redes criminales.
Para España, la distancia geográfica tampoco constituye una barrera suficiente. Las amenazas pueden desplazarse mediante redes transnacionales. El tráfico de cocaína procedente de América Latina utiliza rutas africanas para acceder a Europa; las organizaciones dedicadas al tráfico de personas conectan África occidental y el Magreb con las costas europeas; y las redes de financiación criminal pueden aprovechar sistemas financieros y tecnológicos internacionales.
Las mafias, parte del problema
La migración irregular forma parte de esta compleja ecuación, aunque conviene diferenciar claramente migración, crimen organizado y terrorismo. La inmensa mayoría de las personas que emprenden rutas migratorias no tiene relación con actividades criminales. El problema de seguridad se encuentra fundamentalmente en las organizaciones que explotan esas rutas y se benefician económicamente de ellas.
El Mediterráneo occidental y el Atlántico cercano a Canarias constituyen, por ello, espacios prioritarios para la vigilancia española. La presión migratoria puede aumentar por conflictos, inestabilidad política, crisis económicas y fenómenos climáticos, mientras las organizaciones criminales adaptan rápidamente sus rutas.
La situación reciente en Ceuta ha vuelto a demostrar hasta qué punto las fronteras españolas del norte de África pueden adquirir una dimensión simultáneamente nacional, europea y geopolítica. La crisis migratoria registrada en julio de 2026 puso de manifiesto la enorme sensibilidad de la frontera ceutí y las dificultades para anticipar movimientos masivos de población.
El episodio se produjo, además, en un contexto de creciente atención sobre las relaciones entre España y Marruecos, dos países cuya cooperación resulta fundamental para la gestión de la frontera, la lucha contra el terrorismo yihadista y el crimen organizado y la prevención de la inmigración irregular.
El equilibrio con el Magreb constituye otra de las prioridades. Marruecos y Argelia son actores esenciales para la seguridad española, aunque mantienen una fuerte rivalidad regional. Sus relaciones afectan a cuestiones energéticas, comerciales, migratorias, militares y al conflicto del Sáhara Occidental.
España necesita mantener relaciones de cooperación con ambos países, pero la estrategia no es sencilla. La modernización militar de Marruecos, su creciente cooperación con Estados Unidos y su posición geográfica convierten al país en un actor cada vez más relevante para el equilibrio del Mediterráneo occidental.
La reciente inauguración del Centro Africano de Entrenamiento y Experimentación Multidominio (AMTEC) en Tan-Tan, en colaboración con Estados Unidos, ha vuelto a situar el foco sobre la evolución de las capacidades militares marroquíes. La instalación se encuentra relativamente cerca de Canarias y ha generado preguntas sobre el nivel de información y coordinación con las autoridades españolas.
Argelia representa otra pieza esencial. Su condición de gran productor de gas y su posición frente al Mediterráneo convierten al país en un socio estratégico para Europa, pero también en una potencia militar regional con intereses propios. El IEEE destaca la evolución de las relaciones argelinas con Estados Unidos y la creciente competencia en los mercados energéticos y de defensa del Magreb.
La dimensión energética es fundamental. El Mediterráneo occidental constituye una vía esencial para el suministro energético europeo, mientras España dispone de infraestructuras gasistas y conexiones que le proporcionan una posición singular dentro del continente.
Pero el flanco sur también afecta a las comunicaciones marítimas. El Mediterráneo concentra rutas comerciales fundamentales para Europa y conecta el Atlántico con el canal de Suez. Cualquier deterioro significativo de la seguridad marítima puede tener consecuencias económicas que trasciendan la región.
Por eso, España mantiene una presencia militar permanente en determinadas áreas de interés. La operación de Presencia, Vigilancia y Disuasión del Ejército español incluye actividades de vigilancia y reconocimiento en los territorios extra peninsulares y espacios marítimos de interés nacional.
La arquitectura de seguridad española se complementa con instalaciones estratégicas como Rota, Morón, Cartagena o las bases de Canarias, que desempeñan funciones relevantes para España y, en distintos ámbitos, para la cooperación aliada.
La base naval de Rota, en particular, está inmersa en un importante programa de modernización que contempla inversiones de unos 250 millones de euros hasta 2030. Su posición, en la entrada occidental del Mediterráneo y próxima al norte de África, refuerza su valor estratégico para España, Estados Unidos y la OTAN.
