Nota del Editor:
El estudio de Francisco Franco Bahamonde, jefe del Estado español entre 1939 y 1975, continúa siendo uno de los terrenos más complejos y debatidos de la historiografía contemporánea. Su figura se sitúa en el cruce de la historia militar, política y social del siglo XX español, marcada por la Guerra Civil, la dictadura posterior y el proceso de transición democrática que siguió a su muerte. En este sentido, cualquier análisis que aspire al rigor debe partir de la constatación de que Franco fue simultáneamente producto y protagonista de una época convulsa, en la que confluyeron los restos de un siglo XIX inacabado, las tensiones ideológicas de entreguerras y las transformaciones internacionales derivadas de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría.
A lo largo de casi cuatro décadas de gobierno autoritario, Franco consolidó un régimen personalista que combinó elementos de militarismo, nacionalcatolicismo y corporativismo, y que se adaptó a las circunstancias internacionales para garantizar su supervivencia. Bajo su mando, España vivió una severa represión política e ideológica tras la guerra, una política económica autárquica durante los años cuarenta, y una apertura limitada a partir de los cincuenta, cuando el régimen buscó reconocimiento exterior en el contexto del anticomunismo global. No obstante, reducir su figura a un mero ejercicio de poder autoritario sería insuficiente: Franco también encarnó una cosmovisión y un proyecto de Estado que se mantuvo —con matices— en las estructuras políticas y sociales incluso después de su muerte.
Analizar a Franco exige, por tanto, un enfoque que combine la crítica documental con la distancia valorativa, sin caer ni en la hagiografía ni en la condena simplista. El objetivo de esta serie de análisis que firma Antonio Miguel Sánchez es ofrecer una visión multifacética de su trayectoria: su formación militar, su papel en la Guerra Civil, la arquitectura institucional del franquismo, su política exterior y económica, su relación con la Iglesia y, finalmente, el legado que dejó en la cultura política española. Se trata de situar a Franco en su contexto histórico, entendiendo las condiciones que hicieron posible su ascenso y la perdurabilidad de su régimen, para contribuir a un debate histórico que aún hoy forma parte del tejido moral y político de la sociedad española.
De Franquito a ¡Franco! ¡Franco! ¡Franco!
Primer franquismo o autarquía
La entrada de las tropas nacionales en Barcelona, en enero de 1939, marcó un punto de inflexión en el desenlace de la Guerra Civil Española. En muchas localidades, la llegada de las fuerzas sublevadas fue recibida con alivio por sectores de la población afectados por la escasez y el desgaste del conflicto, aunque también provocó el éxodo de miles de personas vinculadas al Frente Popular, por temor a represalias.
Tras las elecciones de febrero de 1936, que dieron la victoria al Frente Popular, se sucedieron tensiones institucionales que han sido objeto de debate historiográfico. La entrega de armas a milicias populares tras el levantamiento militar del 18 de julio de 1936, y la posterior formación de gobiernos de coalición con participación comunista, marcaron un giro hacia posiciones más radicalizadas. La adopción de símbolos como la bandera roja por parte de algunas facciones reflejó la influencia de la Unión Soviética, cuyo apoyo fue clave en el desarrollo del conflicto.
La denominación de “República” se mantuvo oficialmente hasta el final de la guerra, aunque su estructura institucional se vio profundamente alterada. Entre otras cosas porque el Parlamento quedó gravemente distorsionado. Entre los miembros asesinados y los huidos (muchos de ellos, moderados, huían de su propio bando y los propios ‘Padres’ de la República se pasaron a los nacionales), lo que quedó del Parlamento fue un residuo, que tuvo pocas ocasiones de reunirse. En total fueron asesinados 150 diputados y ex-diputados del período 1931-1936, con prácticamente el mismo número de víctimas en ambos lados: 77 en el republicano y 73 en el nacional. A los que hay que sumar los que huyeron al extranjero por temor a represalias de uno u otro bando. En realidad, se mantuvo el término “República” por deseo expreso de Stalin, para no “espantar” a los actores internacionales de primer nivel, Reino Unido, Francia y USA. Pero incluso en esa “República” se ondeó más la bandera roja de la hoz y el martillo que la tricolor, a la que consideraban burguesa.
La entrada de las tropas sublevadas en Madrid, en marzo de 1939, marcó el final efectivo de la Guerra Civil Española. La ciudad, bajo asedio desde finales de 1936, había sufrido un prolongado desgaste. La llegada de las fuerzas vencedoras fue recibida por parte de la población con expresiones de alivio, mientras que otros sectores, vinculados al bando vencido, optaron por esconderse, huir o abandonar el país. Numerosos refugiados que se encontraban en embajadas o en situación de clandestinidad, amenazados por los “rojos”, pudieron salir a la calle tras la ocupación.
