Los profesionales que llevan a la práctica el retorno forzado de inmigrantes en situación irregular hasta su país de origen afirman, desde su experiencia, que las detenciones y deportaciones, además de ser prácticas contrarias a los derechos fundamentales, no alcanzan los objetivos que persiguen. Consideran que deberían ser medidas excepcionales.
Esta es una de las conclusiones del proyecto de investigación europeo MORE (Motivations, experiences and consequences of returns and readmissions policy), coordinado por la profesora de la Universidad de Barcelona Olga Jubany y que se ha llevado a cabo en seis estados de la Unión Europea (Alemania, Bélgica, Eslovenia, España, Italia y Suecia), recogiendo el diseño de las políticas de migración y también las valoraciones de profesionales que las llevan a cabo, como jueces, trabajadores de centros de detención, agentes de fronteras, policías u oficiales de extranjería
La profesora Jubany explica que «el proyecto MORE nace de la necesidad de examinar críticamente las lógicas que legitiman el enfoque de las políticas de retorno y readmisión como principal herramienta en la gobernanza migratoria y las consecuencias que ello conlleva».
«Este enfoque», agrega, «ha erosionado progresivamente las garantías de derechos, restringiendo las vías de regularización y reforzando mecanismos de control cada vez más punitivos y restrictivos, sin aportar soluciones estructurales para la gestión de la movilidad ni reducir de forma efectiva la irregularidad», concluye la investigadora.
El proyecto MORE nace para revisar, con datos y mirada comparativa, la política de retornos y readmisiones que la Unión Europea y varios Estados miembros han convertido en respuesta dominante ante la irregularidad administrativa de las personas migrantes.
MORE parte de una premisa incómoda para el consenso político: pese a años de reformas “para ganar eficacia”, la combinación de lecturas cada vez más restrictivas de la Directiva de Retorno, la externalización de fronteras y la presión por elevar deportaciones no ha demostrado ser más efectiva, y sí ha multiplicado los riesgos de vulneración de derechos fundamentales. Con ese diagnóstico de partida, el consorcio se propone entender a fondo por qué esta política se impuso, cómo se aplica en distintos niveles y qué consecuencias reales tiene en la vida de las personas afectadas, para diseñar alternativas viables más allá del retorno.
La Universitat de Barcelona (UB) coordina MORE a través del Departamento de Antropología Social y la European Social Research Unit (ESRU), en colaboración con el grupo GENI (Género, Identidad y Diversidad). El liderazgo científico lo ejerce la profesora Olga Jubany, y la coordinación desde Barcelona modula el trabajo de un consorcio de 11 instituciones europeas y británicas.
El tejido de socios refleja una alianza entre centros universitarios y think tanks con fuerte producción en estudios migratorios y de políticas públicas. La coordinación desde la UB no es solo administrativa: marca un enfoque decididamente etnográfico y de investigación situada, que cruza análisis documental, entrevistas y trabajo de campo con actores institucionales, organizaciones de apoyo y—crucialmente—con personas “irregularizadas”.
El proyecto está financiado por Horizon Europe (acuerdo de subvención 101094107) y se despliega entre el 1 de octubre de 2023 y el próximo 30 de septiembre de 2026. La ficha pública en CORDIS y las páginas de los socios fijan el marco: MORE es una Research and Innovation Action que, además de producir conocimiento comparado, se compromete a traducirlo en herramientas de política pública: informes nacionales y transversales, policy briefs, seminarios con decisores, y una batería de propuestas para “alternativas efectivas” al retorno y la readmisión. Esa pulsión aplicada se nota en el propio subtítulo del proyecto (“revealing and developing effective alternatives”) y en su agenda de interlocución con instituciones europeas.
Metodológicamente, MORE combina tres capas. La primera es un análisis multiescalar del desarrollo de la política de retornos y readmisiones (legislación, jurisprudencia, instrumentos bilaterales, prácticas administrativas) para reconstruir su deriva y su lógica de “eficacia”. La segunda se adentra en las experiencias: etnografías y entrevistas con personas afectadas, sus familias y las organizaciones que las acompañan, para mapear efectos en salud, arraigo, economía doméstica y vínculos comunitarios.
La tercera capa mira el ecosistema de alternativas: inventariar y evaluar, en seis países europeos y el Reino Unido, políticas ya ensayadas (regularizaciones por arraigo, permisos condicionados, suspensiones por razones humanitarias o de interés superior del menor, vías de estabilización laboral, etc.) para identificar qué condiciones —legales, administrativas, políticas— hacen posible su implementación.
