España afronta el terrorismo con un modelo multinivel y civil-centrista: la responsabilidad operativa y policial recae principalmente en los cuerpos de seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil), apoyados por policías autonómicas en sus competencias, mientras que las Fuerzas Armadas actúan como recurso especializado y de apoyo cuando así lo autoriza la ley o lo requiere el Gobierno.
Ese reparto no es casual: responde a la tradición democrática y a garantías de control civil sobre el uso de la fuerza, y está regulado por normas de seguridad y defensa nacional que delimitan cuándo y cómo el Ejército puede intervenir en seguridad interior.
El marco jurídico que legitima la participación de las Fuerzas Armadas en crisis que afecten a la seguridad interior, entre ellas episodios terroristas de gran envergadura, es la Ley de Seguridad Nacional (Ley 36/2015) y las normas orgánicas de Defensa.
La Ley de Seguridad Nacional crea un marco de coordinación (con activación de fases y órganos de respuesta) que permite movilizar capacidades estatales, incluidas las militares, cuando la amenaza supera la capacidad ordinaria de las fuerzas policiales o afecta a infraestructuras críticas, fronteras o a la estabilidad del país. Esa activación siempre debe respetar los límites competenciales y el control judicial y político correspondiente.
En lo que respecta a inteligencia, España dispone de una estructura compartida y coordinada: el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) es la agencia estatal de inteligencia, y el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) actúa como núcleo de integración y coordinación operativa entre policías, guardias civiles, fuerzas autonómicas, prisiones y, cuando corresponde, representantes de las Fuerzas Armadas.
El CITCO elabora evaluaciones de amenaza, coordina operaciones conjuntas y sirve de puente entre la inteligencia estratégica (CNI) y la capacidad operativa policial. Esa coordinación es clave para detectar trazas de radicalización, seguridad en eventos multitudinarios y redes financieras que financian actos violentos.
¿Qué papel concreto juegan las Fuerzas Armadas? No actúan como policía; su contribución es técnica, logística y especializada. Ese apoyo incluye unidades de operaciones especiales (Mando de Operaciones Especiales —MOE— y el Mando Conjunto de Operaciones Especiales —MCOE—) que poseen capacidades de intervención directa, proyección y rescate de alto riesgo en entornos complejos; capacidades de vigilancia y control del espacio aéreo y marítimo (aviones, drones, vigilancia naval) para detectar y bloquear amenazas en fronteras o zonas costeras; apoyo logístico y de transporte masivo para despliegues rápidos en una crisis; recursos para la protección y defensa de infraestructuras críticas cuando lo decide el Gobierno; y colaboración en inteligencia militar y ciberseguridad con intercambio de información con CNI y fuerzas policiales.
Las operaciones y tácticas concretas en las que pueden entrar las unidades militares son variadas. En el terreno táctico, las unidades de operaciones especiales (MOE/MCOE, FGNE en la Armada, EZAPAC en el Aire) realizan adiestramiento conjunto con fuerzas policiales en asaltos a enclaves, rescate de rehenes en escenarios extremos o neutralización de objetivos de alto valor cuando la operación lo requiere y se ha decidido su intervención.
En el plano de control de fronteras, la Armada y la Guardia Civil cooperan para patrullaje marítimo y control de rutas de infiltración; en ciberseguridad, hay intercambio de alertas y capacidad técnica para mitigar ataques que puedan vincularse a redes terroristas; y en el plano logístico/infraestructural, los Ejércitos pueden asegurar nodos clave bajo riesgo. Estas tareas se planifican habitualmente en el Mando de Operaciones del EMAD cuando tienen alcance estratégico.
La coordinación interinstitucional es un pilar del modelo español. En la práctica esto se traduce en centros y protocolos conjuntos (CITCO, células mixtas policial-militares para intercambio de inteligencia, planificación conjunta en el marco de la Estrategia de Seguridad Nacional) y en ejercicios periódicos de adiestramiento que simulan atentados complejos, crisis multinivel y protección de grandes eventos.
Cuando hay riesgo concreto, por ejemplo una amenaza terrorista en un acto multitudinario, se activa una fase preventiva en la que Policía y/o la Guardia Civil asumen la acción operativa, mientras que las Fuerzas Armadas aportan capacidades de soporte definidas y parametrizadas por los planes nacionales.
Un apartado clave es la participación internacional: España no solo combate el terrorismo en su territorio, sino que proyecta capacidades en el exterior (misiones de la UE, OTAN y coaliciones contra ISIS) para neutralizar núcleos terroristas, interrumpir cadenas de financiación y reducir retornos de combatientes.
Esa acción exterior es híbrida (militar, policial, diplomática y de inteligencia) y retroalimenta la seguridad interna porque reduce amenazas antes de que traspasen fronteras. Además, la cooperación con Europol, Frontex y servicios de inteligencia extranjeros multiplica la eficacia de las operaciones.
También operan líneas de prevención y control menos visibles pero decisivas: seguimiento de radicalización en prisiones, programas de desradicalización y vigilancia de contenido violento en redes (con operaciones para eliminar propaganda y vigilancia de financiación mediante criptomonedas); los militares pueden apoyar técnicamente en seguimiento o análisis (especialmente en ciberespacio), pero las acciones judiciales y policiales son las que ejecutan detenciones e investigaciones penales. El CITCO y los foros multilaterales elevan la capacidad de detección temprana, incluida la monitorización en línea y el análisis de flujos financieros y migratorios que pueden ser aprovechados por grupos violentos.
El control democrático y las garantías condicionan intervenciones militares en la seguridad interior. Cualquier despliegue de las Fuerzas Armadas en apoyo a la seguridad ciudadana requiere un encuadre legal y la activación de mecanismos de coordinación política (decisión del Gobierno, notificaciones parlamentarias en casos relevantes) y, en su caso, control judicial si hay afectación de libertades.
Esto busca evitar que la respuesta militar sustituya a la policial y asegurar rendición de cuentas. A la vez, la eficacia operativa se cuida mediante ejercicios, formación legal y la creación de unidades especializadas que entienden los límites del uso de la fuerza en el ámbito civil.
Los retos actuales son varios y concretos. La fragmentación del terrorismo (actores autónomos o “lobo solitario”), la mezcla entre crimen organizado yihadista o local, la rápida difusión de propaganda yihadista u ultraderechista en redes, el auge de métodos financieros opacos (criptomonedas) y la inestabilidad internacional —por ejemplo en el Sahel o el Líbano/Oriente Próximo— que amplifica el riesgo y la complejidad de retornos de combatientes.
Estos elementos obligan a adaptar procedimientos, reforzar la cooperación internacional, integrar capacidades cibernéticas y mejorar la coordinación entre defensa e interior. Los informes oficiales y de inteligencia ya subrayan esos vectores como prioritarios.