El nuevo régimen, estructurado institucionalmente desde 1938 con la creación del primer gobierno formal bajo la dirección de Francisco Franco, reemplazó a las Juntas Técnicas que habían funcionado hasta entonces. Ramón Serrano Súñer, jurista y figura clave en la articulación legal del franquismo, desempeñó un papel destacado en la configuración del aparato estatal.
El 19 de mayo de 1939 se celebró en Madrid el llamado Desfile de la Victoria, una exhibición militar organizada por el régimen para conmemorar el fin de la guerra, oficialmente declarado el 1 de abril de ese mismo año. Participaron más de 120.000 efectivos, incluyendo unidades extranjeras que habían colaborado con el bando sublevado, como el Corpo di Truppe Volontarie italiano, la Legión Cóndor alemana y los voluntarios portugueses conocidos como “viriatos”. El recorrido del desfile abarcó los principales paseos de la capital —Prado, Recoletos y Castellana— y culminó en una tribuna con forma de arco de triunfo.
Con la derrota del Frente Popular y el control total del territorio por parte del régimen franquista, el nuevo gobierno comenzó a abordar las tareas de reconstrucción en un país profundamente afectado por tres años de guerra civil. La infraestructura estaba devastada, la economía paralizada y la sociedad fragmentada. Desde 1938, con la formación del primer gobierno formal bajo la dirección de Franco —en sustitución de las Juntas Técnicas dominadas por mandos militares— se trazaron las primeras líneas de acción institucional.
Estos son todos los gobiernos o formas de dirección que tuvo el franquismo desde el levantamiento del 18 de julio de 1936:
Gobiernos durante la Guerra Civil
- Junta de Defensa Nacional: 24 de julio de 1936 – 1 de octubre de 1936
- Junta Técnica del Estado: 1 de octubre de 1936 – 30 de enero de 1938
Gobiernos de Franco como Jefe del Estado y Presidente del Gobierno
Primer franquismo o autarquía:
- I Gobierno de Franco 30 de enero de 1938 – 9 de agosto de 1939
- II Gobierno de Franco 9 de agosto de 1939 – 20 de mayo de 1941
- III Gobierno de Franco 20 de mayo de 1941 – 3 de septiembre de 1942
- IV Gobierno de Franco 3 de septiembre de 1942 – 20 de julio de 1945
- V Gobierno de Franco 20 de julio de 1945 – 19 de julio de 1951
- VI Gobierno de Franco 19 de julio de 1951 – 25 de febrero de 1957
Segundo franquismo, tecnocracia o desarrollismo:
- VII Gobierno de Franco 25 de febrero de 1957 – 10 de julio de 1962
- VIII Gobierno de Franco 10 de julio de 1962 – 7 de julio de 1965
- IX Gobierno de Franco 7 de julio de 1965 – 29 de octubre de 1969
- X Gobierno de Franco 29 de octubre de 1969 – 11 de junio de 1973
Gobiernos bajo Franco, pero presididos por otros
- XI Gobierno – Luis Carrero Blanco 11 de junio de 1973 – 20 de diciembre de 1973 (asesinado el 20 de diciembre)
- XII Gobierno – Carlos Arias Navarro 3 de enero de 1974 – 30 de octubre de 1974
- XIII Gobierno – Carlos Arias Navarro (reajuste) 30 de octubre de 1974 – 11 diciembre de 1975
Articulación del nuevo régimen y principales tareas a las que tuvo que hacer frente
El bando nacional que se alzó contra el Frente Popular en julio de 1936 no constituía un bloque ideológicamente uniforme. Estaba formado por una coalición de fuerzas diversas: conservadores, monárquicos, tradicionalistas, falangistas y sectores militares, entre otros. Aunque sus proyectos políticos diferían en muchos aspectos, compartían una oposición frontal al Frente Popular y a la deriva revolucionaria que se había intensificado desde febrero de 1936.
La cohesión interna del bando nacional se consolidó progresivamente en torno al liderazgo de Francisco Franco, quien fue designado Jefe del Estado y Generalísimo en septiembre de 1936. A partir de ese momento, se inició la construcción de un nuevo aparato institucional que desembocaría en el denominado “Estado Nuevo”, articulado jurídicamente sobre todo por Ramón Serrano Súñer en su primera fase. Más que una copia de modelos extranjeros, el franquismo desarrolló una estructura propia, adaptada a las circunstancias españolas y al equilibrio de fuerzas que lo apoyaban.
El régimen franquista se sustentó en una alianza heterogénea de sectores sociales y políticos que, aunque diversos en sus orígenes y aspiraciones, compartieron su adhesión al liderazgo de Francisco Franco y al proyecto de construcción del Estado Nuevo. Esta diversidad fue conocida como las “familias” del franquismo, un término que, sin ser exhaustivo, permite identificar los principales grupos que conformaron su base de apoyo.