La Alianza Atlántica también está modificando su aproximación al sur. En 2024, los aliados aprobaron un plan de acción para reforzar la relación estratégica con el vecindario meridional, y ese mismo año el secretario general de la OTAN designó a Javier Colomina como representante especial para el flanco sur, una figura creada específicamente para mejorar la atención de la Alianza a esta región.
En febrero de 2026, altos responsables aliados se reunieron en Estambul para profundizar en la cooperación con los socios del vecindario meridional y analizar los principales desafíos de seguridad regional.
La OTAN busca así ampliar la cooperación con países del norte de África, Oriente Próximo y el Sahel. El objetivo no es convertir a la Alianza en una organización de seguridad africana, sino evitar que la inestabilidad regional termine proyectándose sobre el territorio aliado.
España tiene un papel particularmente relevante en esa estrategia. Su experiencia en el Mediterráneo, sus relaciones con los países del Magreb, su presencia en África occidental y sus capacidades navales y aéreas le permiten actuar como uno de los principales interlocutores europeos en la región.
Sin embargo, existe un problema estructural: la seguridad del Sahel no puede resolverse exclusivamente mediante instrumentos militares. La experiencia de las últimas dos décadas demuestra que las operaciones militares pueden contener amenazas concretas, pero difícilmente solucionan por sí solas la debilidad institucional, la pobreza, la falta de oportunidades económicas o los conflictos comunitarios.
Por ello, la estrategia europea necesita combinar defensa, diplomacia, cooperación al desarrollo, inteligencia, seguridad fronteriza y políticas económicas.
La inteligencia desempeña aquí un papel creciente
Conocer los movimientos de grupos armados, redes criminales, organizaciones de tráfico de personas o actores externos requiere compartir información entre servicios nacionales y aliados. La vigilancia por satélite, los drones, la inteligencia de señales y el análisis mediante inteligencia artificial pueden aumentar la capacidad de anticipación.
Pero también existen riesgos. Cuanto mayor sea la dependencia de tecnologías de vigilancia, mayor será la necesidad de proteger las comunicaciones y los sistemas de información frente a ciberataques.
El escenario geopolítico tampoco facilita la cooperación. Rusia, China, Turquía y otros actores han aumentado su presencia económica, diplomática o militar en África. La competencia no se limita a las armas: también afecta a minerales críticos, energía, infraestructuras, telecomunicaciones y acceso a mercados.
En este contexto, el flanco sur se convierte en un escenario de competición híbrida. Las campañas de desinformación, la presión migratoria, las operaciones de influencia y el control de infraestructuras estratégicas pueden utilizarse junto a instrumentos militares convencionales.
El reto para España y la OTAN será evitar que todos estos problemas sean interpretados como una única amenaza. Migración, terrorismo, crimen organizado, rivalidad geopolítica y conflictos regionales son fenómenos diferentes, aunque puedan interactuar.
La respuesta deberá ser igualmente multidimensional. España se encuentra, por su posición geográfica, en primera línea de esa transformación. La seguridad de la Península, Canarias, Ceuta y Melilla está estrechamente vinculada a la evolución del norte de África y el Sahel.
La principal conclusión es que Europa no puede considerar el Mediterráneo y África como una periferia estratégica. Los acontecimientos que se producen en el Sahel pueden terminar afectando a las fronteras europeas, a las rutas energéticas, al comercio, a la seguridad marítima y a la estabilidad política.
El flanco sur no sustituirá al flanco oriental como prioridad de la OTAN, pero sí constituye un desafío que exige una atención permanente. La propia Alianza reconoce que las amenazas procedentes de su vecindad meridional están interconectadas y requieren una respuesta política, económica y de seguridad.
Para España, la ecuación es todavía más directa. El Sahel empieza mucho más cerca de lo que indican los mapas: sus crisis pueden proyectarse hacia el Magreb, cruzar el Mediterráneo y alcanzar las fronteras españolas.
El desafío de las próximas décadas será conseguir que la vigilancia, la cooperación internacional y la capacidad militar permitan anticipar esas amenazas sin convertir el Mediterráneo en una frontera permanentemente militarizada.
Porque la seguridad del sur de Europa ya no se decide únicamente en sus costas. También se juega en el Sahel, en el Magreb, en las rutas atlánticas y en las relaciones entre las potencias que compiten por aumentar su influencia en África.
