La invasión rusa de Ucrania ha sacudido los cimientos de la seguridad europea y ha obligado a la Unión a mirarse en el espejo de sus propias limitaciones estratégicas. Para analizar ese escenario con rigor, la Fundación Ramón Areces y la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España reunieron en Madrid a tres de los más destacados especialistas en la materia: el embajador Manuel Acerete Gómez, representante permanente de España en el Comité Político y de Seguridad de la UE entre 2017 y 2021; Belén Martínez Carbonell, secretaria general del Servicio Europeo de Acción Exterior; y Alejandro Rubio González, director de la Asesoría Jurídica de Navantia. La sesión fue moderada por Rosario Silva de Lapuerta, académica de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, y pasó revista a décadas de avances, retrocesos y reformas pendientes en el ámbito de la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) de la Unión Europea.
El embajador Acerete ofreció la visión más histórica y, también, la más crítica. Con una trayectoria dedicada precisamente a estos asuntos, describió el proceso de construcción europea en defensa con una metáfora que resume bien el estado de ánimo de quienes lo han vivido desde dentro: «Estas cuestiones de defensa a las que me he dedicado han recordado en cierto modo a las tareas de Sísifo: volver a comenzar una y otra vez«.
En su repaso a los grandes hitos, desde la reactivación de la Unión Europea Occidental hasta los compromisos de Saint-Malo, pasando por la PESCO, el Fondo Europeo de Defensa o la Estrategia Global, el embajador subrayó que «la UE ha avanzado poco en defensa, a menudo retrocediendo tras dar pasos adelante, a veces con la idea de reiniciar de una mejor manera«.
El instrumento estrella de la última década tampoco salió indemne de su análisis: «Al final, la PESCO no ha prosperado mucho por ser demasiado inclusiva y focalizarse en capacidades sin un núcleo duro de compromisos operativos».
Ante la redefinición del papel de la OTAN y la incertidumbre transatlántica abierta por la Administración Trump, Acerete defendió avanzar simultáneamente por tres vías complementarias: «El refuerzo del pilar europeo de la OTAN, el progreso decidido hacia una defensa común sin esperar reformas de Tratado y soluciones flexibles e intermedias que permitan actuar cuando no sea posible hacerlo en la OTAN ni aún bajo una defensa común plenamente operativa».
Una hoja de ruta pragmática que reconoce las limitaciones jurídicas e institucionales del marco actual, ya que, como subrayó, «la defensa es competencia nacional». Como ejemplo de coordinación posible fuera del paraguas del Artículo 5 de la OTAN, citó la respuesta europea ante la reciente agresión a Chipre en el contexto de la guerra de Irán. También reclamó potenciar la Agencia Europea de Defensa como embrión de un «auténtico planeamiento europeo de capacidades» coherente con la Alianza, advirtiendo frente a la tentación de crear nuevas estructuras paralelas que terminen desvinculadas del marco de los Tratados.
La perspectiva de Belén Martínez Carbonell aportó la dimensión más diplomática e institucional del debate. La número dos del cuerpo diplomático de la Unión arrancó su intervención con una afirmación que condensa el cambio de era vivido en los últimos años: «La agresión rusa contra Ucrania ha cambiado completamente el panorama de la seguridad» y ha hecho «mucho más tangible la vulnerabilidad de todos los ciudadanos de la Unión Europea».
A esa amenaza convencional se suma ahora el auge de las «guerras híbridas«, con ataques de drones y ciberataques que borran la frontera entre lo militar y lo civil. Martínez Carbonell también señaló la interconexión entre geopolítica y geoeconomía, ilustrada con un ejemplo reciente: «En el Estrecho de Ormuz, un conflicto militar ha bloqueado rutas comerciales estratégicas, afectando a nuestra soberanía económica». Y apuntó a China como un «desafío económico, pero también militar», dada la «capacidad brutal» que el gigante asiático ha desarrollado en los últimos años en un contexto de creciente imprevisibilidad en la relación transatlántica.
Sobre el apoyo europeo a Ucrania, Martínez Carbonell subrayó su carácter simultáneamente militar, financiero y diplomático, y recordó el préstamo de 90.000 millones de euros recientemente aprobado por los Estados miembros. Pero fue especialmente rotunda al hablar del futuro del país en guerra: «Ahora mismo, Ucrania está en la vanguardia de la tecnología. Lo que hoy tiene un objetivo militar mañana tendrá aplicaciones múltiples».
En cuanto a las reformas institucionales necesarias, la secretaria general del SEAE no se anduvo por las ramas: defendió agilizar las decisiones a Veintisiete mediante «más mayorías cualificadas», cooperaciones reforzadas y coaliciones de los dispuestos, para que «un pequeño país no pueda bloquear a los otros 26». Y formuló lo que podría ser el lema de la nueva Europa de la defensa: «No se trata solo de gastar más, sino de gastar mejor y de gastar juntos». Todo ello, insistió, dentro de un marco en el que «la OTAN tiene que seguir siendo nuestra primera alianza y nuestro primer socio».
La intervención de Alejandro Rubio González puso sobre la mesa los números que explican buena parte de las dificultades estratégicas europeas. Desde la óptica industrial y jurídica, el director de la Asesoría Jurídica de Navantia describió una industria de defensa europea «demasiado fragmentada» y con una alarmante «falta de estandarización e interoperabilidad».
Los datos comparativos que aportó resultan difíciles de ignorar: mientras en Europa existen 172 plataformas y sistemas de defensa, Estados Unidos opera únicamente con 32; en el ámbito de los submarinos, la UE maneja 15 plataformas distintas frente a los 4 tipos nucleares norteamericanos. Esta dispersión no solo encarece el gasto, sino que merma la capacidad operativa conjunta. La solución que propuso pasa por la «agregación y coordinación del gasto público» y la «concentración de capacidades» para ganar la escala que hoy no existe.
Rubio también abordó el impacto del calendario de entrega de grandes plataformas sobre los déficits públicos, y respaldó introducir flexibilidad en las reglas fiscales, tal y como sugiere el Libro Blanco de la Defensa. «No se trata solo de un problema de concentración; hay que ver en qué se gasta, para qué se gasta y ajustar las políticas de mercado interior, competencia y ayudas de Estado al objetivo de autonomía estratégica», afirmó. Y cerró su intervención con una nota de optimismo institucional que contrasta con el escepticismo expresado en otros foros: «A diferencia de la conclusión del informe Draghi, el método comunitario no está agotado y conserva su vigor, respaldado por siete décadas de resultados exitosos».
El encuentro puso de relieve que, más allá de las diferencias de énfasis entre los tres ponentes, existe un diagnóstico compartido: Europa necesita actuar con mayor rapidez, gastar con mayor inteligencia y superar las lógicas nacionales que durante décadas han impedido construir una defensa común a la altura de sus ambiciones.
La pregunta que quedó flotando en la sala de la Fundación Ramón Areces es si la presión del nuevo orden geopolítico, con una Rusia en pie de guerra y una alianza atlántica sometida a tensiones sin precedentes, será finalmente el acicate que consiga lo que décadas de declaraciones y tratados no lograron: convertir a la Unión Europea en un actor de seguridad creíble, autónomo y operativo.