Entre ellos se encontraban los falangistas, defensores de una ideología nacional-sindicalista; los católicos, representados por organizaciones como Acción Católica y vinculados al nacionalcatolicismo; los monárquicos, divididos entre carlistas tradicionalistas y juanistas, estos últimos herederos del alfonsismo; los militares de alta graduación, que desempeñaron un papel clave en la estructura del poder; los tecnócratas, especialmente vinculados al Opus Dei, que impulsaron la modernización económica desde finales de los años cincuenta; las grandes oligarquías económicas, beneficiadas por el modelo intervencionista; y las clases medias acomodadas, tanto rurales como urbanas, que encontraron estabilidad en el nuevo orden.
Aunque estas “familias” no compartían una ideología común, su convergencia se articuló en torno a la figura de Franco como árbitro supremo, lo que permitió al régimen mantener una cohesión interna a lo largo de casi cuatro décadas. Paul Preston, desde un punto de vista denigratorio y Stanley G. Payne o Jesús Palacios desde un punto de vista menos crítico, corroboran esta impresión en sus obras, pues ambos resaltan las habilidades del personaje para controlar el poder.
Las distintas familias que conformaban el entramado del franquismo no siempre transitaron por senderos armónicos. Más bien coexistían bajo un pacto no escrito: la aceptación, en mayor o menor grado, del liderazgo de Franco como eje vertebrador del sistema. Desde esa premisa compartida, cada grupo —ya fueran falangistas, monárquicos, católicos, militares o tecnócratas— perseguía sus propios fines, defendía sus intereses y aspiraba a influir en la orientación del país.
Franco, figura indiscutida en el seno del régimen, supo administrar con notable habilidad aquel equilibrio inestable. Lo hizo con tacto y cálculo, como quien ajusta un mecanismo de relojería, distribuyendo cuotas de poder de forma casi proporcional, atendiendo a la fuerza relativa de cada grupo. Su estilo de gobierno, más pragmático que doctrinario, se asemejaba a un algoritmo político que garantizaba la estabilidad sin renunciar al control absoluto. Las “familias”, como se llamaron, engrosaron el partido único, el Movimiento Nacional, pero más como fórmula operativa que por convicción. Las “familias” de algún modo eran los “partidos” legales dentro del régimen, si bien bajo una rúbrica única, el Movimiento Nacional, y un liderazgo único e indiscutible, el Generalísimo Franco.
Finalizada la guerra, el país se enfrentó a un horizonte desolador. Las tareas que aguardaban eran de una envergadura colosal. La crisis financiera, agravada por una deuda de guerra asfixiante, exigía respuestas inmediatas. La escasez de alimentos, convertida en amenaza cotidiana, golpeaba a una población exhausta.
Las crisis humanitarias se sucedían sin tregua. Cerca de 400.000 personas emprendieron el éxodo hacia Francia, mientras unos 250.000 individuos fueron recluidos provisionalmente en campos de concentración, por causas diversas: bélicas, políticas o vinculadas a delitos de sangre y abuso. A ello se sumaba la necesidad urgente de reconstruir unas infraestructuras arrasadas por años de enfrentamiento, desde puentes y carreteras hasta redes eléctricas, hospitales y escuelas. El país, herido en su cuerpo y en su alma, iniciaba una etapa de reconstrucción que no sería solo material, sino también institucional y moral.
La crisis de la vivienda se entrelazaba con la del campo, y ambas exigían respuestas urgentes en un país que aún distaba mucho de considerarse en vías de desarrollo. La puesta en marcha de servicios básicos —seguridad pública, defensa, sanidad, educación, administración del agua y puesta en marcha de la agricultura, ganadería y pesca, comunicaciones, reparación de infraestructuras y ampliación de las mismas— se volvió imprescindible. El analfabetismo, junto con la carencia de recursos materiales y humanos, se alzaba como un obstáculo estructural que no podía ser soslayado.
A estos desafíos internos se sumaban los retos internacionales. El aislamiento diplomático impuesto por la guerra, las presiones externas de antiguos responsables del bando derrotado, y las nuevas turbulencias políticas que sacudían Europa —especialmente tras la invasión germano-soviética de Polonia y su cuarto reparto en septiembre de 1939— configuraban un escenario complejo y hostil. La Segunda Guerra Mundial drenó tal cantidad de recursos humanos, materiales y financieros, que pensar en ayuda exterior para reconstruir España era simplemente imposible. Hasta 1948 no se abrieron conversaciones en relación con el Plan Marshall, y hasta 1953, con la firma de los Acuerdos de Bases con los norteamericanos, no se pudo pensar en fuentes de financiación exterior con solvencia suficiente como para ayudar a todo un país a salir de la miseria.
