El Gobierno de España ha decidido cancelar la adquisición de 1.680 misiles anticarro Spike LR2 y 168 puestos de tiro, valorados en 287,5 millones de euros, que iban a ser fabricados en el país bajo licencia de la empresa israelí Rafael Advanced Defense Systems. Esta medida forma parte de un plan de «desconexión tecnológica» con la industria militar israelí, impulsado para reducir la dependencia tecnológica, especialmente tras las acusaciones de crímenes contra la humanidad contra Israel.
Además, se ha decidido eliminar la tecnología israelí del sistema lanzacohetes múltiple SILAM, que continuará adelante pero será rediseñado para ser íntegramente español. Por el momento, se mantiene el contrato de adquisición de 46 designadores láser por 207,1 millones de euros, y está pendiente la adjudicación del Sistema Conjunto de Radio Táctica del Ejército, cuyo futuro es incierto dadas las nuevas directrices.
Esta política se alinea con una proposición de ley en trámite que busca embargar compras y ventas de armas a países implicados ante tribunales internacionales por crímenes de guerra. El Congreso de los Diputados ha decidido tramitar con carácter de urgencia esta proposición de ley, respaldada por partidos como Sumar, ERC, Podemos, EH Bildu y BNG, y con el voto favorable del PSOE para su tramitación urgente.
La decisión del Gobierno español también se enmarca en un contexto de creciente presión internacional para suspender la venta de armas a Israel. Organizaciones como Amnistía Internacional han solicitado a España que suspenda de forma permanente la venta de armas a Israel, interrumpida temporalmente desde el 7 de octubre, y que impulse un embargo internacional de armas.
En resumen, la cancelación de la compra de misiles Spike LR2 y la eliminación de tecnología israelí en proyectos militares españoles reflejan un cambio significativo en la política de defensa de España, motivado por consideraciones éticas y legales en el contexto del conflicto en Gaza y las acusaciones de crímenes de guerra contra Israel.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel emitía en abril un comunicado condenando enérgicamente la anterior decisión del Gobierno español de cancelar un contrato valorado en más de 6 millones de euros para la compra de munición a la empresa israelí IMI Systems. En su declaración, Israel acusa a España de anteponer intereses políticos a su propia seguridad y de alinearse contra el Estado judío, que, según el comunicado, se defiende de ataques terroristas en múltiples frentes .
La cancelación del contrato ha generado tensiones dentro del Gobierno de coalición español, especialmente con el socio minoritario Sumar, que había amenazado con abandonar el Ejecutivo si se mantenía el acuerdo. Aunque el Ministerio del Interior inicialmente argumentó razones económicas para mantener el contrato, la presión política y la postura crítica de España hacia la ofensiva israelí en Gaza llevaron a su cancelación .
Además, el Ministerio del Interior español anunciaba la rescisión de todas las licitaciones pendientes con empresas israelíes para la adquisición de munición y otros materiales, reafirmando el compromiso del Gobierno de no comprar ni vender armamento al Estado israelí desde el estallido del conflicto en Gaza .
Este episodio se suma a otras tensiones diplomáticas entre ambos países, como la retirada temporal de la embajadora israelí en respuesta al reconocimiento de Palestina por parte del Gobierno de Pedro Sánchez .
La compra de armamento por parte de España a Israel está detrás de una nueva crisis política en su gobierno de coalición, que aún podría no haberse cerrado definitivamente, pese a los compromisos públicos del Gobierno español de suspender dichas adquisiciones debido al conflicto en Gaza. Finalmente, España cumplirá su compromiso público de no comprar material de la industria israelí e incumplirá con el compromiso adquirido con estas empresas.
En abril de 2025, el Ministerio del Interior formalizó la adquisición de 15,3 millones de balas de calibre 9 mm por un valor de 6,64 millones de euros a la empresa israelí IMI Systems LTD, parte de Elbit Systems. Este contrato, inicialmente adjudicado a Guardian Defense & Homeland Security S.A., fue corregido en su adjudicatario, pero no cancelado, a pesar del compromiso previo del Gobierno de no adquirir armamento israelí tras la ofensiva en Gaza. La Abogacía del Estado advirtió que anular la adjudicación supondría una indemnización costosa, lo que llevó a la formalización del contrato.
Desde el inicio del conflicto en Gaza el 7 de octubre de 2023, España ha adquirido armamento israelí por más de 1.000 millones de euros, según un informe del Centro Delàs de Investigaciones para la Paz. Entre las adquisiciones destacarían, según este centro, Sistema de Lanzacohetes de Alta Movilidad (SILAM) por 576,4 millones de euros; 168 sistemas de lanzacohetes Spike por 237,5 millones de euros, y Designadores POD para sistemas de combate aéreo por 207,4 millones de euros.
Estas compras se realizaron a pesar de las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las que aseguraba que España no desarrollaba operaciones de compraventa de armas con Israel desde el 7 de octubre.
La formación política Sumar había rechazado enérgicamente la compra de balas israelíes por parte del Ministerio del Interior, calificándola de «vulneración flagrante» del compromiso gubernamental. Exigía la cancelación inmediata del contrato y la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para explicar lo sucedido. La ministra Sira Rego también condenaba la compra, cerrada durante las vacaciones de Semana Santa, de modo que pasó prácticamente desapercibida hasta este miércoles, considerándola «absolutamente inaceptable» y una ruptura del acuerdo gubernamental.
