La Bundeswehr, las fuerzas armadas de Alemania, enfrenta actualmente una significativa escasez de personal. En los últimos 15 años, su número de efectivos se ha reducido de 250.000 a 180.000 soldados. Esta disminución ha llevado al ejército alemán a depender cada vez más de empresas de seguridad privada para proteger sus instalaciones.
Actualmente, alrededor de 2.000 empleados de compañías de seguridad privada están involucrados en la protección de instalaciones de la Bundeswehr en todo el país. En 2024, este servicio costó a los contribuyentes aproximadamente 666 millones de euros.
La creciente incertidumbre geopolítica, especialmente tras la invasión rusa de Ucrania, ha llevado a Alemania a replantearse su política de defensa. El general Carsten Breuer ha señalado la necesidad de al menos 100.000 soldados adicionales para garantizar una defensa adecuada, lo que podría requerir la reintroducción del servicio militar obligatorio.
Sin embargo, la Bundeswehr enfrenta dificultades significativas en el reclutamiento de nuevos soldados, con una tasa de abandono del 25% entre los nuevos reclutas en los primeros seis meses.
Esta situación ha generado debates sobre la eficacia y sostenibilidad de depender de empresas privadas para funciones tradicionalmente desempeñadas por personal militar. Mientras tanto, el gobierno alemán continúa explorando soluciones para fortalecer su capacidad defensiva y abordar las deficiencias de personal en sus fuerzas armadas.
La realidad, no solo en Alemania, es que la seguridad privada juega un papel complementario, aunque importante, en la protección de algunos establecimientos militares, especialmente en tareas de vigilancia periférica o control de accesos en instalaciones no estratégicas o de menor nivel de sensibilidad.
Es el caso de España. Sin embargo, su actuación está claramente limitada y regulada para no interferir con las competencias exclusivas de las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
¿De qué modo opera la seguridad privada en este contexto en España? En funciones auxiliares y de refuerzo, la seguridad privada no reemplaza a la seguridad militar, pero sí actúa como apoyo logístico en tareas no críticas. Por ejemplo, en el control de accesos exteriores (puertas o garitas de entrada), la vigilancia perimetral con rondas programadas en zonas no sensibles, la supervisión de cámaras de videovigilancia o la gestión de visitas y acreditaciones en edificios administrativos o centros logísticos del Ministerio de Defensa.
Ahora bien, en ningún caso pueden llevar armas largas ni realizar intervenciones armadas dentro del perímetro de seguridad militar salvo que estén específicamente autorizados y bajo normas concretas.
¿Qué normativa regula su actuación? El uso de seguridad privada en instalaciones militares está regulado por la Ley de Seguridad Privada (Ley 5/2014), la normativa específica del Ministerio de Defensa y las instrucciones internas de las Fuerzas Armadas y convenios específicos entre Defensa y empresas privadas autorizadas.
Estos marcos garantizan que los vigilantes privados no tengan acceso a información clasificada, zonas restringidas o armamento militar. Tampoco pueden sustituir a los militares en tareas de custodia de material bélico, centros de mando o comunicaciones.
¿Por qué se utiliza seguridad privada en bases militares? Fundamentalmente, por ahorro de recursos, pues esta contratación permite liberar personal militar para tareas operativas, como es el señalado caso de Alemania.
Sus principales misiones se centran en la cobertura de instalaciones no estratégicas como residencias militares, archivos, polvorines, hospitales o almacenes y en el refuerzo en situaciones especiales, como eventos, ejercicios o amenazas elevadas.
No obstante, el uso de seguridad privada en ámbitos militares ha generado debates. Algunos sectores temen que esta sea una vía para desmilitarizar la seguridad de espacios clave, o que se produzca, a pesar de las cautelas, una fuga de información o vulnerabilidad si no hay control estricto sobre las empresas contratadas. Con carácter general, quienes se oponen advierten de la apertura a una privatización parcial de funciones históricamente públicas. Por eso, el criterio general es restringir su uso a espacios administrativos o auxiliares, con protocolos de supervisión directa por parte del personal militar.
La seguridad privada participa con naturalidad en la protección de algunos establecimientos militares en España y otros países, pero lo hace como apoyo, no como sustitución. Su presencia permite liberar recursos, reforzar el control en accesos y mejorar la vigilancia en instalaciones de bajo riesgo, siempre bajo supervisión militar y dentro de un marco legal estricto.
¿Quién vigila?
En España, la vigilancia de los establecimientos militares es responsabilidad de varias entidades, dependiendo del tipo de instalación y su nivel de seguridad. Así, la Unidad Militar de Protección y Seguridad (UMPS) se encarga de la seguridad en bases, acuartelamientos y otros establecimientos militares del Ejército de Tierra.
Por su parte, la Unidad de Seguridad de la Armada (USCAN) desempeña funciones similares en instalaciones de la Armada, en tanto que la Unidad de Protección de Fuerza del Ejército del Aire y del Espacio asegura la vigilancia en bases y unidades del Ejército del Aire.
En algunos casos, la Guardia Civil colabora en la protección de instalaciones sensibles, especialmente aquellas con interés estratégico, sin olvidar que, dentro de cada rama de las Fuerzas Armadas, la Policía Militar puede desempeñar funciones de vigilancia y control en instalaciones específicas. Un escenario en el que, como se apunta en este reportaje, incluye, en ocasiones, la contratación de empresas de seguridad privada para la vigilancia perimetral de ciertas instalaciones, siempre bajo supervisión militar y donde cada instalación tiene su propio esquema de seguridad dependiendo de su nivel de riesgo y su función estratégica.