En ese contexto, el franquismo se entregó a la tarea de reconstrucción en condiciones verdaderamente adversas. La escasez de recursos financieros y materiales obligó al régimen a convertir la necesidad en virtud, inaugurando una etapa conocida como la “autarquía”. Más fruto de las circunstancias que de una convicción ideológica firme, este periodo se caracterizó por el aislamiento económico y la autosuficiencia forzada. España tuvo que sobrevivir con lo que tenía, sin apenas ayuda exterior, improvisando soluciones en un entorno marcado por la precariedad y la incertidumbre. En 1938 se creó un organismo dependiente del Ministerio del Interior: el Servicio Nacional de Regiones Devastadas y Reparaciones (SNRDR), posteriormente transformado en Dirección General de Regiones Devastadas y Reparaciones (DGRDR), encargado de la reconstrucción de localidades, infraestructuras y edificios muy afectados por la guerra. Estuvo operativo hasta 1957, abarcando prácticamente todo el período autárquico que denominamos “primer franquismo”.
Hacia 1952, la desaparición de la cartilla de racionamiento —símbolo persistente de la penuria cotidiana— marcó el final de una etapa. Con ella se comenzaba a cerrar la andadura del “primer franquismo”, un periodo caracterizado por amenazas constantes, carencias estructurales y una gestión marcada por la escasez, enfrentada con medios limitados y casi exclusivamente internos. Para que nos hagamos una idea de la ruina del periodo, y que en todas partes había problemas graves, el Reino Unido canceló su cartilla de racionamiento en 1954.
Tras un breve período de transición, que incluye la firma de los acuerdos con los norteamericanos (1953) y la entrada de España en la ONU (1955), hacia 1957 comenzaría el segundo franquismo, los años del desarrollismo, en los que el régimen buscaría modernizar el país a través de la planificación económica, la industrialización y la apertura controlada al exterior.
En el plano internacional, sin embargo, España seguía enfrentando un aislamiento significativo. Salvo contadas excepciones —como Argentina y Portugal o el Estado Vaticano—, pocas naciones se comprometieron con el nuevo régimen. La España de posguerra permanecía al margen de un mundo que, tras el conflicto mundial, comenzaba a reconfigurarse bajo nuevas alianzas, bloques ideológicos y estructuras diplomáticas.
Las llamadas siete Leyes Fundamentales del Reino, período franquista, articularon el régimen jurídico. Podrían ser consideradas una especie de Constitución del sistema político nacido de la victoria:
- Fuero del Trabajo, de 1938
- Ley Constitutiva de las Cortes, de 1942
- Fuero de los Españoles, de 1945
- Ley del Referéndum Nacional, de 1945
- Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, de 1947, todas en el primer franquismo.
- Ley de Principios del Movimiento Nacional, de 1958
- Ley Orgánica del Estado, de 1967, publicadas durante el segundo franquismo.
Este conjunto de leyes como pilar básico del régimen se fueron articulando a lo largo de los años y completaron su recorrido con el nombramiento de Juan Carlos de Borbón y Borbón, Príncipe de España entonces, como sucesor a título de Rey en fecha 22 de Julio de 1969.
España en la Segunda Guerra Mundial
La invasión de Polonia en septiembre de 1939, y su posterior reparto entre Alemania y la Unión Soviética —ocupada al unísono desde el oeste y el este— provocó la inmediata declaración de guerra a la Alemania nazi por parte de Francia y el Reino Unido. No ocurrió lo mismo con la Unión Soviética, que, pese a participar en la agresión, quedó al margen de cualquier represalia diplomática. Este doble rasero en la respuesta internacional configuró un nuevo tablero geopolítico, en el que España, por las ayudas recibidas durante la Guerra Civil, quedó situada en la órbita del Eje.
En ese entorno convulso, Franco optó por una política de extrema cautela. La posición geográfica de España la convertía en una pieza estratégica en la configuración de los frentes, mientras las dificultades de abastecimiento —dependientes de potencias enfrentadas y del libre tránsito por rutas marítimas— exigían una diplomacia de equilibrio y prudencia. El Caudillo proclamó la neutralidad, y más tarde adoptó la fórmula de “no beligerancia”, instando al cese inmediato de las hostilidades y a la apertura de negociaciones. Sus exhortaciones, sin embargo, no encontraron eco en las cancillerías europeas.
Cuando Alemania lanzó su ofensiva contra la Unión Soviética en junio de 1941, España respondió con el envío de una unidad de voluntarios: la División Azul. Esta fuerza, integrada por miles de combatientes, operó exclusivamente en territorio ruso, bajo la bandera del anticomunismo, en una acción que pretendía saldar la deuda simbólica contraída con el Eje durante la Guerra Civil. Tres reemplazos de 16.000 hombres aproximadamente constituyeron este contingente.