Un primer corpus de resultados se ha ido haciendo público en resúmenes ejecutivos y policy briefs. En el caso español, el Executive Summary del WP1 (Desarrollo de la política de retorno y readmisión en Europa) sintetiza la trayectoria normativa y política, apoyándose en revisión de literatura, análisis de debates parlamentarios, datos del Ministerio del Interior y entrevistas a especialistas.
El documento subraya la tensión entre los objetivos declarados de gestión y las consecuencias reales en términos de garantías, así como la centralidad de los acuerdos de readmisión y de las prácticas de detención en CIE como engranaje del sistema. El propio repositorio de la UB y el depósito en Zenodo recogen estos avances, que alimentan una lectura comparada y permiten, a la vez, una conversación informada con la administración.
Efectos de la detención
Otra línea de resultados anticipados que ha cobrado tracción pública es la que documenta el impacto de la detención administrativa en derechos fundamentales. En una nota divulgativa de mayo de 2025, la UB, como institución coordinadora, destacaba evidencias comparadas de seis Estados miembros (Alemania, Bélgica, Eslovenia, España, Italia y Suecia) y del Reino Unido: la detención de personas en situación irregular, frecuentemente como fase previa a la expulsión, conlleva daños psicosociales y legales que cuestionan su justificación de “eficacia” y su proporcionalidad. Esta línea refuerza el núcleo argumental de MORE: si una política no alcanza sus objetivos y además erosiona derechos, es imperativo imaginar y testear alternativas.
El consorcio opera, además, con una fuerte proyección pública. MORE ha cofirmado posicionamientos conjuntos con proyectos hermanos (FAiR, GAPS, MIrreM) a propósito de propuestas regulatorias europeas sobre un sistema común de retorno. En esas declaraciones, los equipos recuerdan que la evidencia académica debe ser tenida en cuenta en el diseño de un régimen que, por su alcance, redefine la relación entre la UE, los Estados y los terceros países. En paralelo, el proyecto organiza webinarios para discutir cómo la opinión pública se configura (y es configurada) por las políticas de retorno, abriendo un frente de trabajo sobre narrativas que influye directamente en el ciclo político.
El mosaico de socios ilustra bien las rutas de conocimiento que MORE explota. Desde CEPS en Bruselas—con su músculo en análisis de políticas europeas—hasta COMPAS (Universidad de Oxford) y Ca’ Foscari en Venecia—con trabajo de campo y comparativas nacionales—, pasando por organizaciones como KMOP en Grecia o el Mirovni Institut en Eslovenia, la red cubre el espectro que va del paper académico al policy brief, de la observación de terreno al taller con decisores. Esta capilaridad facilita tanto la comparabilidad como la transferencia de hallazgos a distintas administraciones.
En su tramo central, MORE se concentra en poner datos y voces a un debate muy cargado ideológicamente. El retorno, incluida la readmisión en terceros países, se ha presentado como solución autoevidente a la “incumplida” política migratoria. Pero los datos recopilados por el consorcio y los análisis del WP1 apuntan a un cuadro más ambiguo: la dependencia de acuerdos bilaterales, los cuellos de botella judiciales y la proliferación de medidas de internamiento son costosos, social y presupuestariamente, sin demostrar una mejora sostenida en tasas de ejecución, mientras agravan el daño individual y comunitario. Ese hallazgo reubica la discusión: ya no se trata solo de “cumplir la ley”, sino de qué instrumentos cumplen fines legítimos sin sacrificar derechos, y a qué precio.
El horizonte de “alternativas efectivas” que explora MORE no es un catálogo abstracto, sino un inventario empírico de políticas ya ensayadas en Europa y el Reino Unido: regularizaciones por arraigo o trabajo, permisos de estancia condicionados a vínculos familiares o a cooperación con procesos, suspensiones por motivos humanitarios, o incluso dispositivos de estabilización residencial y laboral que reducen la irregularidad de facto.
El proyecto analiza su racionalidad, sus incentivos, los criterios de elegibilidad y, sobre todo, su implementabilidad en contextos políticos muy diversos. La hipótesis operativa es que la “efectividad” se mide mejor por la reducción de la irregularidad y por el respeto de derechos, que por la pura estadística de salidas forzosas.
Esta agenda viene acompañada de una estrategia de comunicación cuidada: sitio web propio con recursos, repositorios abiertos y una presencia activa en redes para tender puentes entre academia, sociedad civil y decisores. El objetivo es claro: que la evidencia de MORE entre en el ciclo de políticas en tiempo real, cuando se debaten reformas o se evalúan instrumentos como los acuerdos de readmisión con terceros países. En ese sentido, la coordinación desde Barcelona aporta no solo la solvencia investigadora, sino un punto de anclaje mediterráneo—clave para entender las dinámicas de movilidad y para dialogar con administraciones del sur de Europa.
