Sudáfrica vive una de las mayores crisis de violencia contra la población migrante desde los disturbios xenófobos de 2008. En las últimas semanas, la creciente campaña contra los extranjeros ha desembocado en asesinatos, saqueos, ataques contra comercios, expulsiones forzosas de barrios enteros y el éxodo de decenas de miles de personas que han decidido abandonar el país por miedo a ser víctimas de nuevas agresiones.
La tensión alcanzó su punto álgido tras el ultimátum lanzado por diversos grupos antiinmigración, que exigieron que todos los inmigrantes en situación irregular abandonaran el país antes del 30 de junio, bajo la amenaza de movilizaciones masivas y posibles represalias.
Las autoridades sudafricanas desplegaron miles de policías en las principales ciudades para evitar un estallido generalizado de violencia. Aun así, los incidentes registrados en distintos puntos del país dejaron al menos cuatro fallecidos, numerosos heridos y centenares de detenidos, mientras miles de inmigrantes africanos abandonaban sus hogares o buscaban refugio en iglesias, consulados y centros improvisados de acogida.
Los principales afectados son ciudadanos procedentes de Zimbabue, Mozambique, Malawi, Nigeria, República Democrática del Congo, Somalia, Etiopía y otros países africanos que desde hace años emigraron a Sudáfrica buscando oportunidades laborales inexistentes en sus lugares de origen. Muchos trabajan en pequeños comercios, construcción, agricultura o economía informal, sectores donde ahora se han convertido en el principal objetivo de grupos nacionalistas que les responsabilizan de buena parte de los problemas económicos del país.
La violencia no surge de forma espontánea. Detrás de la campaña existe una red de organizaciones y movimientos que durante los últimos años han convertido la inmigración en el eje central de su discurso político. Entre ellos destaca Operation Dudula, probablemente el grupo antiinmigración más conocido de Sudáfrica. Nacido en 2021 en el municipio de Soweto, su nombre significa «expulsar» o «echar fuera» en lengua zulú y desde sus inicios ha organizado patrullas vecinales, inspecciones de negocios, protestas frente a hospitales, escuelas y barrios donde residen inmigrantes, exigiendo la expulsión de extranjeros tanto documentados como indocumentados.
Junto a Operation Dudula han ganado protagonismo otras plataformas como March and March, United South Africa y diferentes colectivos agrupados bajo el lema «South Africans First» («Los sudafricanos primero»). Estas organizaciones sostienen que la inmigración ilegal está destruyendo el mercado laboral, saturando los hospitales públicos, ocupando plazas escolares y favoreciendo el aumento de la delincuencia. Sin embargo, numerosos estudios académicos, organismos internacionales y expertos en migraciones sostienen que muchas de estas afirmaciones carecen de respaldo estadístico.
Los datos disponibles muestran una realidad mucho más compleja. Los inmigrantes representan aproximadamente el 4 % de la población sudafricana, una proporción relativamente baja para un país considerado la economía más desarrollada del África subsahariana. Diversos estudios indican además que la presencia migrante no explica los elevados índices de desempleo ni el incremento de la criminalidad. Incluso investigaciones económicas concluyen que la inmigración genera actividad empresarial y empleo adicional en determinadas zonas urbanas.
Pese a ello, el discurso antiinmigración encuentra un terreno fértil en una sociedad marcada por profundas desigualdades económicas. Sudáfrica mantiene una de las tasas de desempleo más altas del mundo, superior al 30 %, con cifras todavía peores entre los jóvenes. A ello se suman una grave crisis energética, elevados niveles de corrupción, servicios públicos deteriorados y una sensación creciente de abandono por parte del Estado.
Estas condiciones explican el éxito de la narrativa xenófoba. Culpar a los inmigrantes resulta más sencillo que afrontar problemas estructurales acumulados durante décadas. La frustración ciudadana encuentra así un objetivo visible sobre el que descargar el malestar, mientras las verdaderas causas —desigualdad, corrupción, falta de inversión y escasa creación de empleo— permanecen prácticamente intactas.
La campaña ha ido mucho más allá de las manifestaciones. En numerosas localidades se han organizado auténticas patrullas ciudadanas que recorren barrios comerciales exigiendo documentación a trabajadores extranjeros, obligando al cierre de establecimientos regentados por inmigrantes o intimidando a propietarios para que expulsen a sus inquilinos extranjeros. Algunos hospitales y centros públicos también han sufrido presiones para restringir la atención a personas nacidas fuera del país.
Las consecuencias humanitarias son cada vez más graves. Miles de inmigrantes han abandonado sus viviendas y numerosos gobiernos africanos han comenzado programas de repatriación urgente para sus ciudadanos. Malawi, Mozambique, Ghana, Nigeria y Zimbabue han organizado convoyes y vuelos especiales ante el aumento del miedo entre sus nacionales residentes en Sudáfrica.
La violencia también amenaza con deteriorar seriamente la imagen internacional de Sudáfrica. Tras el fin del apartheid, el país fue considerado durante años un símbolo de reconciliación y de defensa de los derechos humanos en África. Sin embargo, los repetidos episodios xenófobos de 2008, 2015, 2019, 2022 y ahora 2026 han puesto en cuestión esa reputación, generando críticas de gobiernos africanos y organizaciones internacionales.
El presidente Cyril Ramaphosa ha condenado públicamente los ataques y ha advertido de que ningún grupo ciudadano puede asumir funciones policiales o migratorias. Su Gobierno insiste en que reforzará los controles fronterizos y endurecerá las políticas de inmigración irregular, pero al mismo tiempo sostiene que la violencia contra extranjeros constituye un delito que será perseguido judicialmente.
No obstante, organizaciones defensoras de los derechos humanos consideran insuficiente la respuesta oficial. Denuncian que durante años las autoridades han permitido el crecimiento de grupos de vigilancia ciudadana sin actuar con suficiente contundencia, favoreciendo un clima de impunidad que ahora resulta mucho más difícil controlar.
Con las próximas citas electorales en el horizonte, algunos movimientos nacionalistas intentan capitalizar el descontento social utilizando un discurso cada vez más agresivo contra los extranjeros. Especial preocupación genera la normalización del discurso de odio en redes sociales, donde circulan mensajes que exageran el número de inmigrantes presentes en el país, atribuyen falsamente a extranjeros la mayor parte de los delitos o difunden noticias manipuladas sobre supuestos privilegios concedidos a los migrantes. Varias organizaciones internacionales alertan de que la desinformación está desempeñando un papel decisivo en la radicalización del clima social.
Aunque el Gobierno logró evitar que el 30 de junio derivara en una explosión de violencia similar a la vivida en 2008, el problema está lejos de resolverse. Los líderes de algunos movimientos antiinmigración ya han anunciado nuevas movilizaciones semanales durante los próximos meses, mientras miles de familias migrantes siguen viviendo con el temor constante de convertirse en las próximas víctimas de una campaña que combina frustración económica, nacionalismo, desinformación y violencia organizada.