Mientras tanto, en el frente interno, el régimen afrontaba tareas ingentes: la reconstrucción de infraestructuras básicas, la depuración de prisioneros y la recepción masiva de repatriados desde Francia, tras el éxodo republicano. Franco, en medio de una conflagración mundial que desbordaba cualquier previsión, se vio obligado a maniobrar con extrema cautela.
Jugó partidas simultáneas en tableros distintos: abasteciendo a Alemania con materias primas —especialmente wolframio—, pagando a Italia en liras, ofreciendo garantías a los británicos sobre la seguridad del Peñón, e insinuando a los nazis la posibilidad de una conquista del mismo mediante la llamada Operación Fénix, que requería su autorización expresa. Autorización que, finalmente, nunca concedió.
Fueron tiempos de equilibrio precario, de diplomacia contenida y de decisiones calculadas. El régimen navegaba entre compromisos cruzados, presiones externas y escenarios cambiantes, en un mundo que se desmoronaba por segunda vez en apenas una generación.
La estabilidad del Estado Nuevo de Franco se vio amenazada en varios momentos, pero pocos tan delicados como la Operación Torch, lanzada por los angloamericanos en noviembre de 1942. El desembarco aliado en Marruecos y Argelia supuso el desalojo del mariscal Rommel y su Afrika Korps de Libia, Túnez y Egipto y marcó un giro estratégico en el control del Mediterráneo.
En ese contexto, Franco adoptó una postura de equilibrio calculado. Garantizó a los aliados la neutralidad de España, mientras aseguraba a Alemania que cualquier incursión en territorio español sería considerada “casus belli”. El Caudillo —título adoptado por los medios en analogía con el Führer alemán y el Duce italiano— observaba con cautela el desplazamiento del frente hacia Sicilia, preludio de la reconquista aliada de Italia. Se abría así un segundo frente, menos contundente de lo que esperaban los soviéticos, pero decisivo en la evolución del conflicto.
En medio de esa tensión, se produjo un incidente singular en las inmediaciones de Zeluán, en el protectorado español. Tres aviones aliados aterrizaron en la zona, desplegando una unidad de paracaidistas norteamericanos. El coronel español responsable envió a un sargento que hablaba inglés con un mensaje claro: si su intención era atacar a las fuerzas españolas, solo tenían dos opciones —rendirse desarmados o enfrentarse a una respuesta letal.
El capitán al mando de la unidad, tras consultar con sus superiores, optó por la rendición. Los cerca de noventa paracaidistas fueron desarmados por los legionarios y conducidos al acuartelamiento, donde se les ofreció alojamiento. Más que preocupados por su situación, los soldados parecían aliviados de haber evitado un enfrentamiento innecesario. Los angloamericanos estuvieron tres meses en custodia y finalmente fueron devueltos a sus autoridades al mando.
Tras el desembarco aliado en Normandía, en junio de 1944, algunos sectores del exilio republicano interpretaron el giro bélico como una oportunidad para precipitar el fin del régimen franquista. En ese contexto, el Partido Comunista de España organizó una incursión armada a través del Valle de Arán, con la esperanza de que los Aliados, avanzando desde Francia, se sumaran a la ofensiva y facilitaran el derrocamiento del régimen. Unos 5.000 hombres, de un total de 13.000, cruzaron los Pirineos.
Pero aquella esperanza se desvaneció pronto. La operación, concebida como el inicio de una insurrección general, no encontró eco internacional ni apoyo interno. Franco, respaldado por el Ejército y la Guardia Civil, sofocó la incursión con relativa facilidad, reafirmando su control sobre el territorio y enviando un mensaje claro: el régimen no estaba dispuesto a tolerar desafíos armados, por más que vinieran envueltos en el contexto de la guerra mundial.
El episodio del Valle de Arán, aunque breve en duración, tuvo un fuerte valor simbólico. Representó el último intento militar organizado desde el exilio para alterar el curso político de España, y confirmó que, pese al aislamiento diplomático, el franquismo mantenía intacta su capacidad de respuesta y su control sobre el país.
El tercer episodio de máxima tensión para el régimen franquista llegó con la derrota definitiva de la Alemania nazi. La suerte de España parecía pender de un hilo, su futuro condicionado por la voluntad de los vencedores. Los Tres Grandes —Estados Unidos, la Unión Soviética y el Imperio Británico— se reunieron en Potsdam entre el 17 de julio y el 2 de agosto de 1945, para trazar las líneas maestras del nuevo orden mundial.
Fue entonces cuando la lectura clarividente de Winston Churchill sobre el porvenir de Europa y el papel expansivo que jugaría la URSS como potencia vencedora disuadió a los angloamericanos de intervenir en España. La coincidencia estratégica entre Churchill y Franco, especialmente en su visión anticomunista, contribuyó a preservar el régimen en un momento de extrema vulnerabilidad.
España, aislada pero intacta, logró sortear el juicio de la posguerra gracias a una combinación de prudencia diplomática, posicionamiento ideológico y cálculo geopolítico. El franquismo, lejos de desmoronarse, se afianzaba en la sombra de una Europa que comenzaba a dividirse en bloques.
España después de la Segunda Guerra Mundial
Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, España quedó al margen de los nuevos organismos internacionales que comenzaban a definir el orden global. La creación de la Organización de las Naciones Unidas en 1945 y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en 1949 marcaron momentos de exclusión para el régimen franquista, que no fue invitado a participar en estas estructuras por su naturaleza autoritaria y por su vinculación simbólica con las potencias derrotadas.
Sin embargo, fiel a su consigna de “aguantar a pie firme”, el franquismo logró sortear el aislamiento. Para 1947, en plena reconfiguración de alianzas ante el avance del comunismo, los Estados Unidos comenzaron a reconocer el valor estratégico de España en el contexto de la incipiente Guerra Fría. Poco a poco, el régimen iniciaba su lenta reinserción en el tablero internacional, no por afinidad ideológica, sino por utilidad geopolítica.
Creación del INI
El Instituto Nacional de Industria (INI) fue creado en España el 25 de septiembre de 1941, mediante una ley promulgada durante el periodo de autarquía franquista.
Su objetivo principal era impulsar la industrialización del país, en un contexto de aislamiento internacional y escasez de inversión privada tras la Guerra Civil. Inspirado en el modelo del Instituto per la Ricostruzione Industriale (IRI) italiano, el INI se convirtió en el gran holding estatal, promoviendo empresas estratégicas en sectores como la energía, el transporte, la metalurgia y la automoción.
Su primer presidente fue Juan Antonio Suanzes Fernández, quien dirigió la entidad hasta 1963. Empresas creadas o impulsadas por el Instituto Nacional de Industria (INI) desde su fundación en 1941, muchas de ellas auténticos pilares del desarrollo industrial español durante el franquismo:
Principales empresas del INI
- INI Textil, de textil, década de 1940, diversas fábricas textiles en Cataluña y Valencia.
- ENTURSA, de turismo, en 1942, Empresa Nacional de Turismo; promovía hoteles estatales.
- CASA Aeronáutica, de aviación, 1943 (absorción) Construcciones Aeronáuticas, S.A.; luego integrada en Airbus.
- ENDESA, de energía eléctrica, en 1944, Empresa Nacional de Electricidad; clave en la electrificación.
- ENASA (Pegaso), de automoción (camiones),1946, fabricante de vehículos industriales y militares.
- ENHER, hidroeléctrica, en 1946, Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana.
- ENSIDESA, de siderurgia, en 1950, Empresa Nacional Siderúrgica; ubicada en Asturias.
- SEAT, de automoción, en 1950, en colaboración con Fiat; símbolo de la motorización española.
- AESA, de Energía nuclear, en 1957, Empresa Nacional de Energía Nuclear. Preconizando el segundo franquismo y la era contemporánea.
- ENDASA, de aluminio, 1958. Empresa Nacional del Aluminio; clave en la industria ligera. Aesa y Endasa se crearon ya en las postrimerías de la autarquía, al comienzo del desarrollismo.
- ENPETROL, de petroquímica,en 1965, Empresa Nacional del Petróleo; luego integrada en Repsol. Esta empresa ya constituida en los años del desarrollismo o segundo franquismo.
- CAMPSA, también empresa pública, había sido fundada en 1927 y su misión durante el franquismo fue el monopolio de productos refinados y su distribución a toda España.
Las empresas del Instituto Nacional de Industria (INI) fueron el pilar de un ambicioso proyecto de capitalismo de Estado, concebido para suplir la escasa iniciativa privada en sectores considerados estratégicos. En un país marcado por la autarquía y la reconstrucción, estas entidades actuaron como motores industriales en áreas clave: energía, transporte, siderurgia, telecomunicaciones.
La mayoría operaba en régimen de monopolio, una fórmula que, en el contexto de aislamiento económico, podía considerarse funcional. Las condiciones del momento —escasez de inversión extranjera, debilidad del tejido empresarial privado, necesidad de planificación centralizada— justificaban, en parte, ese modelo. Los Consejos de Administración de estas empresas eran un verdadero almacén de personalidades de las “familias” del franquismo, premio a su fidelidad y modo de recompensa a todas ellas dentro del sistema de “algoritmo” cuyos hilos manejaba Franco.
Sin embargo, a medida que el mundo se transformaba desde los años cincuenta, y España comenzaba a abrirse tímidamente al exterior, el sistema empezó a mostrar signos de agotamiento. La rigidez estructural, la falta de competitividad y el peso burocrático se convirtieron en lastres evidentes.
Muchas de estas empresas fueron privatizadas o absorbidas en las décadas de 1980 y 1990, en el marco de una reestructuración profunda del sector público. La disolución del INI en 1995 marcó el fin de una era. Sus funciones pasaron a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que heredó la tarea de gestionar los activos públicos con criterios más adaptados a la economía de mercado. El régimen franquista inauguró el sistema de puertas giratorias, y sigue vigente hoy.
El trabajo en infraestructuras y vivienda del franquismo
Uno de los grandes empeños del régimen franquista fue la construcción de infraestructuras hidráulicas, los célebres “pantanos de Franco”, que retomaban el Plan Hidrológico Nacional impulsado por el Conde de Guadalhorce en 1924. Aunque algunos proyectos comenzaron tímidamente durante la Segunda República, fue bajo el franquismo cuando se abordó la cuestión con verdadera determinación, ejecutando la mayoría de los grandes embalses del país —con la notable excepción del de La Serena, en Badajoz, inaugurado por Juan Carlos I el 2 de febrero de 1990.
El pantano de El Chorro, en Málaga, construido en 1921, marcó el inicio de la ingeniería hidráulica moderna en España. En 1933 se ideó un plan de trasvases que no se materializó hasta bien entrada la década de 1950, con el objetivo de llevar agua a las zonas más necesitadas. La reanudación de las obras en los años cuarenta permitió alcanzar, hacia 1950, la cifra de 200 pantanos. En las décadas de 1960 y 1970 se mantuvo un ritmo sostenido de construcción —hasta 18 embalses por año— con ejemplos destacados como Entrepeñas, Bolarque, Villar del Arzobispo y Cofrentes.
Estas obras no solo transformaron el paisaje físico, sino que resultaron fundamentales para el desarrollo económico y social de las regiones donde se llevaron a cabo. Permitieron una gestión más eficiente del agua, favorecieron la agricultura de regadío, y sentaron las bases de la modernización energética del país.
Paralelamente, se atendió a la ampliación y mejora de otras infraestructuras clave: puertos, aeropuertos y, sobre todo, vías férreas. La vertebración territorial y el impulso al transporte fueron elementos esenciales en la estrategia de desarrollo del régimen, que buscaba consolidar un modelo de crecimiento autosuficiente y ordenado.
Talgo, la emblemática compañía fundada por Goicoechea y Oriol en 1939, comenzó a operar comercialmente en 1949, revolucionando el transporte ferroviario en España. Su velocidad inicial de 135 km/h pronto superó los 160 km/h en la década de 1960, y desde entonces no ha dejado de perfeccionar sus diseños, integrándose plenamente en las unidades de Alta Velocidad Española que hoy recorren el país.
La red de carreteras, en cambio, tuvo que esperar al segundo franquismo —los años del desarrollismo— para dar el salto definitivo hacia la modernidad. Fue entonces cuando se trazaron nuevas vías, se ampliaron los accesos y se conectaron regiones hasta entonces aisladas. En este contexto, destaca el Plan REDIA (Red de Itinerarios Asfálticos), implementado entre 1964 y 1971, que transformó radicalmente la comunicación terrestre del país. Su objetivo era reorganizar y modernizar la red viaria nacional, mejorando la conectividad entre los principales núcleos urbanos y facilitando el transporte de mercancías. El plan supuso la pavimentación de miles de kilómetros y la racionalización del trazado existente, lo que permitió un tráfico más fluido y eficiente. Las principales beneficiarias fueron las denominadas radiales, las Nacionales I, II, III, IV, V y VI.
Este impulso se tradujo en una auténtica revolución logística. Miles de camiones —principalmente de las marcas nacionales ENASA Pegaso y Barreiros— comenzaron a recorrer las rutas recién asfaltadas, transportando bienes, materias primas y productos industriales por todo el territorio. La carretera se convirtió en columna vertebral del desarrollo económico, complementando al ferrocarril y ampliando el alcance de la industria nacional.
El régimen también abordó con decisión el problema de la vivienda. Tras la intensa labor de Regiones Devastadas en los años cuarenta y primeros cincuenta, se creó el Instituto Nacional de la Vivienda, que impulsó la construcción de casas y bloques protegidos para distintos niveles sociales. Todas las obras se acogían a ventajas estipuladas por ley, y se ejecutaron en volúmenes que hoy resultan difíciles de imaginar. Franco entregó hasta 4 millones de estas viviendas de protección oficial, que hasta recientemente han tenido en sus fachadas el logo del Ministerio de la Vivienda franquista.
Paralelamente, se desarrollaron políticas sociales que buscaban mejorar las condiciones de vida de la población. La Seguridad Social amplió su cobertura; se crearon preventorios infantiles para niños con problemas de salud; se fortaleció la escuela pública; y se promovieron las escuelas de artes y oficios —hoy conocidas como centros de formación profesional—. Incluso se habilitaron servicios vespertinos y nocturnos para adultos analfabetos, que deseaban aprender a leer, escribir y dominar las cuatro reglas básicas de cálculo.
Este conjunto de iniciativas, aunque condicionado por el contexto político, contribuyó a transformar el país desde sus cimientos, preparando el terreno para la España que emergería en las décadas siguientes.
Este período, al que la historiografía denomina “primer franquismo”, nos presenta a un Franco pleno de vitalidad, que había actuado durante la guerra, incluso siendo Jefe Supremo, con una actividad más propia de un jefe de unidad de primera línea que de un Jefe de Estado. Su primo Pacón (Francisco Franco Salgado-Araújo), que vivió junto a él toda la contienda desde la toma de Canarias y el viaje del Dragon Rapide, nos relata su modo de conducir el conflicto y nos presenta a un Caudillo que, entre los 43 y los 46 años, recorre todos los frentes, al principio en avión y, después, en coche tras perder a Mola en accidente aéreo. Desde sus cuatro cuarteles generales de Sevilla, Cáceres, Salamanca y Burgos, más un quinto denominado Terminus, improvisado en la línea de fuego, y se informa de primera mano y a tiro de fusil del enemigo, dando instrucciones sobre el terreno a los Jefes de Cuerpo de Ejército y permitiendo que sean estos quienes se vayan apuntando los tantos en las entradas victoriosas a las ciudades recuperadas para el bando nacional. Lo que no dejaba de ser una forma muy inteligente de ir ganando adeptos y apoyos para el futuro, aunque las directrices y planes de la guerra siempre fueron suyos. Su forma personalista de dirección fue adquiriendo ese marchamo desde el minuto uno de su nombramiento como cabeza única del Movimiento, desde septiembre de 1936.
Los siguientes veinte años, que van de 1939 a 1959, consumen los años de vitalidad que restaban a Franco, siempre decreciente según pasaban los años. Pero el período nos muestra a un hombre decidido, pleno, muy calmado ante cualquier situación y muy seguro de sus directrices. Y, sobre todo, obedecido, reverenciado por sus partidarios y poco contestado por las distintas oposiciones. Parte de esta, como buen número de monárquicos, era al mismo tiempo partidaria del relevo y franquista. Otra parte, como las izquierdas interiores y exteriores (los vencidos de la guerra civil), no le suponía grandes quebraderos de cabeza. La represión de los maquis en el interior, hasta 1958, y la acción diplomática en el exterior, dejó a estas con poco margen de maniobra.
En estos años, que incluyen desde su segundo hasta su sexto gobierno, va consolidando su régimen, sorteando la Segunda Guerra Mundial, reconstruyendo el país, superando las hambrunas de la década de 1940, legislando un cuerpo de Leyes Fundamentales asimiladas a una constitución del régimen y creando la forma definitiva de lo que se llamó franquismo. Caracterizado, sobre todo, por el pragmatismo, la entrada en organismos internacionales, la alianza norteamericana y la educación del Príncipe que terminaría siendo su sucesor. Caracterizado también por el modus operandi del personaje, delegando administración (nunca poder) en sus gobiernos y en las “familias” en ellos representadas, y permitiendo ciertos grados de corrupción y mangoneo de los que se beneficiaban todos sus apoyos, sin distinción de grupos. Su peculiar método le permitió distanciarse de la política, mantener el timón con mano firme y comenzar a dedicarse, progresivamente, al ir avanzando su edad, a sus aficiones favoritas: caza, pesca, golf, viajes y excursiones al norte, y visitas protocolarias a las inauguraciones de pantanos, carreteras, vías férreas y obras públicas de toda índole. Así permaneció durante todo el segundo franquismo, hasta el fin de sus días, en 1975.
Bibliografía de consulta:
- Mis conversaciones privadas con Franco, por Francisco Franco Salgado-Araújo. (1976)
- Mi vida junto a Franco, por Francisco Franco Salgado-Araújo. (1977)
- 1936, fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular, por Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García. (1978)
- El secreto de Franco, por Guillermo Gortázar. (2023)
- Franco, una biografía personal y política, por Stanley G. Payne y Jesús Palacios, 1ª edición 2015 o 2ª edición 2025. (1989)
- La guerra civil que vino de África, por Joaquín Rivera Chamorro. (1981)
Antonio Miguel Sánchez, psicólogo licenciado por la UNED, políglota y observador políticamente incorrecto durante los últimos 50 años
